Problemas del cine español

EL XXVI Festival del Cine de San Sebastián, al margen de la calidad de las películas seleccionadas y de las anomalías en su organización, ha puesto de manifiesto algunos de los problemas que afectan a un sector que -como la industria editorial o la actividad teatral- une de manera inextricable aspectos mercantiles y dimensiones artísticas y culturales.Por una parte, la acostumbrada subvención con cargo al presupuesto estatal, imprescindible para que este tipo de certámenes pueda celebrarse, ha sido, este año, considerablemente inferior a la de ediciones anteriores, incluidas las que tenían lugar, prestando mayor atención a los fastos del star system que a la calidad cinematográfica, en la época franquista. Este recorte de los fondos públicos ha obligado a un aumento sustancial del precio de las localidades, en detrimento de la asistencia del público. La circunstancia de que este Festival haya sido organizado y dirigido por un comité en el que figuraban personalidades identificadas con planteamientos autonómicos, en vez de ser un motivo para que la Administración demostrara en la práctica sus propósitos de fomentar las iniciativas periféricas, parece haber sido una de las causas de la parquedad de la ayuda ministerial. En momentos en que la superación de la tradicional desconfianza hacia Madrid de los vascos es una condición indispensable para solucionar ese viejo y enconado litigio, resulta lamentable esta especie de represalia preventiva o de negligente desinterés del Estado. Los festivales internacionales de cine en nuestro país, de los que el certamen de San Sebastián es el más importante, sirvieron tradicionalmente como tapadera para una picaresca que buscaba resquicios para sus negocios en la normativa administrativa. La simple selección de una película extranjera para un festival internacional en España eximía de los gravámenes arancelarios para su importación y exhibición. Una Administración demasiado frecuentemente vinculada a las empresas de distribución y exhibición cinematográficas facilitaba estas operaciones, que, sin llegar a ser abiertamente fraudulentas, constituían una forma clara de abuso. Estos trucos no son ya necesarios, porque la actual Administración ha liberalizado la importación de las películas extranjeras, en claro beneficio para las grandes compañías norteamericanas.

Tal vez esta modificación de la normativa proteccionista explique la apatía demostrada, en diversos medios oficiales y empresariales, hacia el certamen donostiarra.

En principio, las decisiones librecambistas deberían ser bien recibidas en España, que se prepara para la larga marcha hacia la integración en Europa. Sin embargo, no hay que olvidar que los países miembros del Mercado Común protegen con el máximo cuidado sus cinematografías nacionales, convencidos de la importancia que las películas tienen como vehículos de difusión de su cultura. En España, lamentablemente, la supresión de las barreras a la importación de cine extranjero se ha hecho de forma tal que amenaza con desmantelar. nuestra propia industria. En efecto, el control de taquilla, procedimiento aceptado por el resto de Europa para verificar con criterios de fiabilidad las recaudaciones, no va a entrar en vigor hasta comienzos de 1979, pese a que la Dirección General de Cinematografía se comprometió en su día a aplicarlo simultáneamente con la derogación de las medidas proteccionistas. Esa medida de control, vieja aspiración de los productores españoles, garantizaría a nuestra industria la percepción de los ingresos y disiparía cualquier duda sobre la rentabilidad de las películas que realizan.

Como en otras áreas de la vida cultural, los directores y productores españoles que han cosechado abundantes premios en los festivales internacionales tuvieron que abrirse camino sin apoyo de la Administración, cuando no teniendo que vencer trabas oficiales. Afortunadamente han pasado ya los tiempos en que una película como Viridiana, que representó a España en el Festival de Cannes y obtuvo la Palma de Oro, fue prohibida e incluso declarada inexistente por la Administración, marginando de esta forma a Luis Buñuel de nuestra vida cultural durante varios años. Pero la supresión de la censura no libera a la Administración de sus obligaciones para con el cine español. El pago de las deudas contraídas durante la época proteccionista por el Estado (la Hacienda debe ser de todos también a la hora de cancelar sus obligaciones), la puesta en práctica del control de taquilla, la vigilancia sobre el cumplimiento de la cuota de pantalla en tanto permanezca vigente la benevolencia fiscal respecto al doblaje de películas extranjeras, el apoyo a los jóvenes realizadores (con la colaboración, como en Alemania e Italia, de la televisión) y el fomento de las manifestaciones culturales a lo ancho de todo el territorio son algunas de las tareas que podría acometer una Administración realmente decidida a potenciar el, arte más representativo y de mayor eficacia comunicativa de nuestro siglo.