La valoración de los acuerdos

Para efectuar una valoración de los acuerdos de la Moncloa parece necesario recordar las diferentes actitudes iniciales que se discutieron en dicha negociación. A grandes rasgos, se puede afirmar que el planteamiento inicial del Gobierno se centraba en la necesidad de alcanzar un acuerdo en materia de política de saneamiento o estabilización económica, al que acompañaba una escasa serie de reformas, vagas y poco articuladas.Para los socialistas, en cambio, el planteamiento era diferente: la ineludible necesidad de aplicar soluciones de índole coyuntural a la crisis exigía, de forma prioritaria, una serie amplia de compromisos en el campo de las reformas político-institucionales.

La negociación final de la Moncloa recogió, en gran medida, el planteamiento socialista. Su cumplimiento exigía, ineludiblemente, un claro enfrentamiento con la situación heredada del pasado, es decir, con los tradicionales núcleos de poder que han gobernado en exclusiva a este país. Sin embargo, un análisis minucioso de cada uno de los múltiples, compromisos adquiridos por el Gobierno en la Moncloa demuestra su incapacidad para enfrentarse a los «intereses creados nacionales». Sobre la base del enfoque expuesto anteriormente y de que ya ha transcurrido un año desde la firma de los acuerdos, se observa que en materia de ajuste coyuntural se puede valorar positivamente el hecho de que aquéllos han permitido cambiar la peligrosa degradación de los precios y del sector exterior, tradicional cuello de botella de la economía española. Sin embargo, las cifras sobre desempleo han sido negativamente superadas, hasta tal punto que el número de parados ha sido superior al doble de las previsiones iniciales.

Al analizar las causas de esta situación que, de agravarse, puede poner realmente en peligro el proceso democrático, se observa la falta de las mencionadas reformas defendidas por el PSOE. Así, entre las causas del aumento del paro y de las serias dificultades de muchas empresas, se encuentra la desafortunada política monetaria, crediticia y financiera (para las cuales el PSOE propuso un tratamiento diferente al adoptado); la mala y poco ágil política de inversión pública; la expansión de los costes de la Seguridad Social (superiores a los acordados, e injustificados a la luz de una caótica gestión, que se traducirá en un déficit para 1978 cercano a los 150.000 millones de pesetas); la pésima asignación del seguro de desempleo, que puede sorprendernos con el insólito hecho de que, a pesar de existir un gran número de trabajadores desprotegidos por esta contingencia, se cierre el ejercicio con fondos sin distribuir, etcétera. A la sesgada distribución de los costes de la política económica actual, que ha incidido básicamente en los trabajadores y la pequeña y mediana empresa, se añade una serie de incumplimientos, o incorrectos cumplimientos, en otros campos, de los cuales señalaríamos los siguientes:

- La inédita participación democrática de los trabajadores y los empresarios en el control de los precios, la gestión y vigilancia de la Seguridad Social y en la empresa pública.

- El escaso avance en la mejora de la gestión y el control de los recursos públicos.

- Los escasos avances en la mejora de la calidad de la vida en sectores como la sanidad y el urbanismo.

- Las grandes lagunas en las reformas del sistema financiero, del sector agrario, de los procesos de comercialización, la pesca y el PEN.

Un análisis más exhaustivo revelaría un balance mucho más negativo de los acuerdos firmados.