Política industrial: de la prevención a la creación

EL GOBIERNO ha aprobado recientemente las ampliaciones de capital y créditos extraordinarios de apoyo al sector siderúrgico y a los grandes astilleros. Desde hace algo más de un año el Ministerio de Industria ha trabajado en la búsqueda y encaje de un programa para estos dos grandes sectores, que arrastran una crisis profunda desde 1974. Las imprevisiones del pasado, la megalomanía del desarrollismo de los años sesenta y primeros setenta y la incapacidad para gestionar la crisis de los últimos Gobiernos condujeron a la siderurgia -sector básico- y a la construcción naval -uno de los sectores punta en producción y exportación- a una gravísima situación. La crisis no era patrimonio exclusivo de España, sino que estaba y está generalizada por todo el mundo, pero una mejor previsión y una mayor perspicacia nos hubieran ahorrado parte del coste actual.El Ministerio de Industria ha negociado en los últimos meses con los protagonistas de los sectores en crisis. En la siderurgia, administración e intereses privados llegaron a un acuerdo de principios y compromisos hace algo más de un par de meses, por el cual, los empresarios privados -gran banca fundamentalmente- se deshacen de sus participaciones en Altos Hornos del Mediterráneo y obtienen una ayuda en Altos Hornos de Vizcaya, a cambio de un precio razonable. Intereses privados y públicos pagan la crisis, y aunque la negociación fue tensa, a medio plazo, todos se sienten satisfechos del resultado. En el caso siderúrgico, los trabajadores, aunque han pasado sobresaltos, no pagan un precio demasiado alto, ya que en principio no se ha cuestionado el empleo. El problema se plantea a partir de ahora en que una vez capitalizadas las empresas hay que proceder a la reestructuración del sector para tratar de hacerlo viable. La negociación de esa reestructuración tendrá que contar con la participación de empresas, sindicatos y Administración, ya que sólo con el acuerdo de las tres partes se llegará a conclusiones razonables.

En el caso naval se procedió ya al acuerdo social de regulaciones de plantillas hasta un 50%, que se considera indispensable para evitar la quiebra del sector. De momento se garantiza buena parte del salario, aunque la cuestión a plantear es dónde se va a colocar esta mano de obra sobrante localizada en centros muy concretos -Cádiz, Sevilla, Bilbao y Ferrol-, en un inmediato futuro. Esta tarea debe ocupar buena parte de la preocupación del Ministerio de Industria.

El coste financiero de estas grandes operaciones se cifra en 50.000 millones de pesetas, a los que deben unirse otros tantos que tendrán que dedicarse para financiar, por vía de la banca oficial, la construcción de barcos que garanticen la actividad del sector que se considera recuperable.

El sector público recibe una inyección del Tesoro para aportaciones de capital en Astilleros, Astano, Ensidesa y Altos Hornos del Mediterráneo, por valor de 27.800 millones de pesetas -casi una cuarta parte de la inversión total del INI en este año-, además de 19.000 de crédito oficial entre este año y el que viene. El sector privado se libera de la carga de Altos Hornos del Mediterráneo y recibe crédito para Altos Hornos de Vizcaya por valor de 4.500 millones de pesetas entre este y el próximo año.

Estas son las acciones preventivas de política industrial, que cubren buena parte de la tarea del Ministerio del ramo. Pero a éste no puede eximirse de la responsabilidad de hacer posible la aparición de nuevas inversiones, la creación de alternativas de empleo y riqueza. La siderurgia y la construcción naval no son toda la industria del país. Hay sectores punta con fuerte componente de exportación y de empleo que requieren también ayuda o al menos ideas claras de por dónde va a ir la política económica e industrial en el futuro. La fase preventiva debe dar paso a otra creadora que remedie los males actuales.