Liberales y conservadores británicos presionan por mayores recortes impositivos

Un nuevo «paquete» económico, más expansionista que el presupuesto presentado el martes al Parlamento, puede ser adoptado en julio por el Gobierno británico si la «cumbre» de Bonn de los países ricos decide relanzar el comercio mundial y combatir más enérgicamente el desempleo. Así lo ha sugerido el ministro de Hacienda, Denis Healey, aunque Callaghan se haya apresurado a desmentirlo después de que liberales y conservadores se hayan declarado insatisfechos con los recortes impositivos previstos en el presupuesto británico para el ejercicio 1977-78.

Los trece diputados liberales, con cuyo voto cuenta el Gobierno para sacar adelante el «Finance Bill» -presupuesto- en el Parlamento, acordaron ayer presionar para conseguir una disminución de los impuestos, cualquiera que sea su costo político. Nadie piensa, sin embargo, que los liberales unan su voz a los conservadores en la votación que sobre el presupuesto se realizará el lunes, tras tres días de debate en los Comunes. Un voto de desconfianza significaría el fin del pacto con los laboristas y unas elecciones generales demasiado anticipadas, que nadie quiere.Es seguro, sin embargo, que el partido del señor Steel introducirá enmiendas al Presupuesto durante su discusión en comité, antes de una segunda lectura parlamentaria, para intentar rebajar el porcentaje impositivo básico, el 34 %, que el ministro de Hacienda ha dejado intacto, a pesar de las numerosas protestas liberales.

El anticipo hecho por Healey en el sentido de que es posible otro mini-presupuesto en verano ha movilizado a los sindicatos para conseguir un aumento del gasto público que contribuya a paliar el desempleo, que supera ahora el millón y medio de personas y que es, sin duda, el problema estructural número uno con que se enfrenta Gran Bretaña. Un reciente estudio del grupo de política económica de la Universidad de Cambridge predice que, de continuar la actual política, el Reino Unido tendrá cuatro millones y medio de parados en 1990, cifra imposible de absorber sin gravísimos costos sociales y políticos. Estas previsiones pesimistas, sin embargo, son ahogadas informativamente por el optimismo proyectado a corto plazo por el informe del ministro de Hacienda sobre el Estado de la economía británica.

El Gobierno está convencido de que su proyectada tasa de crecimiento para el próximo año, un 3%, será suficiente para contener el paro en límites aceptables. Los sindicatos, sin embargo, ya han advertido al canciller del Exchequer, de que no están dispuestos a seguir «pagando el pato» de unos aumentos salariales teledirigidos desde el Poder. El comité económico de las Trade Unions ha reafirmado, tras una reunión de sus líderes, que los trabajadores quieren una «ordenada vuelta», a la libre negociación colectiva y rechazan la rígida política salarial impuesta hasta ahora por el Gobierno, a través del «pacto social», que constituye uno de los pilares de la recuperación económica británica.