Aprobada la suspensión de derechos constitucionales

Solamente los senadores Carlos Ollero (de la Agrupación Independiente) e Isaías Zabala (Senadores Vascos) se abstuvieron en la votación del apartado segundo del artículo 50 del proyecto de Constitución aprobado por el Congreso, en el que se establece la posibilidad de suspensión « para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas», de las garantías constitucionales referidas a la duración de la detención preventiva, a la inviolabilidad de domicilio y al secreto de las comunicaciones. Los demás grupos votaron favorablemente y rechazaron. las propuestas de supresión de Juan María Bandrés y Luis María Xirinacs.

El citado artículo, que fue uno de los puntos esenciales en el consenso logrado entre los grupos parlamentarios del Congreso, establece que una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en que, con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, podrán ser suspendidos tales derechos, así como que «la utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producira responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes».

Estas garantías parecieron suficientes al Grupo Socialista,en nombre del cual su portavoz, Francisco Ramos, manifestó que, a la vista de los mecanismos legales de que se dota al Gobierno, éste deberá explicar a las Cámaras la ineficacia de las actuaciones policiales.

El señor Ollero defendió que fuera el Tribunal Constitucional el encargado de determinar el alcance y las personas afectadas por la suspensión de derechos citada. Por su parte, los señores Xirinacs y Bandrés se opusieron enérgicamente al precepto. Este último consideró que suponía una amenaza a todo el Estado, pero especialmente al pueblo trabajador vasco, a través de un estado de excepción solapado. Aseguró que la paz no llegará por la vía de la represión ni de los castigos de guerra, como la supresión de los conciertos económicos vascos. Pidió a los senadores que reflexionaran sobre el siguiente párrafo de un editorial de EL PAIS de 17-5-77: «Tal vez algún día hagan examen de conciencia quienes condenaron desde sus elevados cargos a los muchachos andaluces, extremeños y castellanos, de origen campesino y popular, que integran las filas de la Guardia Civil y de la Policía Armada, a tener que aplicar una política de orden público que llevaba implícito el derramamiento de sangre, y que les hacía vivir en un clima de impopularidad y hostilidad.»

Previamente, la Comisión Constitucional del Senado aprobó el artículo 49, que regula la institución del defensor del pueblo, con pequeñas modificaciones de estilo a cargo de UCI). La propuesta de Juan María Bandrés, encaminada a que en las comunidades autónomas existiera también la institución del defensor del pueblo, fue rechazada por la comisión.

La sesión se inició ayer con el rechazo de una enmienda defendida por Justino de Azcárate, solicitando incluir un nuevo artículo que declare el estímulo y la protección del Estado a la iniciativa privada en orden a actividades de servicio e interés general.