La rebelión de las provincias

¿Nación o nacionalidades? ¿Autonomía o independencia? ¿Descentralización o federalismo? ¿Español o castellano? Abrumados por las imposibilidades fácticas de su gestión, los políticos se vuelven hacia los académicos: como señalaba Goethe, donde falta una idea se suele poner al menos una palabra. A los lingüistas les encanta citar, con cualquier pretexto, el diálogo entre la rubita Alicia y el ovoide Humpty-Dumpty: «La cuestión es», insistió Alicia, «cómo puedes lograr que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes»; y Humpty-Dumpty respondió: «La cuestión es ver quién manda... Eso es todo.» Así de sencillo: la cuestión es ver quién manda.Tomemos, por ejemplo, la disputa entre si el castellano debe ser llamado por antonomasia es pañol o esta última denominación corresponde por igual a todas las lenguas que se hablan en el Estado. Los razonamientos académicos son de una simplicidad más aplastante que concluyente: la Historia ya ha decidido por nosotros, incluso contra nosotros, como suele hacer. Si uno está hablando en catalán y alquien nos pregunta en qué idioma hablamos, de diremos que en español? Nones. Y si un extranjero nos pide que hablemos en español, de replicaremos en euskera? Sería grosería. Pero si pretendemos explicar al perplejo bárbaro que el castellano -eso que él llama español- es la lengua oficial de España le deslumbraremos sin iluminarle (como diría madame Du Deffand), pues él siempre ha oído en su escuela que la lengua oficial de España es el español. ¿Qué se le va a hacer? Donde hay Estado, tiene que haber lengua oficial del Estado; donde hay España, tiene que haber español. Al castellano, ascendido a idioma oficial, no se le llama por su denominación de origen por la misma razón que a un general no se le llama coronel, aunque sin duda lo fuera alguna vez; y a ninguna de las restantes lenguas se la denomina español por aquello de que donde hay patrón no manda marinero. O por decirlo con el viejo chiste que recordaba recientemente Noam Chomsky en una entrevista: lengua oficial es lo que tiene un ejército y una marina de guerra. Gracias, Humpty-Dumpty.

En otros ámbitos, la discusión toma un cariz más desenfadadamente teológico. ¿Es España una sola nación y varias nacionalidades? ¿Es cada nacionalidad una nación y España un Estado de naciones? ¿Cuántas personas y cuántas naturalezas hay en Dios? Dice Cioran que los españoles y los rusos suelen hacerse respecto a sus países las preguntas que otros pueblos se formulan sobre la divinidad. Se empieza por la cuestión de las personas y las naturalezas, por el misterio de los tres en uno y se termina dudando de la existencia, rechazada la cual se entra en el arrebato de la plena indeterminación dostievskiana: si Dios no existe, todo está permitido.

Aunque sea una opinión heterodoxa, a mí no me parece que aquí la cuestión tenga mucho que ver con nacionalidades ni desde luego con naciones: creo que lo que se da en España es una rebelión de las provincias. No me parece sensato que quienes se sublevan contra el actual estado de cosas se apresuren a cambiar el expresivo título de provincias por merengues constitucionales barnizados como naciones, nacionalidades, países o cualquier otro triunfalismo por el estilo. Se diría que corre más prisa quitarse de encima el nombre que el yugo; y quienes desean mantener el yugo serán los primeros interesados, si saben lo que les conviene, en colaborar a quitar el nombre. Las provincias por su propia etimología, eran los lugares vencidos por el imperio estatal. Dividir el Estado en provincias equivale a reconocer que todas las regiones han sido vencidas, que la institución estatal sólo puede fundarse en la derrota de las afinidades reales, de la vida propia de los sitios, de las organizaciones peculiares de la sociedad concreta, localizada, enraizada. En este sentido, tan provincia es Madrid como Guipúzcoa y tan capital Barcelona como Valladolid. Cuanto más arbitraria fuera la división en provincias -y de hecho lo es hasta grados ridículos tanto más netamente se percibe el principio vampírico de la totalización estatal. Las provincias se rebelan porque no quieren serlo, las grandes derrotadas aspiran a vengar finalmente su avasallamiento. Asumiendo ese título infamante de vencidas recuerdan que son fruto de una humillación bélica perpetuada en abstracción burocrática.

Otra ventaja tiene la denominación provincia frente a otros títulos que escuecen menos. Con las provincias no se puede hacer nada, salvo someterlas al Estado que las crea o sublevarlas contra él; pero con la nación o la nacionalidad o el país se pueden instaurar nuevos Estados. No es lo mismo independizarse del Estado que fundar un Estado independiente: para las provincias, sólo la primera forma de independencia es realmente liberadora, pues en la segunda se mantendrá sin alteración -quizá incluso sin alteración sensible de su arbitrariedad geográfica- la derrota provincial. Ya sé que todo esto queda muy lejos de la política práctica, pero quizá se atisbe por aquí la furiosa novedad de muchas luchas antinacionalistas y, sobre todo, de su concreción de privilegio y vanguardia en España. Las llamo antinacionalistas porque para que su insurrección sea verdaderamente independentista debe ser provincial o, si se quiere, provinciana. En cuanto se encuentre de nuevo dotada de Gobierno nacional, unidad nacional, capital nacional, ejército nacional, policía nacional, lengua oficial nacional, los lugares. vivos habrán perdido de nuevo su independencia y quizá, lo que es peor, hasta la vocación insumisa de conseguirla.