El referéndum constitucional se pospondrá hasta el 15 de noviembre
La marcha de los trabajos constitucionales en el Senado impedirá, con seguridad, la celebración del referéndum sobre la Constitución antes de la primera quincena del próximo mes de noviembre. Fuentes gubernamentales señalaron a EL PAÍS que se estaba estudiando una fecha comprendida entre el 10 y el 15 de dicho mes.Este atraso sobre las previsiones iniciales -se calculó la celebración del referéndum en la segunda decena de octubre concede, por otra parte, un respiro al presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, a quien la consulta constitucional sitúa ante opciones políticas diversas, al igual que al líder de la Oposición, Felipe González, secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Mientras las fuerzas políticas y sociales han iniciado ya la fase de contactos informales y aproximaciones para sondear el marco y el calendario de la discusión de un posible pacto económico para el próximo año, en los medios políticos se analizan cuidadosamente las distintas opciones que desencadenará la aprobación de la Constitución: nuevas elecciones legislativas o continuidad de las actuales Cámaras, Gobierno monocolor UCD, pacto con la Minoría, Catalana y abstención parlarnentaria comunista o la posibilidad de la entrada del PSOE en el Gobierno con algunas carteras.
Los socialistas han expresado ya claramente cuál es su opción: nuevas elecciones legislativas, pero parece que no contarían en el Congreso con el apoyo de ningún grupo parlamentario destacado. Los comunistas, según señaló el propio Felipe González en la Escuela de Verano del PSOE, aunque sin mencionarlos directamente, no están dispuestos a apoyar esta posibilidad, ya que están mucho más interesados en la celebración de las elecciones municipales, en las que piensan que pueden mejorar su actual situación electoral, y en participar en la concreción del pacto económico en condiciones de igualdad con otros partidos de mayor representación parlamentaria.
El ICE ha elaborado un plan a tres años que sustituiría a los actuales pactos de la Moncloa y que ha sido propuesto a UCD y al PSOE con objeto de conseguir un pacto entre los tres partidos en el terreno político y económico.
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Sólo los socialistas insistirán en la celebración de elecciones generales
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La misma actitud mantendrá, previsiblemente, la Minoría Catalana, para la que la convocatoria de unas nuevas elecciones generales supondría un considerable retraso en la discusión del estatuto de autonomía de Cataluña en el Congreso y el riesgo de perder su posición privilegiada como presunto apoyo parlamentario de UCD, que podría traducirse en su entrada en un gobierno de coalición con el partido centrista.
Unión de Centro Democrático, que ha confirmado las fechas de celebración de su congreso constituyente (última decena de octubre) no ha adoptado aún públicamente, como partido, ninguna posición definida a este respecto. El presidente Suárez se mantiene en el más absoluto silencio y los ministros de su Gabinete ostentan, al parecer, opiniones diversas. Lo que no cabe duda a ninguno de ellos, sin embargo, es que, sea cual fuere la decisión final de Adolfo Suárez, incluso la de seguir gobernando basándose en la actual minoría mayoritaria de UCD en el Congreso, el Gabinete será profundamente remodelado.
Los mayores esfuerzos de la política gubernamental parecen dirigirse, por el momento, a la consecución de un acuerdo económico de largo alcance. La preocupación común a todos los niveles reside en conseguir la vuelta de la inversión que permita generar empleo y devolver actividad a la vida económica. Los partidos de izquierda insisten en la necesidad de que el sector público sea protagonista del proceso inversor. En medios empresariales y de la UCD, sin embargo, se manifiestan serias reservas sobre la capacidad de inversión creadora del sector público antes de proceder a una serie de reformas del mismo, tanto a nivel de Administración central como de organismos autónomos y empresas públicas.
De cualquier forma, la recuperación de la inversión privada aparece clave en todas las opiniones y hay también coincidencia en que para ello deben despejarse las incógnitas políticas y de sistema económico a corto y medio plazo. La clarificación delproceso político -fechas de convocatorias electorales para municipales y legislativas, alcance del consenso posconstitucional para aprobar las 57 leyes orgánicas que reclama la Constitución y configuración del equipo de Gobierno- sería un paso decisivo para aclarar las expectativas empresariales.
El presidente de la CEOE, Carlos Ferrer, que con muchas probabilidades se sucederá a sí mismo dentro de un mes, manifestó a Cifra que en la negociación del nuevo pacto deben sentarse en la mesa el Gobierno, partidos, centrales y organizaciones patronales. En los mismos términos se expresa Santiago Carrillo y miembros calificados del Gobierno. La posición del PSOE, sin embargo, parece mas propicia al protagonismo de centrales, patronal y Gobierno y a la no aparición de los partidos de la Oposición.
A otro nivel, Gobierno y fuerzas sociales -sindicatos y patronal-, tendrían que concretar el pacto económico y el precio que cada partido reclama por el mismo.
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