Inquietud por la situación de los refugiados políticos en España

Numerosas organizaciones políticas que defienden los derechos humanos y la situación de los exiliados políticos en España han lanzado ayer un llamamiento ante la opinión pública española y las fuerzas democráticas pidiendo, con urgencia, la aprobación por las Cortes de un estatuto del exiliado político español y la abolición de la legislación vigente sobre permisos de trabajo de extranjeros (real decreto 1.874/1978) y de la circular de la Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores 2.896 que limita a noventa días el tiempo de permanencia de, un extranjero sin permiso de trabajo en España.

En el curso de una conferencia de prensa celebrada en el Club Internacional de Prensa de Madrid, representantes de la Coordinadora Latinoamericana, AESLA, Asociación pro Derechos Humanos, IEPALA, Liga por los Derechos de los Pueblos, Iglesia evangélica española, Justicia y Paz, representantes guineanos y de Filipinas protestaron enérgicamente por una reciente declaración del ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, en la que anunció la expulsión, inmediata de los súbditos extranjeros que no tengan permiso de trabajo y residencia en España, acogiéndose a la legislación vigente.Las citadas organizaciones declaran que, ante la ausencia de un estatuto del refugiado político, miles de familias quedarán indefensas ante las dictaduras de sus países de origen si se las obliga a abandonar el territorio español, lo que, a su juicio, constituye una flagrante violación de los derechos humanos.

Las organizaciones anunciaron que contaban con el apoyo del PSOE y del PCE que les prometieron una inmediata movilización política y parlamentaria para evitar expulsiones y para la pronta redacción del citado estatuto. Asimismo, anunciaron que recibieron del ministro de Hacienda, señor Fernández Ordóñez, la promesa de que el Gobierno se ocupará de este tema. Las organizaciones han solicitado que se prorrogue la amnistía administrativa del decreto sobre permisos de trabajo hasta finales del presente año y que se concedan los permisos de trabajo de las personas que lo solicitaron, sin que se ejecute, por otra parte, ninguna orden de expulsión del territorio español.

En fuentes oficiales del Ministerio del Interior se nos confirmó anoche que el ministro, señor Martín y «está dispuesto a aplicar estrIctamente la legislación vigente sobre permisos de trabajo y residencia de extranjeros». Se añadió que «el ministro considera ello imprescindible para alinearse con la situación jurídica de los países de Europa occidental y para luchar contra el alarmante índice de delincuencia de los extranjeros residentes en España.» Por último, en él Ministerio del Interior se declara el deseo de que se regule en España la situación del refugiado político, pero que ello no depende de dicho Ministerio, que, mientras tanto, aplicará la legislación vigente.