"Jazz", flamenco, y "rock", amenazados en su supervivencia en España por la burocracia

El pasado fin de semana se celebró en Madrid la que podría llamarse asamblea fundacional del Colegio Profesional de Músicos, en la que se estudiaron cuestiones relativas a la colegiación y a los primeros estatutos. El proyecto del colegio, que trataría de defender los intereses profesionales de sus asociados, surgió a debate público este verano y despertó entonces una polémica que sólo el mes de agosto logró ocultar con motivo de las vacaciones.

La convocatoria de la asamblea consiguió reunir en el Real Conservatorio de Música de Madrid a una cantidad no determinada de votos por medio de compromisarios de toda España. Estos compromisarios eran básicamente profesores y/o licenciados de Conservatorio.Previamente, y para salir al paso de informaciones mal fundadas, una nota de la Dirección General de Música explicaba que ni apoya ni deja de apoyar al colegio, cuyos estatutos habrán de ser aprobados en Consejo de Ministros (hay que señalar, no obstante, que la vigente ley de Colegios Profesionales de 1974 habla de aprobación por ley, lo cual impondría su paso por las Cortes).

Los temas polémicos del proyecto de estatutos se centraron sobre todo en el título del mismo, en el ámbito del colegio o colegios, en la necesidad de titulación para pertenecer al mismo, en la obligatoriedad de pertenecer a éstos para ejercer la profesión musical en nuestro país y en una disposición transitoria que permitiría en un plazo determinado y, por una sola vez, la incorporación al colegio de aquellos profesionales de prestigio y capacidad probada que no estuvieran titulados (léase Andrés Segovia, por ejemplo).

De la homogeneidad de base de los reunidos se dedujo igualmente la homogeneidad de los argumentos utilizados en una discusión que no tocó el fondo de las graves consecuencias que el colegio podría tener para nuestra música. Tal vez obcecados por los múltiples problemas de desempleo con que se enfrentan los licenciados de conservatorio, los reunidos no supieron ver las derivaciones inevitables de su propósito. Tampoco entraron en una discusión a fondo de los artículos 39 y 40, que otorgan un poder casi onmímodo a la junta de gobierno. El problema más preocupante es que este colegio profesional, caso de ser aprobados sus estatutos, supondría la desaparición del flamenco, del rock y, muy probablemente, del jazz de nuestro país.

Supuesto que para ejercer la profesión musical en España sería necesario estar incorporado a este colegio (artículo 6), que para pertenecer al mismo hay que estar titulado (artículo 5) y que una vez pasado el plazo que marca la disposición transitoria para la incorporación de profesionales reconocidos públicamente, supuesto todo ello, para actuar en un tablao el guitarrista de turno o el cantaor habrían tenido que pasar por sus años de instrumento y solfeo. Los rockers de dieciocho años no podrán vivir de la música a menos que hayan seguido sus cursos de percusión clásica o de contrabajo y los jazzmen habrán de estudiar armonía para realizar sus improvisaciones.

El asesor jurídico del nonato colegio insistía en homologar la profesión de músico con la de abogado, médico o arquitecto, pero es de temer que dicha apreciación provenga de un conocimiento desde fuera del tema.

Exigir la titulación a un músico viene a ser igual que exigírsela a un actor, a un director de cine o a un escritor. En todos los casos los conocimientos y capacitación técnica son sólo una vía de expresión, no un fin. Además de ello resulta evidente que dicha capacitación técnica puede adquirirse de formas muy variadas (ahí está Paco de Lucía que no sabe leer música) y que finalmente no es imprescindible para ser genial (caso de los Beatles, que seguramente no hubieran pasado un examen de segundo de composición y armonía).

La idea del colegio es muy respetable, pero desde el momento en que se abroga la representación exclusiva de la profesión musical (artículo 2) contiene en sí mismo los gérmenes de inviabilidad.

Esta extralimitación de funciones, denunciada por el Sindicato Musical de Madrid, no va a resolver el problema de los músicos en paro, porque va a crear muchos más cuya actividad no podrá ser cubierta por graduados de conservatorio. Otro tema es que incidiera en temas como la catastrófica, por nula, situación de la enseñanza musical en nuestro país y en la escasez de agrupaciones sinfónicas, grandes o chicas.

Si estos estatutos no se corrigen en el sentido de hacerlos más restrictivos en sus fines, la música como expresión espontánea de la sensibilidad popular desaparecerá de nuestro país.