La planificación y programación de la enseñanza deben ser controladas

La creación de un conjunto de órganos colegiados que, bajo la denominación genérica de Consejos Escolares, permitan la democratización de las instituciones educativas en sus dos vertientes fundamentales: los centros de enseñanza y el proceso de elaboración de decisiones por los órganos de la Administración educativa, es el principal objetivo de la proposición de ley presentada por el PSOE a la mesa del Congreso, donde será discutido en el Pleno que se iniciará el día 5 de abril.En una rueda de prensa celebrada ayer en la sede del Partido Socialista Obrero Español, el señor Gómez Llorente, especialista en temas educativos de este partido, miembro de su comité ejecutivo y vicepresidente del Congreso, manifestó que los socialistas consideran la creación de estos Consejos Escolares como un valioso instrumento para llevar a cabo la democratización de la enseñanza.

La toma en consideración de dicha proposición de ley fue rechazada en la Comisión de Educación, siendo también el Gobierno contrario a su toma en consideración por el Pleno, argumentando que él tiene su propio proyecto sobre régimen de centros.

Una de las características más importantes de esta proposición de ley es que toca a los aspectos de programación y planificación de la enseñanza con participación efectiva de todos los afectados.

De poco sirve el control democrático de los centros si no se tiene control sobre la programación de los contenidos a impartir, dijo Gómez Llorente, insistiendo en que esta faceta, reservada hasta ahora a burócratas de la Administración, también era una decisión política.

En la reunión fueron abordados otros temas relativos al artículo veintiocho del proyecto constitucional y las enmiendas presentadas al mismo por UCD. En este punto, Gómez Llorente advirtió que, en caso de que algún partido, apoyándose en una mayoría coyuntural, intentara meter en la Constitución toda su ideología, impidiendo un consenso, el PSOE se vería obligado, con todas las consecuencias que ello pudiera acarrear, a incluir en su programa la modificación de la Constitución.

Sobre la financiación de los centros y la libertad de enseñanza, la postura del PSOE es que no habrá por qué oponerse a la financiación de los centros no estatales con fondos públicos siempre que acepten una gestión democrática en la que participen profesores, alumnos, padres de alumnos y personal no docente en una serie de temas como contratación del profesorado, control del rendimiento docente, línea pedagógica, actividades paraescolares, etcétera.

En cuanto al principio de la libertad de todos los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos, el PSOE cree que la elección de centros está totalmente condicionada por factores económicos, por lo que la pluralidad de centros no parece el principio más idóneo para llevar a cabo este derecho, siendo más factible el que los padres tengan opción a intervenir en la planificación y programación de los centros de enseñanza.