Los pactos económico-sociales y el problema vasco, en consultas Suárez-Felipe González-Carrillo

El problema político planteado por la reclamación vasca de los derechos forales, así como las posibilidades de cara a una negociación de pactos económico-sociales y la «salida» del período constitucional, constituyen los temas fundamentales de las conversaciones mantenidas por el presidente Suárez con los secretarios generales del PSOE y del PCE. El primero de ellos, Felipe González, cenó con Suárez en la noche del pasado miércoles, y Santiago Carrillo visitó al presidente en la tarde de ayer, después de un encuentro mantenido por la mañana con el vicepresidente Fernando Abril.

Ni el presidente ni sus interlocutores han filtrado apenas información en torno a esta ronda de conversaciones, que fue precedida por la entrevista Felipe González-Santiago Carrillo ya conocida. Además, el líder socialista marchó ayer por la mañana, a Malta y, por tanto, no estuvo presente en la reunión que la ejecutiva de su partido celebró por la tarde.No obstante, distintas fuentes creen saber que las conversaciones han definido posiciones en torno a las fórmulas políticas que habrán de adoptarse tras la aprobación de la Constitución -sin que se haya avanzado sustancialmente-, al mismo tiempo que permiten constatar la gran preocupación existente por el problema vasco. Sin embargo, parece que tanto Suárez como Felipe González no van a intervenir directamente en la solución de este tema, y serán las personas que hasta ahora han participado en consultas y negociaciones -Fernando Abril y Alfonso Guerra, esencialmente- los que se responsabilizarán de buscar soluciones.

La postura del PSOE sobre la disposición adicional a la Constitución no es del todo clara, ni parece que exista una decisión definitiva; una situación similar se presenta en la UCD, cuyos principales portavoces han repetido en las últimas horas, en público y en privado, que la citada disposición no puede mantenerse tal como está. Se detecta cierto nerviosismo, tanto en la dirección de PSOE como en la del partido gubernamental y en el propio Gobierno en torno a dicha cuestión.

Santiago Carrillo y Felipe González hablaron también del problema vasco y de los pacto económico-sociales que el Gobierno desea establecer, y que el PCE está interesado igualmente en poner en marcha «siempre que no se trate de un mero pacto social». Carrillo y el vicepresidente segundo del Gobierno, Fernando Abril, se encontraron ayer igualmente en una reunión de la junta de portavoces del Congreso.

Los análisis del PSOE y del PCE no parecen coincidentes respecto a la posibilidad de realizar el pacto citado; los socialistas estiman que el pacto de la Moncloa fue elaborado por las fuerzas políticas en base a que en aquella época «no existían sindicatos elegidos democráticamente », y porque entonces hacía falta un acuerdo que consolidase la democracia.

Ahora, cuando está a punto de concluir -con la Constitución- esta primera etapa de la consolidación democrática, ya no tiene sentido un acuerdo como el firmado en la Moncloa.

El PCE también dice que el acuerdo no debería ser ahora como el de la Moncloa, puesto que el fallo principal del mismo -según el análisis comunista- es que no se creó un órgano de seguimiento y control, que habría permitido a los firmantes del pacto participar directamente en la aplicación de las medidas previstas. El PCE insiste en que ese órgano de control, también llamado tribunal de garantías, sería imprescindible, y en ese caso el pacto debería englobar tanto a las fuerzas sindicales como a los partidos políticos.

Las divergencias PSOE-PCE son directamente explicables por su propia fuerza parlamentaria y por la influencia de que cada partido dispone en la central sindical de su campo respectivo: el PSOE es el primer partido y UGT el segundo sindicato; el PCE es el tercer partido del país, a gran distancia parlamentaria de los dos principales, y en cambio Comisiones Obreras constituye la primera fuerza sindical.