O elecciones, o dimisión de suárez

EL PRESIDENTE Suárez ha declarado a este periódico que jurídicamente no hay nada que le obligue a dimitir después del referéndum constitucional. Pensamos que el presidente del Gobierno debe cambiar de asesores jurídicos. La ley de Reforma Política, que es sobre la que Suárez basa su poder en la actualidad, queda derogada de manera automática en cuanto que se apruebe la Constitución. Esta, por lo demás, y de forma paradójica, prevé en sus disposiciones adicionales el posible mantenimiento de la actual legislatura de unas Cortes elegidas con arreglo a la propia ley de Reforma Política. Pero si Suárez no dimite y se somete al voto de investidura, la legitimación de su poder será dudosa y sometida a constantes y justificados ataques.La dimisión de Suárez como presidente es, sin embargo, una anécdota a la postre. En efecto, no es pensable que los grupos parlamentarios se pongan de acuerdo ahora para derribar al Gobierno cuando las alternativas de cada uno de los partidos son tan diferentes que resultan irreconciliables. La especial situación política del país, con la creciente amenaza del terrorismo y la crisis económica, le darán bastantes argumentos a Suárez para obtener la investidura con el apoyo o la complicidad de los grupos minoritarios, y todo se reducirá en ese caso a un acto formal que pusiera de relieve, eso sí, la debilidad parlamentaria del Gobierno.

Sólo una razón política de gran peso podrá justificar la no dimisión de Suárez. Esta es la disolución de las actuales Cortes -en función de su carácter constituyente- y la convocatoria de elecciones generales tal como han pedido ya el Partido Socialista y Alianza Popular. A nuestro juicio, resultaría absurdo que el Gobierno dimitiera para dar paso a un Gabinete interino que ampare el período electoral, como reclama el secretario general de AP. Si se ha aceptado que el actual Gobierno monocolor de la UCD amparara el período constituyente no vemos una sola razón que le impida amparar la realización de las elecciones. La propuesta de AP es simplemente el llanto del perdedor. Un Gobierno de personalidades independientes, como el que propone el señor Fraga, es un Gobierno de antiguos franquistas -no se sabe de otras personalidades políticas, al margen de éstas, que no estén en el Parlamento-. Sería en definitiva un Gobierno de compañeros de viaje de AP y resultaría una burla para los españoles que no quisieron refrendar las excelencias políticas de esas personalidades y sus congéneres en las pasadas elecciones generales. Un Gobierno de concentración, como propondría Carrillo, es ya impensable y nuevamente no se entiende por qué habría de hacerse ahora y no haberse hecho antes. Si el Gobierno de la UCD ha operado durante el período constituyente como Gobierno provisional, debe y puede operar así hasta el final del proceso. No puede intentar prolongarse por lo mismo y ha de disolver el Parlamento y llamar a elecciones generales.

El primer secretario del PSOE ha reclamado éstas por su parte con toda claridad y contundencia. Una vez descartada por Suárez la propuesta de que sean a la vez que las municipales -lo que, además, resulta técnicamente imposible-, cabe la pregunta de si pueden o deben ser antes las legislativas, cosa apuntada sibilinamente ya por el propio Suárez. Por un lado, parece que ir a unas nuevas legislativas sin cambiar el aparato municipal del antiguo régimen constituiría una prima de votos para el Poder. Por otro, el ir a unas municipales con un Gobierno de la UCD monocolor en una situación como la de ahora favorecería las posiciones ucedistas en los para ella difíciles comicios locales. La izquierda debe decidir -y cuando hablamos de izquierda nos referimos especialmente a los socialistas- qué batalla le interesa más ganar a corto plazo, si la de las alcaldías o la del Gobierno. El Poder no es uno ni indiviso en una democracia, y es preciso saber trabajar a corto y medio plazo a un tiempo. Con arreglo a su opción debe entonces el PSOE pronunciarse por anticipar las legislativas -lo que le daría menos tiempo de vida al actual Gobierno- o cumplir primero el requisito de las municipales -lo que supondría un lapso de varios meses antes de la confrontación política con la UCD, pero puede resultar más interesante para los objetivos y planteamientos socialistas.

En cualquier caso, sólo la convocatoria de elecciones generales puede eximir, no ya ante la ley, sino ante la lógica política, al presidente Suárez de dimitir. Esa convocatoria se debe hacer a plazo fijo el mismo día que se conozcan los resultados del referéndum y debe pactarse con los partidos si es antes o después que la municipal. Cualquier otra actitud mantendría la interinidad y la inseguridad del Poder durante un tiempo indefinido. Y con ello, la del régimen de la Monarquía parlamentaria.