La autonomía universitaria, responsabilidad de las Cortes

Director del Gabinete Técnico del ministerio de Educación

El rector de la Universidad de Barcelona, Antonio María Badía, ha publicado un artículo en EL PAIS sobre lo que él llama «pobre autonomía universitaria», en el que comenta de un modo parcial y confuso una :reciente disposición del Ministerio de Educación y Ciencia. Como, además, el señor Badía habla de "pactos» en los que no estuvo presente -como él mismo reconoce-, es, necesario hacer las siguientes precisiones para que los lectores de EL PAIS puedan salir de la confusión informativa creada por el señor Badía.

La autonomía universitaria es una situación, reconocida en el texto constitucional aprobado por el Congreso, que solamente las Cortes pueden establecer y regular. Cualquier otro intento de crear situaciones autonómicas su¡ generis, a partir de supuestos «claustros constiluyentes», no sólo es anticonstitucional, sino que sería del todo inviable.

Para hacer efectivo cuanto antes el priricipio establecido por la Constitución, se cree necesario enviar a las Cortes un proyecto de ley de autonomía universitaria que fije las líneas generales dentro de las cuales cada Universidad elaborará sus propios estatutos.

Hasta que la nueva ley sea aprobada por las Cortes está en vigor, como es obvio, la legislación actual, que obliga a cumplir las disposiciones en ella establecidas. Se puede ser flexible y aplicar con un criterio amplio las normas existentes, mientras se prepara la nueva ley, y eso se ha venido haciendo, como reconoce el propio rector de Barcelona. El «pacto» a que alude no podía implicar actuaciones ilegales. Simplemente se acordó que, en espera de la nueva situación, no se convocarían a oposición nuevas plazas de profesores adjuntos, y así se ha cumplido exactamente. Pero se dejo siempre muy claro que ello no afectaría a las plazas ya convocadas, pues los derechos adquiridos por los profesores opositores no pueden atropellarse con «pactos» de ningún tipo.

Precisamente el señor rector sabe muy bien que los profesores adjuntos de Barcelona que aprobaron las oposiciones y no habían sido adscritos a las plazas a que tienen derecho han protestado reiteradamente de la actitud que con ellos se pretendía mantener en la Universidad de Barcelona, y el «claustro» a que alude el señor rector acabó en un completo fracaso, entre otras cosas por la cuestión de los adjuntos. Poco importa que los profesores no numerarios que no hicieron las oposiciones fuesen la mayoría, ni tampoco que fuesen los mejores cosa que debería demostrar e¡ señor rector, pues resulta un poco extraña su afirmación de que «de ir a las oposiciones, estaban prácticamente destinados a sacar los primeros puestos».

Por último, es desproporcionada la «indignación y el estupor» de que habla el rector, porque de las 250 plazas vacantes que existen actualmente en las Universidades de Barcelona, se van a cubrir menos de cincuenta, lo que no ha aclarado el señor Badía en su artículo. Además, como indica el propio señor Badía, «los que van a ser adscritos como profesores adjuntos prácticamente son todos catalanes o formados en facultades barcelonesas». La mayoría de las plazas quedarán vacantes para disponer de ellas en la forma que establezca la nueva ley, porque el Ministerio de Educación y Ciencia, cumpliendo el acuerdo a que se refiere el rector de Barcelona, no convocó nuevas plazas de adjunto a oposición, por entender que era preciso modificar el sistema de acceso al profesorado. Pero para ello hace falta que las Cortes lo regulen; mientras esto no sea una reálidad, todos, incluyendo el Ministerio de Educación y Ciencia y el rector de Barcelona, tenemos que cumplir las disposiciones hoy vigentes.