Descubierto un fraude al Tesoro de 500 millones de pesetas
Los servicios de Inspección de Aduanas e Impuestos Especiales, dependientes del Ministerio de Hacienda, han finalizado una investigación que ha permitido descubrir un fraude al Tesoro por valor de quinientos millones de pesetas, mediante percepción indebida de cantidades por el concepto de desgravación fiscal a la exportación. Este fraude tributario es el primer caso de delito fiscal después de que esta figura fuera aprobada por las Cortes dentro de la ley de Medidas Urgentes Fiscales.De acuerdo con la información recogida por EL PAIS en diversas fuentes, las actuaciones de la Inspección han evitado, además, que se percibiesen 150 millones de pesetas que se encontraban en trámite de liquidación, así como de otros 350 millones de pesetas en operaciones ya planeadas por una de las organizaciones que se ha desarticulado.
Las operaciones fraudulentas descubiertas y en las que están implicadas diferentes empresas, consistían en la exportación de mercancías diversas (láminas litográficas, fotolitos, artículos de papelería, materiales de construcción y decoración, confecciones textiles y otros) extraordinariamente sobrevaloradas o bien simulando ventas en firme al extranjero, también sobrevaloradas.
Igualmente se ha descubierto que algunas operaciones de exportación realizadas por la aduana de Barcelona, especialmente en régimen TIR, eran simuladas, no existiendo salida física de -las mercancías al extranjero, al aprovecharse de las facilidades a la exportación al realizarse los despachos sobre documentos en un gran porcentaje en el momento de la salida de las mercancías, completándose aquéllos con posterioridad con comprobaciones de inspección en los domicilios fiscales de los exportadores.
Aunque figuran como titulares de las operaciones de exportación más de veinte personas físicas y jurídicas, los presuntos organizadores y perceptores reales de las cantidades obtenidas fraudulentamente son, al parecer, Jorge Bordera, con domicilio en Mongat, y Jorge de Molina, Antonio Gubianas, Joaquín Valls y Ramón Mimó, con domicilio en Barcelona. Además, aparece el nombre de un súbdito norteamericano llamado Alfred Mautice Bourla
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Varias empresas denunciadas por defraudar al fisco
(Viene de la página primera.)
Las personas que han venido siendo utilizadas como titulares de las exportaciones fueron captadas mediante anuncios en la prensa y únicamente percibían modestas cantidades mensuales, previa la firma de poderes para utilizar su nombre como exportadores y la firma de talones bancarios en blanco, correspondientes a cuentas corrientes abiertas para el ingreso de las cantidades liquidadas por desgravación fiscal a la exportación. Los poderes eran firmados a favor de personas de la confianza de los organizadores de tales operaciones.
Entre las empresas que figuran implicadas en esta defraudación fiscal figuran cuatro empresas barcelonesas: Molina y Cía, Compañía Española del Cacao, Instituto Español de Publicaciones y Sedre, SA.
Igualmente, figuran implicadas numerosas personas físicas que, habitualmente utilizaban denominaciones comerciales como las que se indican junto a los nombres de los implicados.
José García Francos, Hogar Infantil; José Orlando Parrondo López, Unidex; Emilio Gibert Figuerola, Intercontinental Arte Gráfica; Miguel Lucea Gambin, Exportex; J. Santa Teresa Sáez, Corona Internacional; Francisco Soler Serra, Ceinco; Domingo Gubianes Jover, Edarmo; Luis Palau Fortuny, Ibercomex; José Luis Vivas Sebastián, Graphtecnic; Enrique Batidor Andreu, Instituto Gráfico Novarte; Jesús Angel Fuertes Pérez, Comexport; David Palleja Secali, Chemical Spray Española; Bartolomé Figueras Herrero, Interex; Francisco Serrano Merlos, Edicrom Ibérica; Enrique Gonzalbo Latorre, Merinsa; Cherif Youssef, Expograf.
En general, tanto las empresas como las personas físicas implicadas, han venido utilizando simples oficinas o despachos alquilados con el exclusivo fin de recibir notificaciones y correspondencia. Normalmente, al cabo de un período de varios meses, cesaban en sus actividades, desapareciendo sucesivamente los titulares de las operaciones de exportación, lo que ha dificultado notablemente las actuaciones de la inspección.
Como resultado de las comprobaciones, se han extendido las actas, diligencias e informes correspondientes, por infracciones de delitos monetarios, contrabando, defraudación monetaria, delitos conexos y por presunto delito fiscal vigente, tras la publicación de la ley de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, consistente en el disfrute ilícito de beneficios fiscales, por importe superior a los 43 millones de pesetas, mediante la exportación simulada de confecciones textiles.
Independientemente de las penas que puedan recaer por los diferentes delitos cometidos, por lo que respecta al fraude fiscal, la ley de Medidas Urgentes contempla las siguientes penas: multa del tanto al séxtuplo de la cantidad defraudada, arresto mayor para cantidades entre cinco y diez millones de pesetas y prisión menor para cantidades superiores a diez millones.
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