Prensa de Estado: la vuelta del arbitrismo
LA PROPUESTA del PSOE para la reestructuración de los Medios de Comunicación Social del Estado consiste, a grandes rasgos, en la creación de una sociedad anónima de capital íntegramente estatal, cuyo consejo de administración sería designado por el Congreso de Diputados y estaría formado por miembros en proporción similar a la representación de los partidos en la Cámara. Esta reproducción en miniatura del Parlamento nombraría y revocaría a los administradores de la sociedad, y crearía sociedades de gestión para el manejo de los diferentes medios, que señalarían la línea de cada uno de ellos, desdeñaría el criterio de rentabilidad en la administración de la empresa e incorporaría a los consejos de administración de esas sociedades en cascada, además de los delegados de la sociedad matriz, a los trabajadores y a los parlamentarios regionales.Este monumento de improvisación, en la mejor tradición del arbitrismo, sorprende al espectador desde cualquier ángulo que lo contemple, pero, sobre todo, arroja serias dudas sobre la capacidad del PSOE para mantener en este tema una adecuada coherencia con sus planteamientos sobre el modelo de sociedad que propone para el futuro.
Se diría, así, que, después de todo, la política franquista de propaganda (más tarde rebautizada «información») no fue tan mala como algunos piensan. Parte de las instalaciones de los talleres y edificios de esos periódicos fueron incautados por los vencedores de la guerra civil a organizaciones políticas y sindicales o a propietarios particulares desafectos al régimen. El sostenimiento de esos medios, en su mayoría deficitarios, y la fundación de otros nuevos, para mayor gloria del régimen, fueron sufragados por los impuestos de los ciudadanos. Pero la doctrina del PSOE parece defender que estos cuarenta años habrían establecido un hecho consumado: la formación de un sector público de medios de comunicación, y en sí mismo respetable, que lleva aparejado la existencia de varios miles de puestos de trabajo. El franquismo, así pues, habría dejado como herencia una estructura útil y positiva a la que sólo habría que cambiar la función.
Resulta ya sospechoso que esa defensa del sector público de los medios de comunicación vaya siempre emparejada con el respeto a los derechos adquiridos y al puesto de trabajo de los profesionales del periodismo. Porque esa interesada presentación combina la demagogia con la hipocresía. La política de saneamiento y reforma de la economía, refrendada también por el PSOE en los pactos de la Moncloa, ha implicado el aumento del desempleo, como consecuencia, a la vez lamentable y lógica, de la necesidad de eliminar el despilfarro e ineficiencia que, tanto en el sector privado como en la empresa pública, tan activamente contribuyeron a deteriorar nuestra vida económica. No se pueden mantener en funcionamiento empresas públicas deficitarias con el argumento de que su cierre eliminaría puestos de trabajo. El presupuesto debe utilizarse, no como suero para un hospital de empresas moribundas, sino como medio para asegurar a quienes pierdan su empleo un seguro de paro equitativo, así como para dar facilidades crediticias a las cooperativas de profesionales que deseen hacerse cargo de la explotación de esas empresas, muchas veces deficitarias sólo por culpa del tradicional desprecio de algunos administradores de bienes estatales por el manejo correcto y prudente de los fondos públicos que les son confiados.
Los socialistas dicen ser partidarios de un modelo de sociedad pluralista orientada por la libertad, en la que la intervención del Estado se limitaría a impedir los abusos, suprimir las desigualdades y ofrecer bienes colectivos que la iniciativa privada no puede o no quiere suministrar. En sus banderas figura, también, la lucha contra la corrupción y el despilfarro en la Administración pública, contra el mantenimiento de los restos autocráticos en las instituciones estatales. De hacer caso a las últimas declaraciones del PSP, el socialismo español haría también suya la autogestión. La contradicción no puede ser mayor. Una Administración pública eficiente, al servicio de la sociedad y respetuosa con la iniciativa privada, promotora de la autogestión y el cooperativismo, nunca podría hacerse cargo de un importante conjunto de periódicos y revistas que arrojan elevados déficit, que hacen la competencia a la prensa nacida de la sociedad (incluida, por supuesto, la de los partidos y centrales sindicales) y que pasarían sin solución de continuidad de cantar las alabanzas del franquismo a elogiar al partido que controlara el consejo de administración de cada medio, y que usufructuara en beneficio propio fondos presupuestarios.
Pasando a detalles menores, la reproducción dentro del consejo de administración del abanico de fuerzas parlamentario, ideada como la purga de Benito que aseguraría la neutralidad de cada medio, parece una broma pesada en boca del PSOE. ¿Acaso la experiencia de su representante en el Consejo de RTVE no le ha enseñado lo suficiente sobre los escrúpulos de las mayorías a la hora de controlar un medio de comunicación? ¿O es que los socialistas se proponen multiplicar las «espantadas» de sus comisionados por el procedimiento de hacer más numerosos los órganos colectivos en los que se hallen en minoría?
Creemos que ya es hora que el Gobierno (cuyo proyecto de encomendar la antigua prensa del Movimiento a los «entes preautonómicos» y a la Administración local también peca de arbitrismo) y los partidos de la Oposición tomen en serio el tema de los medios de comunicación estatal, abandonando las fantasías de perpetuar, en marcos apenas transformados, esa aberración franquista. En ningún país de democracia pluralista existe prensa estatal. La resistencia a liquidar los residuos autocráticos del régimen en la política de información no debe escudarse en la coartada de proteger a los profesionales que pierdan su empleo con el cierre de las empresas deficitarias, ya que hay otros procedimientos para remediarlo; y las empresas rentables pueden encontrar en cooperativas de profesionales, en sociedades de redactores, en centrales sindicales, en partidos políticos o en empresarios privados, los futuros gestores.
