"Es vital la garantía eficaz de los derechos, no su proclamación constitucional"

El ministro de Justicia, Landelino Lavilla, expuso ante la Comisión Constitucional la posición del Gobierno al comienzo de los debates sobre el anteproyecto. En esta primera toma de postura oficial del Gabinete sobre el tema, el ministro hizo constantes llamadas para que se eviten fórmulaciones utópicas o declaraciones retóricas, y pidió que se faculte la eficacia del Estado. Entre otras cosas, afirmó que «la cuestión vital no está en la proclamación constitucional de derechos y libertades, sino en su efectiva garantía».El portavoz de¡ Gobierno ante la Comisión Constitucional comenzó extrayendo de las intervenciones habidas en el debate que hay un acuerdo general sobre tres conclusiones: «que no somos un país congénitamente negado para la ordenada convivencia», «que la nuestra debe ser una de las llama das democracias occidentales», por lo que la trayectoria de nuestro pueblo no podrá trazarse ya a base de oscilaciones pendulares, y que no tienen futuro quienes perma nezcan anclados en el pasado o la revancha.

Dijo después que, si durante los últimos siglos la vida política española se ha caracterizado por un continuo tejer y destejer, hoy se trata de hacer la historia de otra forma, sin operar sobre el vacío previamente creado por nosotros mismos. Añadió que cada una de nuestras constituciones ha sido resultado de la imposición de una opción política sobre las demás, y ninguna ha expresado los supuestos comunes de la convivencia españíola, como se pretende hoy, pues es el único medio de encontrar estabilidad constitucional y «entender el Estado como expresión de nuestra comunidad y no como algo exterior a ella y frente al que sólo caben actitudes de defensa o de conquista».

Seguidamente, el ministro realizó diversas consideraciones concretas sobre el anteproyecto, pero advirtiendo que el Gobierno entraba en ellas desde una perspectiva institucional y no en función de su color político específico.

Afirmó, en primer lugar, que hay que tener especial cuidado en sortear las formulaciones meramente retóricas, prescindir de las declaraciones utópicas y no colapsar el funcionamiento de las instituciones. «Creo -agregó- que hubiera sido preferible una parte dogmática mucho más aligerada que la que figura en el proyecto; en la que el consenso no descansara tanto en ambivalencias cuanto en la escueta formulación de los puntos de convergencia; en la que la solemnidad de las declaraciones constitucionales no se viera devaluada por el exceso detallista; en la que, enfin, no figuraran buenos deseos sin el respaldo -por imposible- de garantías eficaces.»

«Resulta indispensable añadió- ajustar técnicamente el artículo 48, relativo a las garantías», a la nueva ordenación de la parte dogmática en libertades públicas (de amparo constitucional directo), derechos de los ciudadanos (de amparo legal) y principios rectores de la actuación política. «De no hacerlo asi, se desencadenaría una hipertrofia de las pretensiones con graves perturbaciones para la administración de justicia.»

Terminó este apartado apelando a la responsabilidad y solidaridad, como «reverso de la libertad», para «apercibir contra el riesgo de sacrificar las posibilidades de ejercicio de la autoridad y funcionamiento de la Administración pública. Punto éste de singular importancia en comunidades políticas como la nuestra, en las que dificilmente se ha concebido una autoridad liberal o una libertad constructiva y no disolvente».

Independencia judicial regulada por ley

En lo que concierne a la independencia judicial afirmó que «es una posición rigurosamente superficial la que plantea el tema únicamente en el plano institucional», para argumentar después que la independencia judicial se juega básicamente en cada juez y debe ser regulada en la ley, pues otro método puede resultar nefasto.

Sobre las autonomías, dijo que no cabe cuestionar la identidad naclional española ni regatear el reconocimiento de un régimen de autonomías, pues «España ha sido siempre una y varia». Sobre este punto, ofreció como perspectiva correcta la de «una organización del Estado en la que hay entes autónomos», en lugar de una tensión entre el Estado y los entes. Advirtió que para el Gobierno sólo es aceptable el término nacionalidades como expresión de identidades históricas y culturales, que «han de ser reconocidas y respetadas incluso en la propia dimensión política que les corresponde", y finalizó este apartado diciendo que afirmar -artículo 2- que la Constitución se basa. en la unidad de España no supone que tal unidad descansa en la mera eficacia jurídica de una norma, sino que es la proclamación que «los pueblos de España», integrados en «la Nación española», hacen de su voluntad de vivir unidos.

El ministro pasó rápidamente sobre el tema de la Monarquía, resaltando la importancia de la Corona en la transformación política actual, que el Rey quiso serlo desde el principio de todos los españoles, y que en la institución se simboliza la unidad y permanencia de España, se residencian las funciones arbitrales y se garantiza la estabilidad «enraizada en valores e intereses permanentes del ueblo español».