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Tribuna
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El esfuerzo ha merecido la pena

Secretario de Relaciones Económicas de UCD

Los pactos de la Moncloa firmados en octubre de 1977 comprendían dos tipos de actuaciones. Unas a corto plazo, orientadas a corregir los graves desequilibrios de la economía española, que, por aquel entonces, se encontraba -en opinión de algunos expertos- en situación próxima a la suspensión de pagos. Otras, a medio y largo plazo, que tenían por finalidad llevar a cabo una profunda reforma de las estructuras.

Se pretendía, en definitiva, resolver en unos cuantos meses lo que estaba pendiente de solución desde hacía muchos años y, además, con el agravante de que los problemas pendientes se habían agudizado con el paso del tiempo.

De grandemente positivos se han de calificar los resultados de las actuaciones a corto efectuadas en la corrección de los desequilibrios de la economía española, mediante una decidida política de saneamiento. En el otoño de 1977 la inflación mostraba una tasa del orden del 30% anual que al final de año, tras las primeras actuaciones del Gobierno, quedó reducida al 26,4%. En 1978 -y a la vista de lo acontecido hasta ahora- es muy probable que la inflación quede reducida al 16-17%. Las previsiones para el año 1979 apuntan hacia una tasa del orden del 10%. Los avances logrados son evidentes.

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El otro grave desequilibrio de la economía española residía en el sector exterior. En este aspecto también se han conseguido éxitos ciertos. Mientras el año 1977 registraba un déficit por cuenta corriente de 2.500 millones de dólares, el año 1978 se va a cerrar con una balanza por cuenta corriente con superávit, extremo este sin precedentes desde el comienzo de la crisis.

Se podrían agregar otros muchos objetivos cumplidos, suficientemente conocidos porque la prensa los ha reconocido unánimemente: la mejora de la capacidad adquisitiva de los españoles como consecuencia del aumento de los salarios en el 22%, mientras los precios, en medias anuales, lo hacían en el 19-20%; el aumento de la participación en la renta nacional del excedente neto de explotación de las empresas que mostraba una tendencia decreciente desde el año 1974, etcétera.

Los esfuerzos realizados no han sido baldíos. Y de cara al futuro habrá que renovarlos para compensar el coste social pagado en términos de desempleo. El hecho de que su incremento estuviera previsto y fuese asumido por todos los firmantes del pacto pone en primer plano la necesidad de solidaridad que la sociedad tiene con la población desempleada.

Ahí está para demostrarlo -aparte de las cifras expuestas- el crecimiento del 2,7% del PIB a precios de mercado, cuando a comienzos del año nos dábamos por satisfechos con una expansión ligeramente por encima del 1 %.

El segundo aspecto de los pactos de la Moncloa comprende las reformas estructurales. Los compromisos asumidos se refieren, en unos casos, a fechas concretas de los años 1977 y 1978; en otros se aplazaban hasta 1979; en un tercer grupo no había prevista una fecha concreta de cumplimiento. También en esta faceta del pacto el balance es bastante satisfactorio. Los avances en las tareas de reestructuración y reforma se han llevado a cabo en plena etapa de transición política mientras se hacía frente a la crisis económica más grave conocida por nuestro país durante los últimos años.

Pues bien; con todo ello, la realidad es que el grado de cumplimiento de los pactos de la Moncloa en este segundo conjunto de actuaciones de carácter estructural puede considerarse de satisfactorio. Y en el presente mes de octubre se está dando cima a dos de los acuerdos incluidos en los pactos, y que han venido dando pie a la mayoría de las críticas: los relativos a la Seguridad Social, y a la empresa pública.

La labor desarrollada desde octubre de 1977 hasta el momento presente queda plasmada en sus principales líneas en la siguiente forma: éxito del programa de saneamiento económico, en lo que a inflación y sector exterior se refiere; reforma fiscal, en un corto espacio de tiempo, para garantizar un mayor grado de progresividad en la distribución de los costes de financiación del sector público; importantes avances en materia de política educativa (en el proyecto de presupuestos del Estado para 1979, por ejemplo, el Ministerio de Educación y Ciencia es el departamento que cuenta con mayor consignación); perfeccionamiento de la normativa sobre urbanismo, suelo y vivienda; reforma iniciada del sistema financiero; cambios en política agraria, de comercialización y de precios, etcétera.

Por supuesto que no se trata de hacer un balance definitivo, pero sobre el alcance del ajuste conseguido da idea el hecho de que a estas alturas de 1978 la economía española goza de prestigio en el mundo entero, como lo refleja el nuevo status de España en el Banco Mundial, y hoy el país puede contemplar su futuro con confianza y sin temores catastrofistas.

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