Tarradellas podría retrasar la transferencia de competencias a las consejerías

Varios consejeros de la Generalidad han expresado a EL PAIS su preocupación por el hecho de que Tarradellas esté preparando un decreto de reorganización de la Secretaria General de la institución preautonómica. La finalidad del mismo podría ser, según las fuentes, retrasar una vez más la transferencia de servicios y competencias a las consejerías de la Generalidad, con el fin de que se prolongue la inoperancia de dichas consejerías y que, en consecuencia, los representantes de los partidos no puedan acreditar su capacidad de gestión.

El proceso de consecución de servicios para la Generalidad -mediante transferencias del Estado y de las diputaciones- es el tema sobre el cual se han hecho públicas, por parte catalana, una mayor cantidad de informaciones erróneas o confusionistas. Por un lado se ha afirmado que ya se habían logrado transferencias, lo cual no es cierto, por faltar las valoraciones económicas, y, por otro, las dudas eran superadas mediante criticas imprecisas al Gobierno central, efectuadas, estas últimas, en privado por las mismas personas que en público cantaban alabanzas.

Criterios unipersonales

Lo cierto es que por parte de la presidencia de la Generalidad no hubo jamás interés en tan importante tema, ya que Tarradellas siempre vio con claridad que una Generalidad con responsabilidades técnicas importantes sería la antítesis de la actual, en la que predomina siempre el criterio personal de Tarradellas gracias a la sistemática sucesión de crisis políticas y la radical marginación de los temas técnicos y político- administrativos. Una Generalidad realmente vertebrada no permitiría, en efecto, el extremado control por parte de una sola persona que ahora la caracteriza y la convierte en inoperante.Una prueba de lo afirmado, consiste en que, a pesar de todo, están más avanzados los procesos de transferencia del Estado que aquellos de las diputaciones ámbito este último en el cual el poder de Tarradellas es absoluto, al haber logrado una plena compenetración con el bunker de las corporaciones provinciales franquistas. Fue la actitud firme y coordinada de iodos los partidos -desde UCD a los comunistas- lo que hizo vencer la resistencia de Tarradellas a decretar los traspasos, argumentada entonces en base a una presunta necesidad de contar con la aprobación de las diputaciones franquistas, que, como siempre se dijo en estas páginas y luego demostraron los hechos, era simplemente improcedente desde el punto de vista legal. Manifestar lo mismo le costó el cargo a Pere Comas, mientras Martín Villa tuvo la inteligente postura de evitar el servir de chivo expiatorio o escudo protector de las críticas a Tarradellas, al afirmar que la discrepancia debía solucionarse en terreno catalán.

Superado aquel escollo, ahora aparece otro en ciernes. En efecto, el anuncio del decreto de reorganización de la Secretaría General va acompañado de una precisión delicada: dicho organismo recibiría inicialmente las competencias y servicios traspasados. Estos, pues, no irían directamente a los consejeros, los cuales representan a los partidos vencedores el 15 de junio, con la excepción de Rahola.

Desconcierto ciudadano

La reiteración del conflicto tiene como repercusión inmediata el incremento del desinterés y del desconcierto a nivel ciudadano, llegando ambos a ser enormes. En este marco, la Generalidad aparece como un coto cerrado de luchas preelectorales -Tarradellas, por un lado, y los partidos vencedores el 15 de junio, por el otro- y no como una institución apta para resolver los muchos problemas cívicos pendientes. Las consecuencias nefastas que tal perversión puede acarrear son enormes, tal y como el tiempo se encargará de probar.