El Congreso aprobó la despenalización de los anticonceptivos

El grado de intensidad en la despenalización de los anticonceptivos y la posible despenalización del aborto dividieron ayer a la izquierda y la derecha parlamentaria en el debate del Pleno del Congreso sobre la modificación de los artículos del Código Penal referidos a estos temas. El tema del aborto quedó para otra ocasión y subsiste su penalización. Hubo acuerdo general en despenalizar el uso de procedimientos para «evitar la procreación», pero UCD logró imponer -con los votos en contra de socialistas y comunistas- la posibilidad de castigar la venta de aquellos anticonceptivos que sean «nocivos para la salud». El PSOE obtuvo una pequeña revancha al conseguir eliminar por un solo voto de diferencia -debido entre otras cosas al absentismo en las filas de UCD- que el Gobierno establezca por decreto limitaciones a la publicidad de anticonceptivos.

El debate con el que inició ayer su tarea el Congreso de Diputados ofrecía, por encima del interés estrictamente político, una destacada trascendencia social. Tanto el tema de los anticonceptivos, como la rebaja de la edad en los delitos de estupro y rapto eran cuestiones candentes para los diputados y sus representados. Por encima de anécdotas como la alusión del diputado ucedista Alberto Estella a que «todos conocemos que una española de cierta edad y formación no es fácilmente seducible» (que provocó la hilaridad en el hemiciclo), en el Congreso se enfrentaban ayer dos concepciones de la sociedad, afincada una en una tradición de la que se desea salir con cautela, y otra, en un ansia de progresar deprisa.La comunista María Dolores Calvet consideró insuficiente una ley que no nos incorporará a la Europa democrática y que continúa reprimiendo el aborto, en línea con la Italia de Mussolini.

Por UCD, Antonio Vázquez Guillén expresó la conveniencia de tratar sobre el aborto en un debate sosegado, más adelante.

El socialista Vicente Sotillo criticó la incoherencia de despenalizar el uso de anticonceptivos y crear, al mismo tiempo, un nuevo delito para castigar la venta de los que sean nocivos para la salud.

El socialista Vicente Sotillo criticó la incoherencia de despenalizar el uso de anticonceptivos y crear, al mismo tiempo, un nuevo delito para castigar la venta de los que sean nocivos para la salud. En apoyo de su tesis leyó un documento del subdirector general de Medicina que consideraba la nueva figura delictiva «innecesaria y tendente a confundir».

El comunista catalán José Solé Barberá (coletazo del IX Congreso: pidió a Vázquez Guillén que no le incluyera en el PCE, sino en la Minoría Comunista) expresó su «desesperación de jurista» ante una regulación demasiado pudorosa y tímida que no servirá para nada al no afrontar la despenalización del aborto ni despenalizar totalmente los anticonceptivos. «Sólo Hitler, Stalin y Franco han aplicado estas medidas», dijo el diputado comunista.

El señor Vázquez Guillén insistió en la necesidad de hacer frente al boom de anticonceptivos que se avecina defendiendo al ciudadano de los posibles peligros sanitarios de éstos, ya que se trata -según dijo- de una cuestión científica no resuelta dogmáticamente. En apoyo de su tesis citó una información de EL PAÍS en la que se recogían estadísticas sobre el uso decreciente de la píldora.

Las enmiendas socialistas y comunistas fueron rechazadas por márgenes de votos entre los cuarenta y los tres. En efecto, por sólo tres votos -136 contra 139 y cinco abstenciones- fue rechazada la enmienda comunista que pretendía suprimir la disposición adicional, según la cual el Gobierno, en el plazo de un mes, regulará por decreto la expedición de anticonceptivos y límites de publicidad, estableciendo el oportuno control Esta votación creó el ambiente para la siguiente, la de la enmienda socialista que pedía que el Gobierno no pudiera limitar la publicidad. de anticonceptivos, por entender los socialistas que, detrás de ésto, el Gobierno pretendía limitar la información sobre la materia. Aquí se produjo la sorpresa. Los tableros electrónicos arrojaron el siguiente resultado: 141 votos favorables a la enmienda, 140 en contra y una abstención. Las miradas se volvieron hacia los escaños de la derecha y después hacia los listines nominales de la votación. Por si ésta había producido dudas sobre la posición- de Alianza Popular, el diputado Pedro de Mendizábal, al explicar el voto, vino a declarar que ellos no habían sido.

Votaron sí, junto a los socialistas y comunistas -éstos con la excepción de Ignacio Gallego, que votó en contra- y la Minoría Catalana -a excepción de Antón Canyellas-, los ucedistas Salvador Sánchez Terán (éste atribuyó a fallo de la máquina electrónica el resultado de su voto), Manuel Bermejo, José Ramón Lasuén y Luis del Val. Como nota curiosa, Jesús Martínez-Pujalte, que había salido del hemiciclo, al parecer para buscar diputados centristas, no se encontraba en su escaño en el momento de la votación, pero había dejado introducida la llave y el ingenio electrónico registró su voto, contrario a la enmienda socialista.

A continuación se aprobó el proyecto de ley por el que se rebajan las edades para los delitos de estupro y rapto a dieciocho años, dieciséis o doce, según los casos.

La posición socialista, contraria al casuismo del Código Penal, que establece tipos penales no acordes con la realidad social del momento, se centró en la creación de un tipo penal único para cada uno de los delitos de estupro y rapto. En el caso del primero se trataría de penar a quien, ya sea hombre o mujer, prevaliéndose de su situación de superioridad respecto al otro, estableciera relación sexual con mayor de doce años y menor de dieciséis. En cuanto al segundo, se tipificaría el rapto de una persona mayor de doce años contra su voluntad y con pretensiones sexuales.

Ante la dificultad de obtener la aprobación de la enmienda en su totalidad, el grupo socialista pidió que, al menos, se derogaran el párrafo tercero del artículo 436, así como el 442, ambos del Código Penal.

Así fue aceptado por UCD y después por el Pleno, no sin que antes se escucharan las protestas de Manuel Fraga por el procedimiento, anómalo en su opinión, de aceptar la enmienda.

En la explicación de voto, el señor Mendizábal (AP) señaló, entre otras cosas, que la consideración del incesto como hecho que no presenta ningún problema para la herencia biológica, lleva a un materialismo marxista que los diputados de AP, que son espiritualistas, rechazan.