UCD "congela" en el Senado la asistencia de abogado al detenido

La actutid abstencionista de UCD impidió ayer que el Senado ratificase los proyectos de ley aprobados con anterioridad por el Congreso sobre la asistencia de letrado. al detenido desde el momento de su detención y sobre la despenalización del uso de anticonceptivos. Los votos de los senadores socialistas, Progresistas y Socialistas Independientes, vascos, Entesa dels Catalans y algunos senadores reales, no fueron suficientes para alcanzar los dos tercios de votos necesarios, por lo que los citados proyectos pasarán a la Comisión de Justicia del Senado, donde serán estudiados antes de pasar de nuevo al pleno de la Cámara alta.

La congelación legislativa promovida por UCD, en base a criterios perfeccionistas de los textos, fue en varias ocasiones calificada por los socialistas de «freno al desarrollo democrático» y de tender a desvirtuar los aspectos progresistas contenidos en los proyectos aprobados por el Congreso.El debate sobre la despenalización del uso de los anticonceptivos dio ocasión a que ucedistas y socialistas expusieran sus contrapuestas concepciones sobre la moral y la vida sexual. UCD dio a entender que su oposición a la aprobación del proyecto de despenalización de los anticonceptivos tenía como objetivo limitar la excesiva publicidad de tales medios.

Más político, el proyecto de ley sobre la asistencia letrada al detenido atrajo hacia sí, no sólo la hostilidad del grupo de UCD, sino la de varios senadores reales. Este proyecto de ley, aprobado por el Congreso con la adición de una enmienda socialista que admite la asistencia del letrado al detenido desde el mismo momento de su detención, adolece, según el portavoz de UCD en el Senado, Antonio Jiménez Blanco, de varias «imperfecciones técnicas», entre ellas la de que obliga a declarar al detenido cuando esté presente su abogado. El ministro de Justicia, Landelino Lavilla, expresó su esperanza de que en el proyecto definitivo la presencia del abogado esté recogida en términos más precisos, que podrían consistir en que el abogado esté ausente de las diligencias policiales, ya que sólo sería admitido una vez iniciadas las propiamente judiciales.

Por su parte, el senador por designación real Antonio Pedrol, presidente del Consejo General de la Abogacía y decano del Colegio de Abogados de Madrid, en una intervención muy matizada sobre el valor del proyecto, estimó que era aceptable, pues sus posibles imperfecciones podrían ser interpretadas correctamente con la buena voluntad de las distintas partes afectadas. El decano del Colegio de Abogados de Madrid votó a favor de la aprobación del proyecto.

En relación con la despenalización de los anticonceptivos, tanto UCD como los socialistas se declararon a favor del proyecto, pero mientras a los primeros les parecía excesiva la publicidad permitida en el mismo, a los segundos les parecía suficientemente controlada. «Pese a que el proyecto no satisface a algunos socialistas -dijo el senador Joaquín Navarro-, aquél debe ser aprobado, pues ya sabemos que las promesas de perfeccionamiento de UCD desembocan en el deterioro del texto aprobado en el Congreso.» Los senadores Villar Cerón y Ripoll, de UCD, manifestaron que había que evitar el desmadre propagandístico de los anticonceptivos, y que «la propaganda pueda deteriorar el derecho a la información de los españoles».

Finalmente, el Pleno del Senado también decidió enviar a la Comisión de Justicia, esta vez con la actitud unánime de todos los senadores, el proyecto de ley aprobado por el Congreso, por el que se rebajan las edades en los delitos de estupro y rapto.