Banesto se hace cargo de la administración del Banco Coca

Con un lacónico alguacilero y medieval «se hace saber que el Banco Español de Crédito asume la garantía de todos los depósitos bancarios en Banco Coca y responde ante sus actuales y futuros depositantes y clientes del buen fin de los mismos», quedaba, en principio, zanjada ayer tarde una de las incógnitas bancarias más importantes de los últimos tiempos, que ha sembrado un notable grado de confusión en el mundo bancario durante estos días.

Recientemente, medios bancarios habían especulado insistentemente sobre la posibilidad de que la operación de absorción del Coca por el Banesto estuviera en peligro. Esta hipótesis estaba avalada por las presuntas irregularidades que habrían tenido por escenario el Banco Coca y que afectaban a altas personalidades de la dirección del banco. Como les hechos no han sido aún suficientemente esclarecidos, todo esto no pasa de ser una sospecha, aunque cada día aparecen nuevos datos que avalan la implicación de la institución bancaria absorbida.

Retirada de fondos

El clima de inseguridad creado entre los clientes del Banco Coca ha provocado incluso retirada de fondos en estos últimos días por parte de algunos clientes, a pesar de que existe un seguro de riesgo de depósitos bancarios que cubre totalmente los depósitos hasta la cifra del medio millón de pesetas.

Este deterioro de la situación para el Banco Coca podía haber creado serios problemas al banco absorbente, el Banesto, por lo que ayer hubo diversas reuniones en el Banco de España, que culminaron con el acuerdo entre Banesto y Coca, mediante el cual el primero se hace cargo, con carácter inmediato, de la administración del Banco Coca, «con independencia del proceso de fusión», según señala el comunicado emitido ayer tarde por Banesto.

El proceso de fusión culmina el próximo día 11 de este mes. En realidad, la medida adoptada ayer tarde supone, de hecho, adelantar los acontecimientos y permitir a Banesto una más rápida clarificación del asunto.

Medios bancarios insistían ayer, sin embargo, en que el nombramiento de Ignacio Coca como vicepresidente de Banesto y de dos de sus hermanos como consejeros está bastante en entredicho, ya que no parece razonable que el primer banco del país, el Banesto, tenga ocupando el cargo de vicepresidente a un banquero cuyo banco ha experimentado serias dificultades cuando no anormalidades delictivas, estas últimas pendientes de averiguación por las autoridades administrativas y de veredicto por los tribunales.

La nota distribuida anteayer por el Banco Coca en la que trataba de desligarse de los presuntos delitos que han salido a la luz pública estos últimos días no ha respondido realmente a la necesidad de una información más detallada por parte de este banco. En efecto, nada se dice de las presuntas evasiones de impuestos realizadas en la compra-venta de inmuebles realizada por el Banco Coca hace unas semanas y de las que afloraron plusvalías por valor de 843 millones de pesetas, cuyo destino aún se desconoce. Eso sí, el Banco Coca aclara que está dispuesto a «la entera colaboración» con los órganos de la Administración Tributaria, cosa evidente, por otra parte, ya que han sido éstos los que han tomado la iniciativa de investigar las operaciones del banco, para lo cual les asisten todos los derechos.

La marcha de las investigaciones

Por otra parte, las investigaciones en torno al affaire del Banco Coca continúan a ritmo lento en los tres frentes de actuación, debido esencialmente a la complejidad del tema, según han confirmado a EL PAIS diversas fuentes consultadas. Hasta el momento -manifestaron los mismos medios- no han sido detectadas evidencias de nuevos delitos, aunque sí parecen existir indicios de que pudieran existir importantes ramificaciones que conferirían al caso mayor envergadura de la presumida en principio. Medios próximos a la investigación han insistido en señalar la existencia de numerosas hipótesis de trabajo, aunque ninguna de ellas haya podido ser, hasta el momento, confirmada.

El grueso de las investigaciones se centra actualmente en hallar el origen de las cantidades evadidas y aprehendidas a los tres encartados -871 millones de pesetas en total-, analizando, sobre todo, una posible obtención ilegal de dicha suma. Para ello, parece que están siendo contrastadas rigurosamente todas las operaciones de empresas y sociedades en las que hayan tenido participación los inculpados, la mayoría, de ellas del sector inmobiliario y participadas del Banco Coca. Paralelamente, se investiga la posible existencia de mayores evasiones y los métodos mediante los cuales fueron extraídos los 651 millones de pesetas que Enrique Miñarro confesó ante el juez haber sacado fuera de España, Otra parte de las diligencias se encamina a determinar posibles infracciones de las normas fiscales o de las de funcionamiento bancario, en el caso de que resultara finalmente implicada en el affaire la propia entidad, y no sólo miembros de su dirección ejecutiva a título personal.

Participan, por ahora, en las investigaciones la Brigada de Delitos Monetarios de la Dirección General de Seguridad, Inspección Fiscal del Ministerio de Hacienda y Servicios Inspectores del. Banco de España. Todas las actuaciones, sometidas al correspondiente secreto sumarial, son dirigidas por eljuez titular del Juzgado número tres de la Audiencia Nacional. Fuentes judiciales han comentado que en el caso de que fueran detectadas suficientes evidencias como para determinar delitos de índole distinta a la evasión de capitales, podría darse el caso de que intervinieran en el tema otros juzgados, contemplando separadamente cada uno de los supuestos delitos imputados. En el caso de que el asunto adquiriera proporciones desorbitadas, incluso podría llegarse a designar un juez especial, encargado de aglutinar todas las actuaciones.

La repatriación de capitales

En cuanto a la situación personal y legal de los encartados, permanecen en situación de libertad provisional bajo fianza, determinada por el juez competente en un total de noventa millones de pesetas: Enrique Miñarro (50), Antonio Fábregas (30) y Diego Ferrer (10). Este último, perteneciente al Cuerpo de Aduanas, se encuentra separado de su cargo desde el inicio de las actuaciones sumariales.

Hasta el momento no ha sido detenida ninguna otra persona, ni interrogado más que a los directamente implicados en las averiguaciones. Tampoco se han decretado embargos o incautaciones preventivas, con excepción de los cincuenta millones aprehendidos en un automóvil, los cien hallados en el domicilio del señor Miñarro y otros setenta millones descubiertos en la vivienda de otro de los detenidos.

Según diversas fuentes consultadas, efectivamente podría reducirse la pena de todos ellos, merced al compromiso de repatriar la totalidad de la suma evadida, aunque, al parecer, no han accedido a facilitar detalle alguno de las importantes incógnitas que todavía persisten.