Réquiem por ETA

LA DECISIÓN del Gobierno de aprobar por decreto-ley, de manera transitoria, el proyecto remitido a las Cortes sobre medidas contra bandas armadas y terrorismo es irreprochable desde el punto de vista legal, político y democrático. Por un lado, al establecer la transitoriedad del decreto-ley, que sólo estará en vigor hasta que las Cortes se hayan pronunciado sobre el proyecto que les fuera remitido a primeros de este mismo mes, deja claro que se trata de llenar un tiempo vacante en la reglamentación de una materia tan delicada como vital para la definitiva consolidación de la democracia como es la lucha contra el terrorismo. Por el otro, la petición unánime del Congreso de anteayer, instando al Gobierno a la adopción de medidas urgentes, tras los últimos asesinatos de ETA militar en Euskadi, ha recibido de este modo respuesta convenientemente legitimada.Las tesis tradicionales que consideraban los actos terroristas como delitos diferentes, tanto por su intencionalidad como por sus efectos, se ven en la actualidad corroboradas, pero justo en el sentido contrario: si antiguamente estas tesis jugaban en favor del terrorismo político, hoy esta misma diferencia reivindicada juega en contra: el terrorismo político está siendo ampliamente perseguido en todo el mundo occidental. Si antiguamente el carácter político de un delito podía justificar la imposibilidad de acceder a la extradición de los autores de un país a otro, hoy, por el contrario, la Convención Europea contra el Terrorismo, vigente en dieciocho de los veinte países del Consejo de Europa -pues España lo firmó el pasado 27 de abril-, especifica con toda claridad que el carácter político de un acto terrorista no puede ser alegado en contra de la extradición.

El terrorismo, esa forma degradada del lenguaje, como ha sido denominado, es siempre el arma de los débiles, no se olvide. En el caso del reiterado y desesperado terrorismo de ETA militar en el País Vasco esta debilidad ha pasado de ser física a moral. No se trata de una lucha contra una opresión superior, desde el punto de vista de la fuerza, sino desde la moral colectiva. La debilidad de ETA militar es ahora moral frente al establecimiento de la democracia en España. El innoble e irracional asesinato de José María Portell ha terminado de aislar políticamente a los desesperados restos de una ETA cada vez más dividida y arrinconada. Si el pasado mes de octubre no había consenso entre los partidos parlamentarios para establecer una nueva legislación antiterrorista, anteayer, en el Congreso de Diputados, nadie dejó de condenar a ETA ni de pedir al Gobierno medidas urgentes contra dicha organización. Toda la izquierda vasca, excepto PSOE y PCE -esto es, sus partidos más representativos- estaban hasta hace poco en contra del proyecto antiterrorista. Hoy, hasta ETA político-militar ha condenado los dos últimos atentados, señalando con claridad que esta fracción de la organización renuncia a la política de la violencia. ETA militar se ha quedado sola.

El nuevo decreto-ley da poderosas armas al Gobierno y a los ministerios del Interior y Justicia para luchar contra el terrorismo en Euskadi. Es de esperar que estas armas sean aprovechadas con eficacia y justicia. La acción policial debe ser llevada con todos los medios necesarios, pero también con toda corrección, pues una represión indiscriminada podría dar armas nuevas a los propios terroristas. La respuesta debe ser contundente, pero selectiva, pues no se pueden aplicar de manera extensiva e indiscriminada medidas que de por sí son excepcionales. No se olvide tampoco que la represión sola no basta, que el terrorismo jamás puede ser aniquilado por la simple fuerza, por la sencilla razón de que el terrorismo es el arma de los desesperados, y la desesperación no razona ni calcula. La solución final no puede ser más que política.

La estrategia para luchar contra el terrorismo, que no dudamos en calificar de residual, de los restos de ETA militar, parece estar clara. Una acción en profundidad, con todos los medios a su alcance, pero selectiva siempre, de la policía y el cuerpo judicial. Un aislamiento, político total de los terroristas por todas las fuerzas políticas de Euskadi, sin excepción ni ambigüedades. Y, por último, que entre los Gobiernos de Madrid y París se actúe de manera coordinada y según las normas fijadas en la citada Convención Europea contra el Terrorismo, que Francia y España ya han firmado. No cabe duda también de que los últimos atentados de ETA militar constituyen, asimismo, una evidente provocación en el mismo momento en que llegaba a Madrid el presidente Giscard d'Estaing, para volver a enfriar las relaciones entre Madrid y París. Es de esperar que nadie sucumba a la tentación de caer en esa grosera y burda provocación. Tanto el cumplimiento de las normas internacionales vigentes y suscritas por Francia y España como la defensa de los propios intereses nacionales de los dos países pasan por un entendimiento en profundidad en este tema. Los restos radicalizados y asesinos de la ya moralmente difunta ETA deben ser erradicados del País Vasco, de ambos lados de la frontera.