El peso de la política agraria

Las recientes negociaciones de precios agrarios sometidos a regulación de campaña han revelado una serie de síntomas atípicos en el comportamiento de las partes interesadas, cuya coincidencia con los cambios en el equipo económico del Gobierno es más que significativa. En primer lugar, la metodología de negociación conjunta, y sus resultados, ha supuesto un sedante para el sector agrario en lugar de adoptar ese temido efecto de espoleta que en tantas ocasiones se ha tratado de neutralizar con un método individual más controlado y de un claro efecto estratégico ante la amenaza de una movilización general del sector.Negociación conjunta

De la experiencia en este tipo de negociaciones parece deducirse que la negociación conjunta es, a todas luces, el sistema más favorable para los agricultores, ya que concentra los esfuerzos de la parte empresarial y permite una cierta flexibilidad en el tratamiento de algunos productos, a la vez que concede una mayor base de decisión para planificar las producciones de campaña. Desde el punto de vista práctico cabe pensar que ni la negociación individual ni la conjunta, por sí solas, son capaces de evitar el estallido del sector cuando el peso de la política agraria es insuficiente para sacar unos precios mínimamente rentables y un compromiso formal de medidas complementarias o de acciones estructurales a más largo alcance.

Aunque el ministro Lamo de Espinosa ha jugado fuerte la baza de precios en un momento singularmente preelectoralista (cámaras agrarias y municipales), no parece probable que el partido del Gobierno pueda capitalizar el resultado de esta gestión a corto plazo. Ni siquiera cabe pensar que sea ésta una operación estratégica de UCD cara al campo, cuando lo que se ha estado barajando son temas muy sensibles que responden más a una victoria del sector sobre la Administración que a una dádiva paternalista por parte de ésta. Lo que si cabe constatar, a la vista de los resultados, es una mayor capacidad de negociación del ministro Lamo y un mayor peso específico de la política agraria en el ámbito económico que domina Abril Martorell.

No deja de ser sintomático que un hombre como Fernando Abril, denostado como ministro de Agricultura por algunos focos activo del sindicalismo agrario, inicie sus primeras acciones desde la cartera de Economía con un desplazamiento del eje de la política económica hacia el sector agrario por la doble vía precios-estructuras. Del mismo modo, tampoco cabe atribuir al azar que por primera vez, frente a tirios y troyanos, el campo gane una batalla de precios que estaba inicialmente perdida o que, en todo caso, se ofrecía muy dura desde la óptica estabilizadora de hace tan sólo dos meses. Todo ello no hace sino apoyar la tesis de que gran parte de los males endémicos que aquejan al sector son producto de una serie de secuencias políticas en las que los distintos gabinetes de Agricultura apenas si han tenido peso específico en los niveles de alto gobierno. Cuando la política del campo español ha venido marcada por las injerencias departamentales de los ministerios «fuertes», el papel asignado a Agricultura apenas si ha sido algo más que meramente instrumental. Cuando el sector agrario ha jugado a comparsa en el gran esquema económico, sin objetivos propios, sin política definida y sin otra función que la de transferir recursos a un modelo de desarrollo que le ha sido ajeno, difícilmente puede hablarse de buena o mala gestión agraria. Más bien cabría matizar que esta gestión se ha perdido, fatalmente, en una insondable crisis de identidad. En base a esta realidad histórica, y quizá con cargo a ella, el ministro de Agricultura ha sido siempre un político condenado al fracaso.

Por más que se empeñen los teóricos de la economía en planificar el campo sobre el papel, por más que los agricultores destapen cada año la caja de los truenos y por más que surja un programa agrario dondequiera que haya un colectivo de voluntaristas, la realidad de la agricultura será siempre una realidad política de la que no cabe esperar más milagros que la capacidad de gestión del ministro del ramo y de su apoyo en los altos niveles de gobierno. Así hay que entenderlo, sencillamente, porque en el campo prima más la filosofía de lo empírico que los grandes pronunciamientos de los agraristas de turno.

Enseñar los dientes al Gobierno

Como base de reflexión quizá sea oportuno detenerse en la realidad presente. Aquí y ahora, abril de 1978, el campo acaba de ganar las primeras escaramuzas de una batalla antigua. Bueno será que los campesinos, de cuando en cuando, enseñen los dientes al Gobierno para que éste haga un elemental recuento histórico y no desbarate una línea de gestión que no ha hecho más que comenzar. Los indicadores más recientes revelan que el sector agrario, por primera vez, comienza a tomar cierto peso político. Un peso que quizá, de ahora en adelante, haya que medirlo en base a su potencial de electores.