El Pleno de la Constitución

EL PLENO del Congreso inicia hoy el debate del proyecto constitucional ya dictaminado por la Comisión. Los acuerdos a los que llegaron a finales de mayo las direcciones de los dos grandes partidos, con activa colaboración de la Minoría Catalana y del PCE sobre buena parte de las cuestiones litigiosas, van a ser, presumiblemente, confirmados por las sesiones plenarias de la Cámara. El partido del Gobierno ha renunciado a presentar enmiendas al texto, lógica consecuencia del hecho de que sus posiciones nunca fueron derrotadas en la Comisión o bien impuso sus tesis mediante mayorías aritméticas con el concurso de Alianza Popular, o bien pactó con la oposición parlamentaria situada a su izquierda fórmulas consensuales. Los grupos parlamentarios que participaron en esa creación del consenso sobre partes sustanciales del anteproyecto también se verán obligados a respetar los acuerdos.Sin embargo, los socialistas, los comunistas y la Minoría Catalana presentarán enmiendas sobre una serie de puntos que no fueron resueltos mediante la negociación, sino por la imposición de la voluntad desnuda de UCD en esas materias. La abolición de la pena de muerte, el control parlamentario de los medios de comunicación, la explícita mención a la Iglesia católica en el artículo 15, la sindicación de los miembros de la carrera judicial y el derecho de asilo son algunas de las cuestiones que van a ser objeto de esas enmiendas. Es claro que si el partido del Gobierno no llega a acuerdos con los enmendantes, las propuestas correrán el mismo destino que en la Comisión, porque el apoyo de Alianza Popular a UCD o su abstención proporcionará al Gobierno la mayoría necesaria para imponer, de nuevo, sus puntos de vista. También podría ocurrir que UCD respetara la cláusula de libertad de conciencia de sus diputados en cuestiones que competen a la moral individual, como el derecho de asilo o la abolición de la pena de muerte, o que casi la rozan, como la discriminación de que pueden ser objeto los jueces. Pero lo deseable sería que el grupo parlamentario gubernamental ampliara las áreas de consenso hasta cubrir la totalidad, o al menos gran parte, de los artículos en que optó por Alianza Popular antes que ceder terreno en la negociación con la Minoría Catalana, los socialistas y los comunistas. Todavía se está a tiempo de ofrecer al país un texto que sea al menos homogéneo en lo que respecta a su génesis.

Para alcanzar ese objetivo es necesario que los demás grupos -y no sólo el Gobierno- se muestren propicios a la negociación y al acuerdo; en este sentido la renuncia del PSOE a defender su enmienda sobre la forma de Estado resulta prometedora.

En el Pleno del Congreso los cuatro grupos parlamentarios que con mayores o menores dificultades llegaron a pactos satisfactorios sobre una gran parte del anteproyecto van a ser los grandes protagonistas, pero no los únicos actores. Alianza Popular va a utilizar todos los derechos que otorga un Parlamento democrático a las minorías para que hagan oír su voz. Las numerosas enmiendas presentadas por los neofranquistas tienen en común su carácter regresivo y también el objetivo de servir de bandera en el futuro para una campaña de reforma de la Constitución que acerque su articulado lo más posible a las añoradas Leyes Fundamentales del antiguo régimen.

En ese mismo plano de testimonialismo táctico, aunque con un sentido diametralmente opuesto, se situarán, las enmiendas del señor Letamendía, diputado de Euskadiko Ezkerra, y que, igualmente, aprovechará, ejerciendo unos derechos en cuyo mantenimiento se halla la clave del arco del sistema pluralista, las posibilidades legales que ofrece la democracia incluso a sus adversarios. Nos parece que la oportunidad brindada al señor Letamendía es, precisamente, la mejor manera de demostrar que las afirmaciones de sus compañeros de que nada ha cambiado en este país no resisten a la prueba de los derechos ni al análisis lógico, aunque cabe dudar de la capacidad para el razonamiento correcto de quien pide la abolición de la pena de muerte y, a la vez, justifica y comprende, aunque no apruebe políticamente, que los pistoleros de ETA siguen la vida de miembros de las fuerzas de orden público y de simples ciudadanos.

Pero a la hora de enmendar el texto constitucional desde un punto de vista vasco será el PNV y no el señor Letamendía el Pian protagonista del Pleno. El representante de Euskaliko Ezkerra sólo pretenderá convertir a la Cámara en una caja de resonancia para sus opiniones. Sin embargo, resulta muy difícil no creer a los dirigentes del PNV cuando afirman que buscan un acuerdo que les permita dar su sincero apoyo al texto constitucional. El resto de los grupos parlamentarios deben tratar de hallar fórmulas que satisfagan al nacionalismo vasco, pero la negociación es algo bien distinto a la rendición incondicional ante el PNV.

La política de uniformidad regional y de regímenes preautonómicos ideada en mala hora por el Gobierno es, en gran parte, responsable de que los vascos se sientan insatisfechos con las declaraciones generales sobre las autonomías. Pero la opinión pública también tiene derecho a preguntarse las razones por las que Cataluña, representada en el Congreso por diputados socialistas, comunistas y de Convergencia Democrática, considera aceptable e incluso elogiable el proyecto de Constitución, mientras que la representación parlamentaria de los vascos se escinde dramáticamente a este respecto.

Si las reticencias del PNV frente a la Constitución provienen del propósito de no perder los votos vascos abiertamente independentistas, los herederos de Sabino Arana están cometiendo un serio error de cálculo: ETA continuará asesinando con la cobertura de las indecisiones del PNV, provocando el éxodo de inversiones y de capitales vascos hacia otros territorios y desplazando la situación de Euskadi y de España entera hacía la involución y el conflicto civil como campo donde imponer su hegemonía. Y si el rechazo del texto constitucional se basa en que no haya sido aceptada la fórmula del PNV para explicar la génesis de la unidad española y para reparar las ofensas causadas a los vascos en la lejana época de las guerras carlistas, el resultado final será el mismo. Con la única diferencia de que las graves responsabilidades históricas del PNV habrá que imputárselas no a su maquiavelismo, sino a su doctrinarismo, más propio de una política de alcanfor que de una sociedad joven y moderna.