Los fiscales del "caso Lockheed" piden duras penas de prisión para dos ex ministros italianos

Nueve y siete años de prisión pidió ayer, para dos ex ministros italianos de Defensa, el ministerio fiscal que interviene en el juicio que se sigue en Roma contra once personas implicadas en los sobornos llevados a cabo por la compañía aérea norteamericana Lockheed.

Los dos ex ministros son el socialdemócrata Mario Tanassi, para quien se pide nueve años, y el democristiano Luigi Gui, que podría ser condenado a siete. El ministerio fiscal pide penas aún mayores -nueve años y tres meses y medio-, para los dos hermanos Lefèbvre, abogados, amigos del expresidente Giovani Leone, que actuaron como intermediarios en la entrega de las cantidades. Los dos hermanos son acusados no sólo por soborno, sino también por estafa.Para el general Fanalli se piden siete años y para otros cuatro acusados penas superiores a los dos años, por lo que si éstos y todos los anteriores fuesen condenados deberán ir inmediatamente a la. cárcel. La absolución plena fue pedida para dos acusados menores, Maria Fava y Max Melca.

El proceso ha sido presidido por treinta jueces especiales y han actuado como fiscales el comunista Carlos Smuraglia, el socialista Alberto dalla'Ora y el democristiano Marcello Gallo.

Según noticias de la agencia Ansa, la decisión de los fiscales fue tomada por unanimidad con una sola excepción: el democristiano Galli no estaría de acuerdo con la pena pedida para el ex ministro de su partido Lulgi Gui. A este propósito existe una querella de los tres fiscales contra el órgano oficial de la Democracia Cristiana, Il Popolo, enviada a la fiscalía de la República por ultraje y por difamación. Il Popolo había publicado el miércoles un editorial con este título: «Una lógica que debe rechazarse. Contra Gui ninguna prueba cierta. Desaprensiva maniobra.» En el artículo se afirmaba que el fiscal comunista Smuraglia «sostuvo la culpabilidad de Gui de una manera moralmente incorrecta, jurídicamente inconsciente y políticamente bien descifrable».

Parece ser que la diferencia de pena pedida para Tanassi y para Gui se deba al hecho de que Gui aceptó el dinero sólo para el partildo. Los acusadores afirmaron que esto no lo excusaba, sobre todo porque se ha demostrado que los aviones Hércules vendidos por la Lockheed a Italia no eran necesarios. Para todos los imputados los fiscales han pedido también la confiscación de todos sus bienes.

Para los ex ministros Tanassi y Gui, además de la confiscación, se ha solicitado la prohibición perpétua para ocupar cualquier cargo público.

Si la corte confirmara la sentencia será la primera vez que uno de estos escándalos de la Administración pública en Italia no sólo es desenmascarado, sino también castigado sin respetar nombres ilustres y hasta ayer considerados intocables.