El Estado adquirirá Segarra y Arrages

El próximo día 25 el Patrimonio del Estado adquirirá la totalidad de las sociedades Silvestre Segarra y Arrages, según acuerdo del Consejo de Ministros. Con esta decisión se cierra una fase de esta historia comenzada con la suspensión de pagos de la sociedad presentada por sus actuales propietarios el 14 de septiembre de 1976, que provocó la incautación de la sociedad un día después a propuesta del ministro de Industria, Carlos Pérez de Bricio, con el apoyo del titular de Hacienda, Eduardo Carriles. La suspensión de pagos fue aceptada el 25 de enero de 1977. La incautación se produjo en aplicación de la ley correspondiente de 1939. Se trató de la segunda ocasión en que se hacía uso de la misma.

El Gobierno aprobó también la concesión a la sociedad incautada de un crédito de 843 millones -del que se ha dispuesto ya en su totalidad- con carácter excepcional. El Consejo de Incautación se hizo cargo de la sociedad y procedió a elaborar un -plan de reestructuración y mantenimiento de la misma que culminó con un compromiso de responsabilidad social, firmado por la gerencia y los trabajadores. En función de este acuerdo, la plantilla de 3.500 trabajadores se ha reducido a 2.500.La Dirección General del Patrimonio del Estado ha procedido en este tiempo a organizar la sociedad y su contabilidad y formular la propuesta oportuna sobre su destino. Por diversas circunstancias se ha ido retrasando la solución del tema, que se cerró en un reciente Consejo de Ministros y que se consolidará antes de que acabe este mes.

La dirección del Patrimonio -Hacienda-, una vez estudiada la situación de la sociedad y sus perspectivas de futuro y culminada una dura negociación con la familia Segarra, propuso al Gobierno la adquisición de la sociedad, así como de Arrages -empresa vinculada con importantes activos inmobiliarios-, con carácter excepcional y con compromiso de traspaso al sector privado una vez reflotada la compañía.

A la propuesta de Hacienda presentó un documento de objeciones el Ministerio de la Presidencia. En este documento se alude al hecho de que el actual titular de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez, hubiera actuado en la incautación de 1976 como abogado de Segarra antes de ocupar el cargo. Indica también que en el momento de producirse el nombramiento del señor Fernández Ordóñez éste renunció con documento notarial al puesto de abogado de la empresa, así como a los honorarios que pudieran corresponderle por el trabajo desarrollado hasta ese momento.

Posteriormente, el informe de Presidencia presenta el cuadro de cifras del balance de Segarra, así como la propuesta del Patrimonio del Estado, al parecer con un error en torno a los 1.000 millones de pesetas en las valoraciones. La postura de este Ministerio es de oposición a la nacionalización de la sociedad por considerarla inadecuada en estos momentos y se muestra favorable a otras alternativas que van desde el cierre de la misma a la entrega a los trabajadores.

Ante esta situación, el vicepresidente Fernando Abril medió entre ambas propuestas, y después de un estudio del tema en el que participaron, el ministro de la Presidencia, José Manuel Otero, y el director general del Patrimonio, Arturo Romaní, decidió apoyar la propuesta nacionalizadora como única alternativa viable para salir de la incautación. El Consejo de Ministros aprobó el acuerdo propuesto por Hacienda en este sentido y con ello se cerró esta disputa técnica que adquirió en algunos momentos cierta dimensión política, a la vista de las insinuaciones formuladas por la Presidencia del Gobierno.

La competencia no quiso comprar

Previamente a formular la propuesta de nacionalización, los industriales zapateros y del curtido fueron consultados por si tenían interés en adquirir la sociedad haciéndose cargo de la suspensión de pagos. La respuesta del sector fue negativa y el criterio mayoritario fue de dejar caer la empresa. En opinión de técnicos del Patrimonio, esta postura es hasta cierto punto lógica, ya que supone eliminar un competidor que cubre un segmento del mercado de cierta importancia.La posición de los técnicos de Hacienda se basa en la consideración de que la nacionalización es inevitable. En su opinión, la entrada del sector público en Segarra se produjo en septiembre de 1976 al procederse a la incautación y en estos inomentos no se hace otra cosa que tratar de reflotar la empresa y de recuperar una inversión del Estado hecha con el crédito extraordinario de 843 millones concedido en el momento, de la incautación. Por otro lado, estiman los técnicos del Patrimonio que la empresa puede ser reflotada con los consiguientes efectos sociales positivos de haber evitado la quiebra de la primera industria de la región de Vall de Uxo y con ello se produciria una experiencia a considerar en el futuro como esfuerzo de reestructuración empresarial.

Entrada de intereses privados

Una vez producida la decisión del Gobierno de adquirir la compañía, intereses privados representados por las Cajas de Valencia y Castellón y Promobanc han manifestado su interés en cubrir un 12,5% de la ampliación de capital a que procederá el Estado una vez adquirida la sociedad y hecho frente al compromiso con los acreedores reconocidos en la suspensión. De esta forma, la inversión del Estado se reduciría en 230 millones de pesetas.El Patrimonio del Estado tendrá que designar, una vez que se haga cargo de la titularidad de la sociedad, el consejo de administración y gerencia que gestione la empresa. En primer término se pretende proceder a levantar la suspensión de pagos, para lo que están casi ultimados diversos acuerdos con los acreedores. La reducción del actual capital a cero, la liquidación de algunos activos y la posterior ampliación hasta 1.834 millones proporcionará los fondos suficientes para liquidar la suspensión; y proceder a las inversiones necesarias para relanzar la empresa sin cargas financieras graves.