"La enseñanza debe ser, económicamente, igual para todos"

Monseñor Elías Yanes, arzobispo de Zaragoza, se ha defendido así de la acusación de que se ha situado en el área conservadora del episcopado: «No. No tengo conciencia de haber cambiado mi línea de acción pastoral. Me esfuerzo por seguir fielmente la orientación renovadora abierta por el Concilio Vaticano II. Esto es motivo de que se hayan podido formular sobre mi modesta persona juicios de diverso signo.» Secretario de la Conferencia Episcopal hasta hace tan sólo un año, es ahora presidente de la Comisión de Enseñanza.

EL PAIS. ¿Con qué problemas se encuentra la Iglesia católica española en la nueva situación en relación con la enseñanza?Elías Yanes. Entre los problemas más importantes con que se encuentra la Iglesia en el tema de la enseñanza destaca en primer lugar el de lograr que la enseñanza llegue a todos los españoles por cauces de justicia y libertad. También es importante conseguir el diálogo entre fe y cultura en la actividad escolar. Tampoco se ha de olvidar el de la formación religiosa y moral de los alumnos en conformidad con el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que prefieren para sus hijos.

P. ¿Por qué esa velada o abierta oposición de la Iglesia y de los medios católicos al tratamiento constitucional que se pretende dar a la enseñanza?

R. La Iglesia española se ha pronunciado repetidas veces en los últimos años sobre los principios a los que debe responder la legislación sobre la enseñanza, a saber, el principio de la igualdad, que exige una enseñanza para todos en iguales condiciones economicas, académicas y jurídicas, y el principio de la libertad tanto de los padres para elegir el tipo de enseñanza que prefieren para sus hijos como de los ciudadanos para crear y dirigir centros docentes. Sobre el artículo 25 del proyecto constitucional no ha habido ningún pronunciamiento colectivo del episcopado. Opino por mi parte que tal como está redactado se presta a que sea interpretado en favor de un sistema de planificación estatal de la enseñanza que limite el derecho de los padres, sobre todo el de los más pobres, a elegir el tipo de educación que prefieran para sus hijos.

P. ¿Cuáles son las nuevas líneas de actuación del episcopado en materia de enseñanza? ¿De qué manera es potenciada esa actuación?

R. Las líneas de acción en el terreno de la enseñanza están orientadas fundamentalmente a ayudar a los educadores cristianos a descubrir que la actividad educativa, realizada a la luz de la fe, actualiza la capacidad humanizadora y liberadora del Evangelio. La Iglesia tiene que ser consciente de que está presente en el mundo escolar, especialmente a través de educadores cristianos. Asimismo, considera importante la sensibilización de los padres sobre su misión y responsabilidad en la educación de sus hijos, tanto en el ambiente familiar como en el escolar.

P. En las circunstancias actuales, ¿no considera usted anacrónica la firma de un nuevo concordato Iglesia-Estado como parece ser que va a suceder en España?

R. Es anacrónico un concordato entendido como intercambio de privilegios. No lo es un acuerdo que garantice jurídicamente la libertad y la autonomía de los ciudadanos en cuanto miembros de la Iglesia, es decir, en la expresión individual y social de su vida religiosa. En un país como el nuestro, con larga historia de interferencias mutuas de Iglesia y Estado, es conveniente una normativa concordada.

Impuesto religioso

P. El debate sobre las condiciones económicas del clero se ha centrado últimamente en la cuestión del impuesto religioso. El sistema de impuesto directo por religión declarada, como en la República Federal de Alemania, ¿es el más adecuado para la buena imagen de la Iglesia?.R. Dudo que se pueda trasladar a nuestro país el sistema alemán sin sustanciales adaptaciones. Juzgo que lo fundamental en esta materia es en primer lugar que la Iglesia necesita disponer de recursos económicos que le permitan realizar su misión con independencia. En segundo lugar, el Estado debe cumplir con la obligación que tiene de garantizar la libertad de la vida religiosa del pueblo español, y en tercer lugar, creo que la aportación estatal debe darse de modo que quede a salvo la libertad de la Iglesia y que no sea obstáculo para la contribución directa de los fieles a las tareas propias de la misma. Es normal en un Estado democrático moderno el apoyo económico estatal a instituciones y servicios que hacen posible la libertad en el campo de la opinión, de la política, de la cultura. La religión no debe ser una excepción. Estos principios son aplicables a cualquier grupo religioso. Aceptados estos principios me tiene sin cuidado el sistema que se quiera aplicar. Otra cuestión distinta, que no debe mezclarse con la anterior, es la de cómo la Iglesia ha de organizar internamente la administración de sus propios recursos en orden a la eficacia de su misión y a la autenticidad de su testimonio evangélico.

P. La Constitución admite también la posibilidad de una ley de divorcio. ¿Qué problemas aporta este hecho para un católico?

R. No es lo mismo estar contra el divorcio que contra una ley de divorcio. El Estado debe promover la estabilidad de la familia. La legislación debe favorecerla. Pero esto no impide que un católico pueda legítimamente, en atención a superiores razones de bien común, no rechazar una ley de divorcio, aunque él no pueda acogerse a ella si ha de ser fiel a su conciencia religiosa.