Pagar la TV

SE ABRE paso la necesidad de establecer lo que algunos ir denominan un «canon» por el uso de receptores de televisión, aunque en realidad se trata de un auténtico ¡mpuesto. Las recientes, declaraciones del señor Arias Salgado, director general de Radio y Televisión, en Oviedo dan ya como hecho este nuevo impuesto. En principio, su necesidad y su justicia son indiscutibles. Sólo cabría señalar que al tratarse de un impuesto nuevo sólo puede ser establecido mediante una ley y a través del Parlamento. Pero el hecho de que los consumidores de TVE paguen el servicio que se les rinde es algo incuestionable. La adquisición de un receptor no puede dar derecho a un servicio indefinido: la televisión en España es estatal, constituye un servicio público que deben pagar quienes lo utilizan -anunciantes y consumidores- y que deben controlar los representantes del pueblo, al se¡ de hecho un monopolio de comunicación audiovisual y un arma de insuperable influencia en el cuerpo social. El impuesto de televisión supondrá, por una parte, una mayor justicia: actualmente la TVE la pagarnos todos los ciudadanos, los contribuyentes y los consumidores de toda suerte de productos cuyos fabricantes los anuncian en la pequeña pantalla, repercutiendo, claro está, en los costes de producción lo pagado por dicha publicidad. TVE ejerce, además, una competencia desleal al resto de los medios de comunicación social -cuya existencia plural es garantía de libertad de expresión y de efectivo ejercicio democrático- al cuasimonopolizar el mercado publicitario sin concurrencia posible, ya que no puede existir otra televisión. El impuesto es, por tanto, más justo y democrático. Y al mismo tiempo impulsará al consumidor indiscriminado de la pequeña pantalla, al tener que pagar su impuesto anual, a una rnayor exigencia de mayor calidad y de menor corrupción en la fabricación de ese producto, que a partir de ahora va a tener que pagar todos los años.

El último presupuesto de TVE -unos 17.000 millones- se ha pagado con poco más de 6.000 millones de los fondos públicos, esto es, de los contribuyentes, vean o no la pequeña pantalla, y 10.000 millones de publicidad, esto es, por los consumidores de los productos anunciados. En un principio existió ya es te «canon», que fue suprimido en 1966 en una medida demagógica, paternalista y propagandística del antiguo régimen, que utilizaba la pequeña pantalla de la manera más desvergonzada en su propio provecho. A su través intoxicaba, deformaba, desinformaba y hacía una competencia terrorífica a los medios independientes de comunicación social, a los que, aquel mismo año, pretendió dar una mayor libertad vigilada.

Pero el año que viene el presupuesto de TVE ascenderá a 28.000 millones. Sus cuentas son otro de los temas a examinar con tanto o mayor cuidado que el de su gestión. Pero la sociedad, el contribuyente, no puede seguir pagando de su maltrecho bolsillo estas cuentas de Gran Capitán. TVE debe ser sufragada por el impuesto específico sobre el uso de receptores y por una publicidad restringida y mucho más cara de lo que lo es actualmente. Ocho millones de españoles deberán pagar este nuevo impuesto, que, además, no podrá ser el mismo para quienes utilizan un receptor en blanco y negro que uno en color, pues estos últimos, corno sucede en Occidente, deberán pagar más.