Dinero para Canarias

LA RECIENTE gira canaria del presidente Suárez despertó unas esperanzas paradójicamente malogradas por la lluvia de millones que el Gobierno ha hecho caer sobre el archipiélago en el último Consejo de Ministros. Aquel prolongado viaje presidencial venía, en gran medida, obligado por necesidades perentorias de política exterior en un momento en que varios gobiernos y organizaciones internacionales cuestionaban la españolidad de las islas. Pero, sin duda, los canarios percibieron también la posibilidad de que el Gobierno entendiera el crónico « problema canario » y emprendiera por primera vez en siglos una política adecuada a una región insular, atlántica y distante miles de kilómetros de las costas peninsulares.Ese entendimiento no parece haberse producido, por cuanto el Gobierno ha dado a entender que el problema canario es una simple cuestión de inversiones. Las opiniones de los canarios sobre estas medidas (ver información en página 17) vienen a coincidir en que se ha optado una vez más por el paliativo de acciones coyunturales sobre la infraestructura de las islas, con el agravante añadido de que, según fuentes solventes del archipiélago, el 90% de los casi 29.000 millones de pesetas otorgados a Canarias eran inversiones en curso o previstas con anterioridad.

Ciertamente, no le sobrarán esos millones a una de las regiones españolas con mayores tasas de analfabetismo, desescolarización, mortalidad infantil, crecimiento demográfico, chabolismo, emigración, paro y subempleo; pero la mera inyección económica por vía de los gobiernos civiles obvia el problema de fondo, lo aplaza e insiste en lo que podríamos denominar «política de las Hurdes»: cada determinado período de tiempo un político con ínfulas regeneracionistas visita las Hurdes, desglosa un apartado del presupuesto destinado a la comarca y las Hurdes, con todo su significado sociopolítico, continúa prácticamente en la misma situación hasta la próxima visita de un nuevo mecenas.

El mero hecho de haber marginado a la Junta de Canarias de las medidas gubernamentales sobre el archipiélago es un indicador grave de la desacertada perspectiva del Gobierno que, en el contexto del énfasis preautonómico de toda España, soslaya al organismo preautonómico de la región española por excelencia: Cananas. Por otra parte, medidas muy concretas, como la estatización o regionalización de la propiedad de las aguas, alguna decisión sobre los múltiples proyectos de industrialización, alguna medida tendente a aliviar el descontrol y el gigantismo turístico en que han caído las islas, habrían sido más eficaces y esperanzadoras que las cifras de seis ceros para un archipiélago que no puede ser condenado a convertirse en el Hong-Kong del Atlántico.