Duros ataques contra Sa Carneiro en Portugal
Con diferentes matices, todos los dirigentes políticos portugueses atacaron duramente en las últimas horas al presidente del Partido Social Demócrata (PSD), Francisco Sa Carneiro, quien la semana pasada criticó duramente al presidente de la República y la actual Constitución.Por su parte, el PSD se obligó a una semana de reflexión hasta su consejo nacional extraordinario, con el compromiso de todos sus jefes, incluido Sa Carneiro, de abstenerse de cualquier declaración hasta el sábado. La opinión que prevalece es que será necesaria la realización de un nuevo congreso extraordinario, que podrá celebrarse antes de fin de mes.
Ante la crisis que amenaza con desintegrar al PSD y provocar el nacimiento de un nuevo partido, el primer ministro y secretario general del Partido Socialista (PS), Mario Soares, declaró ayer que sigue con mucha atención el desarrollo del asunto.
Por su parte, Manuel Alegre, también dirigente del PS, acusó a Sa Carneiro de haberse ensañado con mala fe «en la figura del actual presidente de la República, general Ramalho Eanes». «Eanes no engañó a nadie», dijo Alegre.
También el secretario general del Partido Comunista (PCP), Alvaro Cunhal, denunció ayer, en un mitin, la conspiración que preparan las fuerzas de derecha a través de la coalición del Movimiento Independiente para la Reconstrucción Nacional (MIRN) y el PSD de Sa Carneiro.
Al presidente del Centro Democrático Social (CDS), Freitas do Amaral, la campaña contra Ramalho Eanes le parece «injusta y antidemocrática».
Después de lamentar la «oposición sistemática» que sufre el Gobierno, del cual su partido es corresponsable, Freitas do Amaral, advirtió que juega con fuego cuando sería deseable tomar conciencia de la grave situación que atraviesa el país».
Caetano, procesado
Por su presunta responsabilidad en las actividades policiales del régimen anterior, (PIDE-DGS), un tribunal instruye desde hace un mes el proceso a Marcelo Caetano.
El que fue último presidente del Consejo de Ministros del sistema totalitario derribado el 25 de abril de 1974 será juzgado al abrigo del decreto 8/75, que determina penas de ocho a diez años de prisión.
