La nostalgia de las Cortes orgánicas

Algunos políticos y, sobre todo, algunos periodistas se están poniendo nerviosos ante la perspectiva de que el Congreso y el Senado se deciden a estudiar, examinar y, discutir el proyecto de Constitución. Lo mejor era, sin duda, que la ponencia (siete personas) lo arreglara todo; ya que no era posible, hubo que transigir con que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso (36 diputados) se ocupara del asunto. Pero la idea de que los 350 diputados tengan algo que pensar y decir parece inquietante; y no digamos si se trata del Senado.Cuando se contaba en los periódicos que la Comisión había aprobado veinticinco artículos de una sola tacada, muchos estaban exultantes. La cosa no era para tanto; por muy acelerada que fuese la Comisión, nunca podría competir con las llamadas Cortes Españolas de la «democracia orgánica», que aclamaron en una sola sentada la ley que pretendía ser el equivalente de una Constitución.

La democracia nominal parece bien; su ejercicio efectivo molesta demasiado. Si la Comisión lo ha dejado todo «atado y bien atado», ¿para qué va a haber aguafiestas? ¿No es una impertinencia querer poner en juego la inteligencia y la voluntad -y los derechos parlamentarios- para votar libremente un texto constitucional que sea el mejor posible, del cual no tengamos que arrepentirnos demasiado pronto, que pueda comprometer las fantásticas posibilidades que España tiene hoy en la mano, a las que no debe renunciar?

El primer anteproyecto me pareció lamentable, y sobre eso sí que parece haberse conseguido el famoso «consenso» -tan traído y llevado, tan mal aplicado con frecuencia-. El segundo representó una considerable mejoría, con la corrección de algunos de los más graves errores; el texto aprobado tras las discusiones de la Comisión significa un nuevo perfeccionamiento. Razón de más para seguir mejorándolo. Los defectos son todavía muchos y graves. Hasta ahora ha intervenido el 10% del Congreso; es menester que el 90% restante se enfrente con el proyecto y aporte todas sus luces para rectificarlo, pulirlo, hacerlo menos equívoco, más sobrio y riguroso, más adecuado a la realidad española. La Comisión no tiene más función que preparar un documento sobre el cual tiene que trabajar el Pleno del Congreso, haciendo gravitar sobre él la voluntad personal de los parlamentarios y sobre todo el mandato de los electores a quienes representan y que sin duda les pedirán cuentas de su gestión (por ejemplo, en las próximas elecciones).

Y después, el Senado. La idea de que el Senado exista y cumpla con su deber saca de quicio a algunos. Es curioso que cuando el Senado aprueba fáciImente y sin reparos una ley procedente del Congreso, las minorías que en él han votado contra ella se indignan y dicen que el Senado es una «Cámara eco o de resonancia»; pero cuando la ley en cuestión se ha aprobado en el Congreso con el beneplácito de esas mismas minorías, y el Senado encuentra que no está suficientemente justificada o que encierra errores, y acuerda enviarla a estudio de la Comisión correspondiente, hay otra oleada de indignación, motivada por la idea de que el Senado es una «Cámara freno».

El Senado es una Cámara perfectamente soberana, colegisladora con el Congreso, en modo alguno subordinada, y no es que tenga el derecho, sino que tiene el deber de enfrentarse a fondo con el proyecto constitucional -que no pasa de proyecto mientras no sea una constitución aprobada, refrendada y promulgada-

¿Quiere esto decir que debe repetir el proceso que se ha seguido en el Congreso y ahora va a continuar en su Pleno? En mi opinión, no, porque el Senado es una Cámara distinta, con funciones todavía no bien determinadas, pero sensiblemente diferentes.

Mi opinión es estrictamente personal, ya que no pertenezco a ningún partido, y dentro del Senado, a la Agrupación Independiente, la cual lo es tanto, que sus miembros no sólo somos independientes de los partidos y de las consignas, sino de la propia Agrupación. como demuestra el hecho de que en la mayoría de los casos, cuando hay votación, ejercitamos las tres posibilidades: sí, no y abstención.

No creo que el Senado deba «peinar» el texto del proyecto constitucional en busca de errores, imperfecciones, superfluidades o deficiencias, de menor cuantía. Sería un error hacer perder largo tiempo con discusiones minuciosas sobre puntos secundarios. Es menester aprovechar el tiempo y el trabajo acumulado por los diputados. Incluso podría aconsejarse pasar por alto reparos posibles a cuestiones de detalle y que no afectan a la estructura política de España.

La atención de los senadores debería concentrarse en aquellos puntos de los cuales depende la configuración -es lo que quiere decir «constitución»- de España, la eficacia de sus instituciones, el perfil inequívoco de todas sus magistraturas. Esto es lo que verdaderamente importa. La segunda mirada que pertenece al Senado debe intentar ver a dónde llevan algunas disposiciones del proyecto, qué conflictos pueden provocar, a qué situaciones ambiguas pueden conducir, cómo pueden ser aprovechadas por intereses particulares, qué grave repulsa pueden provocar en porciones considerables del pueblo español. Debe proponer que esas disposiciones sean corregidas, perfeccionadas, tal vez eliminadas del texto definitivo.

A la inversa, el Senado puede echar de menos algo esencial que haya sido olvidado o desatendido por el Congreso. Su labor no tiene por qué ser sólo correctora o negativa, puede ser afirmativa y creadora. Lo que no está previsto en el proyecto, pero debiera estarlo, debe ser incluido. Las facultades necesarias para cumplir una función deben ser reconocidas. (En cambio, no se deben consignar facultades «aparentes», que parecen existir, pero no se pueden ejercitar, porque dan a su titular una responsabilidad que no está justificada por la efectividad de su ejercicio.»

¿Quiere esto decir que el Senado debe retener largos meses el proyecto de Constitución? No lo creo así. El tiempo se pierde con el «hacer que hacemos», las reuniones interminables, la palabrería hueca. Hay personas que no saben cómo acabar, y producen en los oyentes la angustia de que van a seguir ya para siempre en el uso de la palabra, por tener muy poco que decir y no encontrar una frase que pueda ser la última.

Lo necesario es ejercitar el pensamiento. Es menester que sobre la Constitución se piense (se ha hecho, creo yo, demasiado poco, como ocurre con casi todas las cosas: vivimos en una época en que se han inventado innumerables técnicas de trabajo que consisten primariamente en evitar el pensamiento, en sustituirlo por cualquier otra cosa). Y el pensamiento no lleva mucho tiempo, porque fatiga enormemente. Cuando sobre algo se piensa de verdad una hora, se encuentra uno con este doble resultado: se ha avanzado enormemente, se está muy cansado. Si entonces se intenta seguir pensando, tal vez media hora más, se llega resueltamente lejos. Hay que hacer una pausa, y se ve que se tiene derecho a ella.

Cuando las Cortes «orgánicas» aprobaron por aclamación una larga ley fundamental, «constitucional», que ni siquiera habían leído, que oyeron leer -tal vez distraídamente-, sentí una profunda vergüenza. No sólo política -eso que se llama lipori o vergüenza ajena, claro está- sino intelectual, simplemente, humana. ¿Córno era posible que nadie se prestase a semejante farsa? Fuese cual fuese el texto propuesto, ¿podía aprobarse así? Puede imaginarse mi reacción cuando, con nostalgia de aquello, se nos invita -tal vez con malos modos- a repetirlo.