El futuro del sector eléctrico español / y 3

Ingeniero de Minas. EconomistaComo se deduce de lo expuesto en la segunda parte de esta serie, el sistema eléctrico español, al no tener, como los de propiedad pública, la ventaja de su integración, ni la elevada productividad de algunos de propiedad privada, se encuentra en una posición desfavorable respecto a los demás países del mundo occidental. En estas circunstancias, la continuidad de las empresas eléctricas privadas, poco eficaces y a contracorriente histórica frente al proceso de intervención pública, no puede presentar buenas expectativas. Esto es un hecho, por otra parte evidente, del que son conscientes las propias empresas en primer lugar y la banca que las controla y hasta ahora las había respaldado.

A partir de esta situación de base se han acentuado en los últimos cuatro años (especialmente en los dos más recientes) dos factores que han ensanchado aún más la contradicción interna existente en el sector entre negocio privado y actividad esencial pública. El primer factor es el deterioro de las cotizaciones en Bolsa de las acciones eléctricas. Las eléctricas, junto con los bancos, habían constituido tradicionalmente uno de los valores más sólidos de la Bolsa. Las eléctricas, sin embargo, no sólo no se beneficiaron mucho del boom de 1972-73, sino que, tras haber acabado 1972 por debajo del índice general, comienzan ya a descender a primeros de 1973, un año antes de la bajada general de la Bolsa. Cuando esta última tiene lugar, a partir de 1974, las eléctricas acentúan una caída que las separa por completo de los bancos.

Esta caída de las cotizaciones, que ha supuesto un importante quebranto a un gran número de accionistas modestos, es probable que refleje en parte el resultado de la poco adecuada política financiera que, como ya se ha comentado, ha llevado al sector eléctrico en los últimos años, aunque dicha caída podría haberse acentuado si los bancos y algunos de los grandes accionistas se hubieran desprendido de paquetes importantes por falta de confianza en el sector.

El segundo factor amplificado en los últimos años, que ha acentuado la dimensión pública del suministro eléctrico, es el de la incorporación de la energía nuclear a la generación eléctrica. No es este el momento de referirnos al tema nuclear en su conjunto, ya que por su complejidad exige ser tratado aparte. Unicamente puede señalarse que el planteamiento conjunto de la energía nuclear desborda por completo el marco empresarial privado. Este planteamiento abarca, en efecto, las siguientes fases:

1. Aspectos político-estratégicos relacionados con la seguridad de aprovisionamiento de reactores y su combustible.

2. Seguridad y aceptación pública de las centrales y del ciclo del combustible, tanto meramente radiactivo-ambiental, como frente a posibles derivaciones para explosivos atómicos.

3. Financiación de un programa nuclear global (combustibles, reactores, investigación).

4. Quemado del combustible nuclear en las centrales.

5. Almacenamiento-reprocesamiento del combustible gastado.

6. Disposición de los residuos radiactivos y clausura final de las centrales ya desechadas.

De las seis fases anteriores, las empresas privadas necesitan que les sean resueltas por el Estado todas menos la cuarta, que es la rentable. En el pasado, las empresas han intervenido parcialmente en las cinco primeras fases indicadas, pero la nueva política antiproliferación internacional compromete seriamente las fases uno y cinco si éstas no son abordadas a nivel de Gobierno, que a su vez habría de respaldar financieramente (fase, tres) un programa nuclear privado de envergadura. La fase seis es por completo responsabilidad de la Junta de Energía Nuclear. Por su parte, los aspectos de imagen y aceptación pública derivados de la seguridad (fase dos) han sido tan comprometidos por un enfoque de las empresas orientado fundamentalmente hacia sus beneficios, que al Gobierno actual le han planteado un serio problema de enmendar o atenuar actuaciones en gran parte irreversibles para construir una confianza pública inexistente hoy, pero imprescindible para cualquier programa futuro.

El sector eléctrico en el Plan Energético

La caída en Bolsa y los problemas nucleares han acentuado en los últimos años la crisis del sector eléctrico, de forma que el Gobierno Suárez se ha encontrado con la necesidad de iniciar, con una serie de medidas técnicas, una potenciación y adaptación del sector a las circunstancias de eficacia, servicio público y control que hoy priman en los otros países del mundo occidental. Frente a esta actuación se ha producido, sin embargo, una reacción de algunos dirigentes del sector eléctrico que han tratado de politizar un tema que es fundamentalmente técnico-económico, al ser conscientes del perjuicio que toda medida que favorezca la transparencia y racionalización puede originar a sus intereses.

Para analizar un poco más en detalle este aspecto, es, sin embargo, conveniente proceder antes a identificar los distintos grupos de intereses implicados en el desarrollo del sector eléctrico, según se efectúa en el cuadro adjunto. Como puede observarse, la dimensión de los diferentes grupos no guarda relación con el poder de decisión de sus componentes sobre el sector, pudiendo extraerse al respecto tres conclusiones de tipo general:

1. Existe una contraposición entre los intereses de distintos grupos, lo que exige una intervención de la Administración para armonizar todos ellos con el interés común.

2. Es necesario un desarrollo institucional que permita a grupos muy numerosos y afectados por el desarrollo del sector intervenir en él, de forma que puedan defender sus intereses (consumidores, afectados ambientalmente, accionistas pequeños, empleados).

3. El sector eléctrico, a pesar de su función pública, se encuentra desproporcionadamente controlado y manejado desde hace muchos años por un grupo muy reducido de personas, muy relacionadas en algunos casos con la banca.

Precisamente este grupo oligárquico, nostálgico de unos privilegios que cada vez le resultan más difícil mantener, es el que ha protagonizado la reacción antes indicada, intentando, mediante tendenciosas notas a la prensa el intervenciones en juntas de accionistas, manipular a la opinión pública, enfrentando a parte de dichos grupos entre sí y con el Gobierno y frenar cualquier intento racionalizador, al politizarlo y plantearlo como una inexistente y falsa alternativa «iniciativa privada o colectivismo de Estado».

Dándole la vuelta a las palabras pronunciadas recientemente en la Junta general por el presidente de una de las principales empresas eléctricas, puede decirse que «el Estado no debe dejar de intervenir de forma directa en el sector eléctrico por razones políticas coyunturales», ya que frente a la oposición política que pueda representar esa minoría que controla el sector, deben pesar más los beneficios que para la gran mayoría pueden derivarse de una racionalización que lo ponga más en línea con el existente en el área de Europa occidental en que pretendemos integrarnos.

Intervención naturalmente no quiere decir buroratización, sino actuación efectiva de una empresa pública eléctrica reorganizada, y control por una Administración dotada de medios humanos suficientes para garantizar que el sector actúe con una mayor eficacia y subordine sus criterios empresariales parciales al interés común. Por su parte, los accionistas, directivos y técnicos de las empresas eléctricas deben comprender que su verdadero interés en el sector, no sólo no coincide, sino que es puesto en peligro por la inflexible posición que trata de mantener la mencionada oligarquía. Como indicó el actual presidente de UNESA, al tomar posesión, las empresas eléctricas «tendrán que ceder en algunas ocasiones». Esta expresión, pronunciada en unas circunstancias de cambio en LTNESA que se interpretaron como una adaptación y sincronización de dicha entidad con la nueva situación del país, no se ha visto, sin embargo, luego confirmada por los hechos.

A su vez, la gran banca con intereses eléctricos debe, por su parte, llevar a cabo ese «pacto con la realidad», que se le pedía en un inteligente artículo publicado hace algo más de un año en este periódico, buscándose un nuevo lugar en la sociedad industrial avanzada a la que nos encaminamos; lugar que, como se indicaba en dicho artículo, «no está ya en el control de los grandes monopolios sin riesgo económico». La necesidad de esta nueva actuación de la banca ha sido naturalmente comprendida por su sector más progresista, que ha indicado recientemente, por boca del presidente de la Asociación de Banca, Rafael Termes, que el papel de la banca «debe ser el apoyar y propiciar el sistema, pese a que las consecuencias del mismo sean un incremento del riesgo y una tendencia a la disminución del beneficio». Sólo falta que esta expresión sea asimilada por todos y puesta en práctica.

Las empresas eléctricas americanas, que recibieron «de uñas» a Carter y a su política nuclear, ya parecen empezar a comprender la nueva situación que puede primar en el futuro y, a la vez que apoyan los esfuerzos de conservación, desarrollo solar, etcétera, y cumplen el nuevo papel nuclear que les ha marcado el presidente, sus elementos más conservadores ya han recibido el mensaje de sus compañeros de California: «Si creéis que se nos están poniendo mal las cosas con Jimmy, esperada que tengamos a Jerry», refiriéndose al gobernador Brown, del estado de California, que mantiene posturas todavía más contrarias a las compañías en el tema. ¿Es que los que quieren conservar el sector eléctrico en España no piensan que puede aplicarse esa misma frase sustituyendo, por ejemplo, a Jimmy y Jerry por Adolfo y Felipe?