Los socialistas buscan una legislación de consenso sobre la libertad de expresión

El Parlamento volvió ayer a debatir el tema de la libertad de expresión y de sus limitaciones actuales a través de la interpelación planteada al Gobierno en el Pleno del Congreso por el diputado socialista Pablo Castellano, y a la que contestó el ministro de Cultura, Pío Cabanillas. En las últimas semanas el Congreso y el Senado han abordado en dos ocasiones este tema, concretado fundamentalmente al proceso seguido al grupo catalán Els Joglars, con motivo de las preguntas formuladas por la diputada socialista Marta Mata y por el senador del grupo de los Progresistas y Socialistas Independientes José Vicente Mateo, respectivamente.

En esta ocasión, sin embargo, la interpelación del diputado socialista tendió, por encima de los casos concretos de represión de la libertad de expresión que haya podido haber en los últimos meses, a llamar la atención del Gobierno sobre la necesidad de llegar a un -consenso sobre el tipo de legislación que debe regular en un Estado democrático la libertad de expresión, que no debe ser cautelar, sino impulsora de este derecho y de su ejercicio, y, en general, de todos los derechos fundamentales de la persona.Además de este tema, que destaca sobre todos los demás, el Pleno del Congreso de ayer, con escasa asistencia de diputados en los bancos de UCD y con la ausencia de los de Alianza Popular, absorbidos por el problema de su retirada de la Comisión Constitucional, abordó también en la sesión de la mañana una interpelación al Gobierno sobre el paro agrícola en Andalucía y Extremadura.

Por la tarde, sesión anodina

La sesión de la tarde se desarrolló con una escasísima presencia de diputados que, por parte de UCD, no llegaban a quince al comienzo, mientras que en la parte izquierda del hemiciclo, más nutrida, los socialistas alcanzaban el medio centenar. Con este ambiente, que el ministro de Educación y Ciencia, Iñigo Cavero, se encargó de recordar que era normal en los Parlamentos y que, cuando el nuestro adquiera más rodaje, las ausencias serán mayores, las interpelaciones y preguntas de los .diputados y las respuestas del Gobierno fueron desgranándose de modo monótono y anodino.

La interpelación del diputado catalán. Ramón Trías sobre la enseñanza en lengua materna resultó, además, reiterativa, por cuanto repitió los argumentos utilizados hace muy pocos días en la Comisión Constitucional en defensa del bilingüismo. El señor Trías se esforzó en insistir en la conveniencia de que el catalán se enseñe obligatoriamente en Cataluña, donde actualmente sólo 250.000 niños lo estudian.

Un consumo excesivo de tiempo en su intervención provocó el toque de atención por parte del presidente del Congreso, a quien el señor Trías pidió unos minutos más «después de cuarenta años de persecución del catalán». Más tarde, replicando al ministro de Educación y Ciencia -quien había declarado que la comprensible impaciencia catalana no se resolverá hasta que se produzca la transferencia de competencias a los entes autonómicos-, el señor Trías aseguró que los catalanes no podían esperar tanto. «Si nos pasamos cuarenta años sin catalán porque no se quiso, que no nos pasemos ahora otros cuarenta sin él porque no se puede», dijo:

La segunda interpelación a cargo del señor Trías, en esta ocasión sobre la difícil situación de la industria textil catalana -«cuyos días están contados», según dijo-, fue contestada por el ministro de Industria y Energía, Agustín Rodríguez Sahagún, quien aseguró que muchas de las medidas propuestas en la interpelación habían sido ya adoptadas desde que fue formulada en el pasado mes de abril. Se refirió el ministro particularmente a los cambios estructurales habidos en el sector, en especial la disminución en el empleo, consecuencia de la paulatina conversión de industria manufacturera en industria de capital.

El señor Rodríguez Sahagún señaló como la principal respuesta del Ministerio de Industria y Energía a la crisis textil ha sido la puesta en marcha o prórroga de los tres planes de reestructuración textil que afectan a los sectores algodonero, lanero y sedero con fibras continuas.

El conflicto de Ascon y sus soluciones

La última interpelación fue formulada por Marcelino Camacho, del Grupo Comunista, sobre la situación de Astilleros y Construcciones, SA, empresa que, según el señor Camacho, ha intentado ejercer «el derecho de pernada sobre los obreros ».

El ministro de Trabajo, Rafael Calvo, hizo un resumen del proceso del conflicto citado, incluida la concentración de cuatrocientos trabajadores, que dio lugar al cierre de la factoría de Vigo y al despido de doce trabajadores y, más tarde, de otros veinticinco, con motivo del juicio de los siete primeros. El señor Calvo ofreció como solución que se acepte la decisión de la autoridad judicial sobre los despidos y que la autoridad laboral requiera a la empresa para que abra la factoría.

El señor Camacho propuso que, el Tribunal Supremo, ante el que se halla el caso de los siete primeros despedidos, resuelva por procedimiento de urgencia, a lo que el señor Calvo contestó que así ha sido solicitado por su departamento.

Por último, a la pregunta del diputado de UCD, José Manuel Coticeiro sobre los problemas de las comunicaciones aéreas con Galicia, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Salvador Sánchez Terán, dio cuenta de las medidas previstas para la mejora del aeropuerto de Santiago de Compostela.