No prosperaron los intentos de alterar las competencias sobre el orden público, que serán exclusivas del Estado

El Estado tendrá competencia exclusiva sobre el tema de la seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las comunidades autónomas.Esta es la idea fundamental del texto finalmente aprobado ayer por el Congreso respecto a la competencia estatal en materia de seguridad pública, que queda tal como fue aprobado en su día por la Comisión Constitucional, tras ser rechazadas ayer todas las enmiendas que pretendían modificar dicho texto.

Estas enmiendas fueron tres: la de Francisco Letamendía, favorable a que las comunidades autónomas tuvieran competencia sobre el orden público en sus respectivos territorios, que obtuvo once votos favorables; la de Alianza Popular, encaminada, por el contrario, a atribuir exclusivamente al Estado dicha competencia, resuelta con quince votos a favor; y la del PNV, según la cual el Estado coordinaría la seguridad pública en aquellos conflictos de carácter general que superaran el ámbito territorial de la comunidad autónoma, que obtuvo diecinueve votos favorables. Finalmente, el texto del número 27 del artículo 143 fue aprobado con 272 votos favorables.

Debate sobre orden público

El debate sobre orden público, interrumpido en la jornada anterior tras el enfrentamiento de AP con el señor Letamendía, concluyó ayer con la defensa de la enmienda formulada por el PNV, en nombre del cual el diputado Marcos Vizcaya expresó el fracaso rotundo de la política de orden público en el País Vasco. Manifestó que el carácter positivo del orden público consiste en que no se note la política que lo impone, mientras que en el País Vasco la presencia de esta política se convierte en agobiante, física y psíquicamente.

Añadió que esta política está alejada de la realidad vasca y que las fuerzas de orden público no pueden actuar con la necesaria objetividad, porque no están preparadas psicológicamente y siguen ocupando los puestos de responsabilidad las personas que se destacaron en la lucha contra las fuerzas antifascistas durante los últimos cuarenta años. Aseguró que la solución no viene por las medidas que toma el Gobierno y que el Consejo General Vasco está capacitado para asumir atribuciones en esta materia.

Por UCD, Luis Apostua contestó que su grupo había decidido no entrar en el camino de la doctrina y de los agravios, sino seguir por el del futuro y la Constitución, procurando que al resolver el problema no se provoque otro mayor. Aseguró que el texto del proyecto resuelve los problemas y se atiene a los principios básicos de la unidad en la persecución del delito el Código Penal no ha sido partido ni troceado», dijo- y al de salvaguarda de las libertades individuales y colectivas. Asimismo afirmó que no podía aceptarse la existencia de dos soberanías y que el poder de la Constitución y del Estado tendía a cubrir las necesidades de todos.

En la explicación de voto, el socialista Gregorio Peces-Barba declaró que su grupo había votado en contra de las tres enmiendas y a favor del texto del proyecto y apostado por una tercera vía, contraria tanto a la inhibición estatal como al centralismo. Afirmó que los poderes públicos de las comunidades autónomas forman parte, en un sentido amplio, del Estado, y es posible la existencia de policías autónomas frente a las tesis catastrofistas.

El comunista Jordi Solé explicó el voto de su grupo en igual sentido, por considerar que el texto aprobado es equilibrado, mientras que las enmiendas no resolvían los problemas existentes. Criticó las argumentaciones de los señores López Rodó y Fraga, por pretender anclarnos en el más puro inmovilismo, y las del señor Letamendía, por proponer algo imposible, ya que el objetivo independentista manifestado está fuera de la Constitución. En cambio, expresó su coincidencia con la argumentación del PNV, si bien añadió que el texto de la enmienda no se ajustaba a ella.

Por UCD, José Pedro Pérez -Llorca expresó el voto favorable al texto y contrario a las enmiendas. De AP dijo. que pedía algo que ya está en el texto constitucional, mientras que no asumía la autonomía con todas sus consecuencias, lo cual conducía a una autonomía ficticia. Declaró que el señor Letamendía no había defendido su enmienda, sino que había revuelto la úlcera para tratar de desestabilizar el debate constitucional; no obstante, agregó que no existía ningún motivo para impedirle que se expresara como lo hizo.

Respecto a la enmienda del PNV, señaló que de su texto se desprende una concepción de lo que es una comunidad autónoma que resulta antiestética a lo que figura en el proyecto de Constitución. «No podemos asumir -dijo- ninguna solución que no deje perfectamente claro que existe una soberanía única y que todas las autonomías, sea cual sea su nivel, están insertas en el marco de la Constitución.»

Por AP, Manuel Fraga dio cuenta del voto de su grupo , contrario al texto aprobado. Aseguró que en su propuesta de que el Estado tenga competencia exclusiva sobre el orden público no existía ningún atisbo de defensa demagógica del centralismo. Manifestó que no podía desarmarse al Estado e insistió en la apología del terrorismo que, en su opinión, había hecho en la sesión anterior el señor Letamendía, a lo que el presidente del Congreso, señor Alvarez de Miranda, puntualizó que no había existido tal apología ni en modo alguno se había atacado a las instituciones del Estado.

Por alusiones a la interpretación que el señor Apostua había hecho de sus palabras, Marcos Vizcaya manifestó que había hablado de policías soberanas en sus competencias, pero no de la existencia de dos soberanías.

Otras competencias

En relación con el número 28 del mismo artículo, sobre regulación de los títulos académicos y profesionales, Iñigo Aguirre defendió una enmienda del PNV, consistente en la petición de autonomía educativa, ya que el texto que se sometía al Pleno sólo suponía, en su opinión, la descentralización en materia educativa y no la autonomía.

A esta enmienda, el señor Llorens, por UCD, aseguró que en este punto el proyecto de Constitución establece un criterio más generoso y amplio que la del año 31. La enmienda fue rechazada con 37 votos favorables, 225 en contra y dos abstenciones.