Atocha: el sumario de la transición

Hace ahora un año y ocho meses que lo que pasaría a llamarse la «matanza de Atocha» conmovió al país. Un año y ocho meses después el sumario abierto para investigar el caso todavía no ha concluido y, si se tienen en cuenta las pruebas cuya práctica está pendiente, su conclusión puede demorarse un año o dos más. Se diría que sobre este sumario ha incidido de manera negativa la situación confusa y no definida que implica todo período de transición política. Y ello, a pesar del esfuerzo y del interés por impulsar la investigación mostrados por la acusación particular, representada por siete competentes letrados, uno de ellos en representación del Colegio de Abogados de Madrid.Algunas de las pruebas, concretamente la declaración a petición de la acusación particular de conocidos líderes ultraderechistas, ha comenzado a practicarse más de un año después de que se hubiera solicitado su realización. Para conseguirlo ha sido necesario interponer recurso tras recurso, hasta que la decisión superior de la Audiencia Nacional consideró procesalmente correcta la prueba solicitada. Pero a estas alturas, un año y ocho meses después de la matanza, cabe preguntarse si la prueba va a tener la eficacia que hubiera tenido en su momento. Esto mismo cabe preguntarse con más razón sobre las otras pruebas todavia pendientes, cuya práctica se efectuará todavía con más retraso.

Ante esta lentitud es razonable pensar si al sumario de Atocha no le va a ocurrir lo que a la mayoría de los sumarios por terrorismo abiertos en este país durante los últimos años: que no se verá en juicio. Aunque en el caso del sumario de Atocha esta alternativa puede parecer en principio poco viable, dado que ya están detenidos los presuntos autores, al no ser que un hecho o decisión exterior al ámbito de la justicia la haga posible.

A veces, el retraso o la lentitud han podido parecer imputables a la propia acusación particular, la parte más interesada en principio en la rapidez de la investigación. Esto ha ocurrido con el actual aplazamiento de las declaraciones de los testigos ultráderechistas, como consecuencia de la insistencia de la acusación particular en que no esté presente en los ínterrogatorios,la defensa de los procesados. Esta insistencia, aparte las razones legales que la avalan, no contradice el principio de la asistencia letrada al detenido, porque son dos caras distintas. La declaración de los testigos ultraderechistas responde al afán de investigar los hechos y sus posibles conexiones y es esencial, en aras de la propia investigación, mantener el secreto de las mismas para los procesados. Efectivamente de la citada declaración pueden derivarse la práctica de otras pruebas, por ejemplo, un careo, las cuales pueden ser neutralizadas por la defensa de los procesados si está previamente informada. Por otra parte, esta facilidad dada ahora.a la defensa nunca se puso en práctica en el ámbito del tristemente célebre Tribunal de Orden Público, enel que los abogados defensores de los presos políticos de entonces no tenían acceso al conocimiento de los sumarios en fase de instrucción, ni podían estar presentes en la práctica de las diligencias.