La Constitución reconocerá la iniciativa pública en la actividad económica

El reconocimiento constitucional de la iniciativa pública en la actividad económica y de la participación de los trabajadores en la Seguridad Social fueron los dos logros socialistas en la sesión de ayer, en contra del criterio de Alianza Popular. Por su parte, este grupo logró incorporar al texto constitucional la particular atención de los poderes públicos, junto a otros sectores económicos, al de la artesanía, así como a la racional explotación de los recursos naturales.

El comienzo del estudio del título VII del anteproyecto de Constitución, sobre Economía y Hacienda, se produjo ayer en la Comisión Constitucional con notable retraso sobre la hora prevista, hecho que fue lamentado por el presidente Emilio Attard, al que más tarde se unió Manuel Fraga, quien recordó que él estaba presente desde la diez de la mañana. (La sesión no pudo iniciarse, por falta de diputa dos, hasta después de las once y cuarto.)Un segundo hecho suscitó de nuevo la indignación del señor Fraga, que en esta ocasión fue secundada y amparada por el señor Attard. Se trataba de la presentación de una enmienda in voce por parte del Grupo Socialista sin la suficiente antelación para ser conocida por el resto de los comisionados. El señor Fraga se negó a iniciar el debate si antes no se había repartido el texto de la enmienda, en la que el diputado aliancista, a través de la lectura que se había hecho de ella, decía no entender lo que quería decir «pública». Más tarde, el señor Fraga se irritaría otra vez, ante la intolerable falta de silencio en la Comisión. «Quien tenga que negociar algo, que se vaya fuera», dijo.

La enmienda citada, en su primera parte, decía así: «Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica.» Por los socialistas, Enrique Barón manifestó que se trataba de superar al Estado liberal y amparar la iniciativa estatal en una serie de actividades que el Estado moderno cumple actualmente. En la parte segunda de la enmienda, los socialistas pretendían sustituir la expresión «mediante ley se podrá» -referida a la reserva al sector público de recursos o servicios esenciales- por la de «la ley podrá», que estimaban más correcta y acorde con el derecho comparado.

El señor Fraga, en nombre de AP, recordó la importancia de título que se estaba debatiendo y reconoció que no era uno de lo más perfectos en la redacción dada por la ponencia. «Pero una cosa es mejorarlo, y otra muy distinta empeorarlo», añadió. Estimó que no debe propiciarse el Estado liberal pero tampoco una intervención estatal excesiva.

Por UCD, Santiago Rodríguez-Miranda expresó la no oposición del partido gubernamental a la primera parte de la enmienda socialista; que concuerda con el marco constitucional establecido: la economía social de mercado. En cambio, se mostró contrario a la segunda parte, cuya redacción estimó similar a la de la Constitución portuguesa, pero no usual en el resto del derecho comparado.

Los diferentes grupos parlamentarios expresaron su adhesión a la fórmula socialista, excepto Alianza Popular, en nombre de la cual el señor Fraga insistió en su rechazo a la enmienda. Acusó al socialismo de burocrático y retó a los socialistas a que expliquen el modo de desarrollo de su modelo autogestionario. Refutó los ataques al intervencionismo franquista, en base al desarrollo logrado durante ellos, por parte de la iniciativa privada. En definitiva, el señor Fraga declaró que los socialistas intentaban aumentar la dosis de socialismo en la Constitución, a lo que Alianza Popular se opondría.

Así ocurrió en el momento de la votación, en la que resultó aprobada la primera parte de la enmienda socialista por los dieciséis votos favorables de la izquierda y minorías nacionalistas, y con los dos únicos votos en contra de los diputados aliancistas. En todo caso, las diecisiete abstenciones de UCD -una más de las expresiones del consenso que ayer continuó negociándose entre bastidores- fueron las decisivas para la aprobación de la enmienda.

En cambio, la segunda parte fue rechazada y prosperó el texto del anteproyecto. También se opuso UCD a un paso más en la dosis socialista de la Constitución. La enmienda de Emilio Gastón tendía a suprimir en el apartado segundo del artículo 120 la expresión «se podrá» y a que dijera: «la ley reservará al sector público los servicios públicos esenciales, la explotación de fuentes de energía o las actividades que constituyen monopolio». Fue rechazada con catorce votos favorables -socialistas y PNV-, diecisiete en contra -UCD y AP- y dos abstenciones: Comunista y de la Minoría Catalana.

Asimismo fue rechazada otra enmienda del propio señor Gastón, por la que pretendía añadir un tercer apartado al mismo artículo, que dijera: «Los recursos o servicios esenciales que puedan constituir monopolio, llevarán implícita la declaración de utilidad pública a efectos de posibilidad de expropiación, de posible interés inmediato y de necesidad de ocupación.»

Participación en la Seguridad Social

Una nueva enmienda socialista, en esta ocasión defendida por Eduardo Martín Toval (Socialistas de Cataluña), logró Introducir en el artículo 121 la participación de los interesados en la Seguridad Social. La única oposición y los dos únicos votos en contra fueron de Alianza Popular. El señor Fraga consideró preferible la fórmula del anteproyecto, más genérica -«la ley establecerá las formas de participación de los interesados en la actividad de todos los órganos públicos ... »-, y no vio la necesidad de aludir concretamente a la Seguridad Social.

En contra de esta tesis, el socialista Virgilio Zapatero consideró una importante concreción: el reconocimiento constitucional de que los trabajadores participarán en la Seguridad Social.

El último de los artículos aprobados ayer, el 122, dio ocasión a que Alianza Popular obtuviera el premio de consolación de la sesión. El texto de la ponencia establecía que los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos, y enumeraba particularmente algunos de ellos. Las enmiendas de los aliancistas Licinio de la Fuente y Antonio del Valle dieron ocasión, respectivamente, a la inclusión de la referencia al sector artesano y a la racional explotación de los recursos naturales. El artículo fue aprobado por unanimidad.

Por último, suscrita por todos los grupos parlamentarios y defendida por el ucedista mallorquín Francisco Gari, se presentó una enmienda, según la cual, al aludir a la equiparación del nivel de vida de todos los españoles, se añadiría: « ... atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular». El señor Gari manifestó que no se trata de que la insularidad sea un privilegio, sino de eliminar las desigualdades, y, en todo caso, «que no cueste más ser español por el hecho de ser insular».

Se aceptó unánimemente el texto, pero se decidió incluirlo en el artículo 131, que regula el equilibrio económico entre las diversas partes del territorio español.