Eduardo Merigó:"El control de alquileres suponía el fin de la libre economía de mercado"

«La futura ley de Arrendamientos Urbanos tiene dos objetivos: liberalizar los alquileres todo lo que sea posible y conseguir una protección real de todo el parquede viviendas», ha declarado a EL PAÍS Eduardo Merigó, subsecretario de Ordenación Territorial y Medio Ambiente y máximo responsable de la ley en preparación.

Sin embargo, las bases elaboradas por la Dirección General de Arquitectura, aceptadas por el Ministerio, plantean la necesidad de elaborar un baremo a fin de establecer precios semejantes para pisos de condiciones parecidas. «Esas bases son dirigistas -asegura Eduardo Merigó- y hay que contar con la parte económica y jurídica, que se dio a conocer en julio de este año. No pueden establecerse baremos, ni topes sobre los precios, porque la Administración no puede controlar después su cumplimiento. La idea es que la ley de Arrendamientos Urbanos que saquemos reuna una serie de incentivos para conseguir que el parque de viviendas se amplíe. »Los incentivos de los que habla el señor Merigó para ampliar el número de viviendas abarcan la posibilidad de facilitar créditos para la construcción de viviendas destinadas al alquiler, por medio de patronatos y de cooperativas.

Pese a que ninguno de los borradores difundidos hasta ahora constituyen unas bases definitivas de lo que será la nueva ley, Eduardo Merigó opina que «tiene que ser una norma absolutamente liberal. La propuesta de que un tanto por ciento de las subidas tenga que ser invertida obligatoriamente en el mantenimiento de las viviendas me parece acertada. Sin embargo, dedicar un 30% de los aumentos a alimentar un fondo municipal dedicado a subvenciones para aquellas personas que no puedan hacerse cargo de los aumentos me parece que queda fuera de lo que se entiende por economía de mercado. Creo que es incluso demagógico hacer propuestas semejantes -se refiere a la petición de la -Coordinadora de Arrendatarios-, igual que lo de pedir gravámenes fiscales para los propietarios que no pongan sus pisos en el mercado. Esa clase de realizaciones me parecería bien que las hicieran los del PSOE, pero no nosotros, y de momento somos los que contamos con mayor número de electores. Hay que recordar también que ese tipo de gravámenes no se aplica en ningún país occidental -prosigue-, se puede hacer en los países del Este, pero no aquí. Es un disparate. Conozco a algunos del PSOE, de los que harían la propuesta, que tienen un CX solamente para darse un paseo de vez en, cuando. Creo que si enipezamos a poner gravámenes fiscales, habría que empezar por esa serie de cosas.»

En cuanto a la posibilidad de desalojos masivos de inquilinos en el caso de que la liberalización ole alquileres supusiera un elevaido aumento, el señor Merigó respondió que no cree que se llegue a esos extremos ni existan tales peligros. «Desde 1964 no se revisan las cuotas de alquileres. Los casos afectados por esa congelación serán los primeros en revisarse. La adecuación se irá aplicando paulatinamente en un plazo de ocho a doce años como mínimo. Esta situación ha sido también uno de los factores que ha impedido a los propietarios sacar más pisos al mercado de alquileres, por eso que la liberalización va a ser beneficiosa a todos los niveles.»

La Coordinadora Estatal de Arrendatarios ha manifestado públicamente que los datos que se conocen sobre la reforma de la ley son antisociales. Tanto ellos como las recientemente creadas coordinadoras de alquilados de Madrid y Barcelona han pedido su participación en la elaboración de la ley. « Eso dependerá del grado de representatividad que tengan. En principio, debe de estar bien claro que en el Parlamento será donde finalmente se rechace o se apruebe la ley. Allí están todos los partidos políticos. Por ello, me parece injusto que se cree aquí una coordinadora de lo que sea y sin saber a quién representan, traerlos a meter mano en el proyecto. Al principio, los de la Cámara de Inquilinos estuvieron en dos o tres reuniones, pero luego dejaron de venir. »

Finalmente, y respecto a las subvenciones que podrían darse a los inquilinos cuyos ingresos no les permitan hacer frente al alquiler, Eduardo Merigó respondió que «es un tema que tendrá que resolver el Ministerio de Hacienda. Ellos decidirán si la subvención corre a cargo de la Seguridad Social o de un fondo alimentado por los propietarios. Lo que sí puedo decir es que si se aplican las subvenciones, éstas se entregarán directamente al propietario, lo contrario sería un caos incontrolable».