El Gobierno concederá a la Junta de Andalucia poder político para combatir el paro

El acuerdo más importante a que llegaron el presidente de la Junta de Andalucía, el socialista Plácido Fernández Viagas, y el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Fernando Abril, tras la entrevista que mantuvieron ayer en Madrid, ha sido la decisión de crear una comisión mixta Gobierno-Junta, integrada por diez personas, que se encargará exclusivamente de elaborar un documento conjunto que dote al Gobierno preautonómico andaluz de poder político para administrar todas aquellas gestiones encaminadas a paliar el problema del paro en Andalucía.La especial importancia que el autogobierno andaluz concede al tema del paro obedece a que en Andalucía se contabilizan actualmente 400.000 parados y buena parte de ellos se encuentran pasando hambre, en el sentido literal de la palabra. Por este motivo, el señor Fernández Viagas dijo ayer en una conferencia de prensa celebrada en Madrid que esta reivindicación es aún más urgente que el proceso de las transferencias, común con las restantes autonomías, porque «si no conseguimos poder político para el tema del paro -dijo textualmente-, ¿de qué nos serviría otro tipo de competencias, si es el desempleo lo que más preocupa al pueblo andaluz?»

La primera reunión para constituir la mencionada comisión mixta se celebrará en próximo día 18 en Madrid, en la sede de la Vicepresidencia del Gobierno, y «comenzaremos de inmediato los trabajos, a ritmo acelerado, para que en noviembre o, a más tardar, en diciembre, estén concluidos», explicó Plácido Fernández. Los cinco miembros técnicos que serán elegidos la próxima semana por la Junta para formar parte de la comisión mixta expondrán a los representantes del Gobierno la alternativa que la Junta ha elaborado para combatir el problema del paro. Entre las medidas estudiadas por la Junta figuran, entre otras, la creación del seguro de desempleo; la elaboración de un censo agrario; la mejora de mecanización de las fincas que estimen oportunas; la comercialización de los productos agrarios, y el empleo juvenil. El documento final de los trabajos de la comisión mixta entraría en vigor, según las previsiones del señor Fernández Viagas, a primeros de 1979. El protagonismo concreto de la Junta a partir de ese momento sería administrar el destino de los fondos para el empleo comunitario concedidos por el Gobierno en colaboración con las centrales sindicales. No se mencionó en la en trevista de ayer ninguna cantidad concreta, pero el presidente andaluz se refirió a la «buena disposición» de Fernando Abril.

«La Junta de Andalucía -puntualizó el señor Viagas- no está dispuesta a firmar cheques en blanco al Gobierno. Queremos acciones concretas y las queremos lo antes posible, porque si el pueblo andaluz pierde la confianza en su Gobierno, perderá, con las graves consecuencias que pudieran derivarse, la confianza en la preautonomía. La Junta trata por todos los medios de no perder credibilidad ante un pueblo que está demostrando constantemente su apoyo a la Junta para que le sea concedido el poder político necesario que la convierta en un organismo verdaderamente eficaz.»

El proceso de transferencia de competencias Estado-Junta seguirá su curso normal por otro cauce distinto al del tema concreto del desempleo.

Respecto a las fricciones que durante algunos meses mantuvo la Junta con las diputaciones provinciales, el señor Fernández Víagas señaló que con la disolución de la coordinadora que éstas últimas se empeñaban en mantener «reina la paz» entre ambas entidades.

Finalmente, el presidente andaluz explicó que aunque el conflicto creado por la crisis de Astilleros en Cádiz preocupa especialmente a la Junta, ésta no va a canalizar sus esfuerzos en una sola provincia, sino que la administración de los fondos de empleo comunitario se realizará de manera equitativa.