Legislar la historia

ctivamente, las figuras de don Niceto Alcalá-Zamora y de don Manuel Azaña, elegidos en su día por los representantes legales del pueblo español, son los símbolos de un período que la Monarquía democrática española debe contemplar sin antagonismos históricos. Al igual que deben hacerlo con la figura de Alfonso XIII, otro símbolo de una época irrenunciable de nuestra historia contemporánea, cuyos restos mortales yacen todavía en tierra extranjera, los herederos de los partidos que hace medio siglo combatieron al abuelo del actual Rey.Esto exige un cambio fundamental en la actitud con la que contemplamos nuestro pasado, que sólo vivieron como presente una reducida minoría de los ciudadanos que hoy pueden ejercer sus derechos cívicos. Sin necesidad de olvidar los aciertos y errores de los grandes protagonistas de nuestra vida pública, o de simular ignorancia sobre sus tomas de posición y sus compromisos ideológicos, es preciso despolitizar, en el sentido partidario de la expresión, su memoria, para situarla en ese «panteón imaginario», parafraseando a Malraux, que resume el decurso inmodificable de la historia de España.

Por esta razón resulta sorprendente y doloroso que la repatriación de los restos mortales de don Francisco Largo Caballero, presidente del Gobierno en los primeros meses de la guerra civil y figura indisociablemente unida a la historia del PSOE y de la UGT, haya provocado airadas reacciones en algunos medios que parecen dispuestos a utilizar el pasado para hacer política durante el presente. No se trata, repetimos, de borrar la memoria histórica, sino de distinguir entre aquello que pertenece a la materia con la que se forja la unidad y la continuidad de un pueblo y aquello que corresponde al terreno de lo opinable y controvertible.