La responsabilidad del señor ministro
LA REALIDAD no existe y es imposible llegar a conocer la verdad. Esta es la triste conclusión a la que llegó ayer, a altas horas de la madrugada, el ministro del Interior al presentar el prometido informe sobre los recientes sucesos de Pamplona, San Sebastián y Rentería ante la correspondiente comisión del Congreso. Un informe que ha llegado con retraso, y que al final se escindió en seis informes parciales y diferentes, que encerraban entre sí no pocas contradicciones e inexactitudes. Un informe que ni siquiera recogió extremos aparecidos en la prensa -nunca desmentidos- y que son ya de dominio público. La sesión de la Comisión de Interior del Congreso terminó con la aprobación de dos puntos parciales de un proyecto de resolución que englobaba seis, y al parecer con un único resultado concreto: la permanencia en su puesto del ministro del Interior, avalado hasta por los elogios del propio Santiago Carrillo. Por lo demás, esta sesión fue un digno colofón de la actuación en pleno del Congreso el pasado día 14, al aceptar -con un solo voto en contra- la propuesta de la Junta de Portavoces de dar por buenas las explicaciones de Martín Villa, que prometió explicarse más tarde. Las explicaciones han llegado tarde y mal, y el ministro del Interior sigue sin explicar nada. La actuación del ministro, de la comisión y del Congreso en relación con los sucesos que han ensangrentado y conmovido al País Vasco se ha disuelto en agua de borrajas. Y al parecer sólo ha servido para que el Gobierno y el PNV -UCD y PSOE coadyuvando- se hayan introducido en una especie de impasse de contrasentidos, retractaciones y amenazas mutuas al que se sigue denominando negociaciones, en un túnel kafkiano al que no se le ve buen fin.Acusado de dar informes contradictorios, Martín Villa ha afirmado paladinamente que nunca en estos casos la versión es única. Naturalmente, cada versión, pertenece a quien la da; pero hay que tener en cuenta que las versiones manejadas por Martín Villa son oficiales, esto es, dimanan de los correspondientes organismos gubernamentales y de altos funcionarios. De lo que se trata, por tanto, es de que en el seno del Gobierno las versiones son distintas. No se trata, pues, como suele suceder, de que el ministro del Interior deba separar la paja del grano, seguir investigando para dar con la versión que pueda presentar como definitiva y oficial. Se trata, simplemente, de que el señor Martín Villa carece de esa versión, porque en el seno de su propio departamento hay división de opiniones al respecto.
Precisamente, esta divergencia de opiniones está en el origen del problema, es el Deus ex machina de lo que sucedió en Pamplona, San Sebastián y Rentería, donde los hechos que el ministro ha calificado reiteradamente de errores han sido, simple y llanamente, la expresión insubordinada y desordenada de esas versiones diferentes. Las explicaciones ambiguas y vacilantes otorgadas por el ministro ayer de madrugada no pueden ser borradas por la no menos vacilante y contradictoria actuación de dicha comisión y del propio Congreso. Aprobar, por ejemplo, que se llegue al final de las responsabilidades o que se tramite por procedimiento de urgencia el proyecto de ley de policía, no son más que palabras si no se llega a resultados concretos. De los sucesos en el País Vasco hay centenares de testimonios, películas filmadas, cintas grabadas y suponemos que autopsias de los dos cadáveres de Germán Rodríguez e Ignacio Barandiarán, así como informes de los expertos en balística. Los resultados deben ser públicos y no pueden ser almacenados en el palacio de las Cortes, como ha sucedido con el Diario de Sesiones que recogió el debate sobre los sucesos de La Laguna el pasado 12 de diciembre, y que ni siquiera los diputados pueden consultar. Los resultados tienen nombres y apellidos -los de los responsables- y deben llevar aparejadas las correspondientes sanciones. Lo demás sigue siendo una ceremonia de la confusión, tanto más grave cuanto que impide la puesta en práctica de soluciones políticas al problema vasco.
La trayectoria política del señor Martín Villa no arroja un balance negativo, a pesar de todo. Desde que hace poco más de veinte años iniciara sus tareas al servicio del Estado franquista ha ocupado con habilidad, pragmatismo y serenidad notables toda suerte de cargos, en los que se ha distinguido por su capacidad de trabajo y su fidelidad al mando. El paso del Estado autocrático al democrático no le cogió desguarnecido, pues había ocupado puestos de difícil responsabilidad y pasablemente comprometidos. Su falta de fanatismo ideológico y su capacidad de diálogo le hablan capacitado para ser uno de los hombres clave del cambio. Un cambio al que ha servido en dos puestos complejos: en el primero desmontó con pericia el aparato sindicalista vertical; en el segundo ha conducido con cierta eficacia, pero a tropezones, el difícil problema del orden público, en el que, no obstante, mucho nos tememos que su magia ha encallado definitivamente.
Será difícil la sustitución de Rodolfo Martín Villa como ministro del Interior. A lo largo de dos años, y a través de importantes crisis, ha sabido sortear obstáculos notorios y desdramatizar las situaciones más complejas, posiblemente porque no se ha enfrentado nunca a ellas de manera frontal: siempre ha buscado el compromiso y la conciliación, lo cual, estando como está al frente de un departamento con una infraestructura tan peculiar, no ha resultado fácil. Si se observa detenidamente la lista de nombramientos, ceses y ascensos que el señor Martín Villa ha operado en el seno de su departamento, tanto en la línea política como en la digamos administrativa, se verá qué prodigios de habilidad y astucia ha efectuado para que todo vaya cambiando serenamente. Tan serenamente, habría que decir, que a veces el propio contenido del cambio resulta dañado por su inexistencia.
Hoy parece como si Rodolfo Martín Villa hubiese tocado sus límites, bien en el techo o tal vez en el fondo. La actuación de una parte de funcionarios de su departamento en los sucesos del País Vasco y la posterior reacción ministerial han revelado que el ministro carece del necesario control sobre los enormes y complejos medios que le han sido confiados. Pero lo peor no es eso, sino la inexistencia, por ahora, de responsabilidades, salvando el nivel de las vagas declaraciones y del traslado de un comisario que hasta ha provocado fuerte oposición en el seno de la Comisión de Interior de los diputados. El responsable político del caso es el ministro del Interior y eso debe tener algunas consecuencias. El poder no es propiedad de quien lo detenta, y un ministro, en un Estado democrático, no puede permanecer en su puesto sin la confianza de los ciudadanos, aunque le asista la del Gobierno. El pensamiento repetido por Martín Villa de que tiene su dimisión presentada siempre, excepto en los momentos graves, es de corte netamente autoritario. En las democracia, la respuesta a todo fracaso suele ser la dimisión.
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