El Ministerio de Trabajo ultimará, dentro de este año, la reforma laboral

El Ministerio de Trabajo no tiene conocimiento oficial de que UGT haya roto las negociaciones con el Gobierno, y, es más, este departamento tiene previsto una serie de contactos en los próximos días con esta central y con CCOO, para tratar de las medidas que en breve adoptará el Ministerio dentro de la política de devolución del protagonismo de las relaciones, laborales a las fuerzas sociales, según explicó el ministro de Trabajo, Rafael Calvo Ortega, en la rueda de prensa mantienida ayer con la Agrupación de Periodistas de Información Laboral (APIL).

Además de las relaciones del Ministerio de Trabajo con los sindicatos -«en la mejor línea para un trabajo en común»-, el señor Calvo Ortega abordó en la reunión informativa los distintos aspectos que conforman la reforma laboral en marcha, el destino del patrimonio sindical, la conflictividad laboral, la ley de acción sindical y la campaña de promoción del empleo.Según los datos oficiales, la conflictividad laboral ha disminuido en las últimas semanas de manera considerable. Mientras que en el primer semestre del pasado año se registraron 2.091 conflictos, en igual período de este año sólo ha habido 723. Por ello, el número de horas de trabajo perdidas por este concepto en lo que va de año supone casi diecinueve millones de horas menos que en igual período del pasado año.

Ello se debe, según el ministro, a un mayor sentido de la responsabilidad tanto de empresarios como de trabajadores, así como al hecho de que ahora las negociaciones son más intensas.

Reforma laboral

Entre los proyectos en preparación para llevar adelante la reforma laboral prevista por el Ministerio de Trabajo -«sobre la base de la mayor proximidad posible entre las partes interesadas, que no la negociación»- figuran diversos decretos ley a punto de ultimarse relativos a la negociación colectiva, reforma del fondo de garantías salariales, sobre trabajo a tiempo parcial y contratación temporal y creación de los institutos de Estudios Sociales, de mediación y arbitraje y el Instituto Nacional de Empleo.

Los respectivos decretos ley que regularán estos aspectos están muy avanzados y su aprobación se prevé gradual hasta completar la reforma laboral dentro de este mismo año. El contenido de estas normas será dado a conocer a las fuerzas sociales más representativas -el ministro aludió en concreto a CCOO y UGT por parte de los sindicatos y a la CEOE y la Cepymel por parte empresarial a través de los contactos que a tal fin se inician esta misma semana.

El decreto ley sobre negociación colectiva, del que en la actualidad existen tres proyectos alternativos -uno de los cuales fue filtrado a la prensa recientemente- centrará su contenido en el abstencionismo de la Administración en todo lo referente a la negociación de convenios colectivos. Entre los aspectos que regulara figura el ámbito de los convenios, contenido material de los mismos, plazos de negociación y de vigencia de los acuerdos, legitimación de las partes negociadoras y arbitraje.

El ministro rehusó revelar aspectos concretos del contenido de los tres borradores citados por considerarlo una «descortesía hacia las partes afectadas, que los conocerán en breve y sin posibles distorsiones».

La reforma del fondo de garantías salariales es materia de otro de los decretos ley que prepara Trabajo, el cual persigue adaptar a la casuística actual el contenido de esta norma contenida en la ley de Relaciones Laborales con un enunciado «lo suficientemente ambiguo como para ser fuente de conflictos».

«El fondo de garantías salariales, aunque en la actualidad sirve perfectamente a los objetivos que persigue, requiere no obstante su adecuación a la situación real de la economía (le las empresas. Una de las pretensiones del decreto ley que modificará su regulación es aumentar hasta el 0,3%0, la aportación empresarial, única fuente de financiación del mismo, desde el 0,3%, que actualmente aportan los empresarios», explicó el ministro.

Las aportaciones del fondo en los últimos meses han experimentado un sensible aumento, pasando de los 456 millones de pesetas abonados en marzo del presente año a los 1.244 millones que pagó el mes de mayo último. «Interesa resaltar, no obstante, que los expedientes presentados hasta la entrada en vigor del decreto ley que preparamos al respecto se sustanciarán de acuerdo con la ley de Relaciones Laborales.»

El decreto ley sobre trabajo a tiempo parcial y contratación temporal, destinado exclusivamente a dar ocupación a los trabajadores en paro que están acogidos al seguro de desempleo, contiene como novedad la proporcionalidad entre el coste de la Seguridad Social que abona el empresario por cada trabajador y el tiempo por el que se contrata a éstos.

Unificación de las acciones contra el paro

Además de los institutos de Estudios Sociales y de Mediación y Arbitraje que por sendos decretos ley serán creados próximamente, el Ministerio tiene ya ultimado el oportuno proyecto de decreto ley sobre creación de un Instituto Nacional de Empleo, en el que se integrarán todos los órganos que tienen alguna competencia sobre el empleo.

Se persigue el traspaso a la Administración del Estado de los actuales servicios de empleo y acción formativa, así como de las competencias referidas a la gestión del seguro de desempleo al departamento ministerial responsable de la política de empleo. De esta manera, la actuación coordinada permitirá una acción más eficaz en la lucha contra el paro.

También es pretensión de Trabajo la creación de un instituto de asistencia jurídico laboral gratuita al trabajador, con independencia de su filiación sindical. Este proyecto no le pareció aceptable a las centrales cuando se las informó del mismo, por lo que el Ministerio lo tiene congelado.

Patrimonio sindical

También anunció el ministro que ha sido concluido el estudio pormenorizado del patrimonio sindical incautado, sobre el que el Gobierno está en la mejor disposición para su devolución. No obstante, y dada la dificultad que entraña la acreditación jurídica de sus destinatarios, así como la imposibilidad material de cuantificar el valor actual de los bienes en relación a su valor original, el problema «tendría mejor solución en el contexto de una negociación política, sobre la base de devolver los bienes que actualmente tiene la AISS, con independencia de su primitivo valor», según opinión del ministro.

En cuanto al patrimonio acumulado durante la etapa del verticalismo, el señor Calvo Ortega manifestó que a pesar de haberse finalizado el inventario sobre el mismo, no existe por el momento criterio para su devolución.

Finalmente, sobre el proyecto de ley de Acción Sindical que espera ser debatido por el Pleno de las Cortes, el ministro asegura que no será retirado por el Gobierno. Tampoco él lo defenderá en el Pleno, lo que no significa que no se identifique con su contenido, «pues ya no es cosa del Gobierno, sino de la Cámara, que lo ha dictaminado».