Inmediata creación de una unidad de policía judicial

La remisión al Congreso de la ley de Valoración del Suelo y Medidas para la Ejecución del Planeamiento Urbanístico; la fijación del salario mínimo interprofesional en 548 pesetas diarias; el programa de medidas de apoyo a la exportación, y la inmediata creación de una unidad especial de policía judicial que actúe en la investigación de las actividades terroristas son, junto con varios nombramientos de gran importancia y significación, los acuerdos más importantes adoptados por el Consejo de Ministros celebrado ayer en el palacio de la Moncloa.

El Consejo de Ministros, pese a su breve duración -de nueve de la mañana a dos y media de la tarde-, trató diversos temas de gran importancia. Entre ellos destacan el conjunto de disposiciones relativas al cumplimiento de los acuerdos del pacto de la Moncloa en lo relativo a política de urbanismo, suelo y vivienda. Se aprobó así el anteproyecto de ley de Valoración del Suelo y Medidas para Ejecución de Planeamiento Urbanístico, que aborda la repercusión del planteamiento y plusvalía urbanísticas y amplía la capacidad de actuación directa del sector público. La ley pretende facilitar también la creación de un patrimonio público del suelo y establece derechos de tanteo y retracto, así como facultades más amplias para la adquisición de suelo por las corporaciones locales.El anteproyecto de ley incluye cinco capítulos: valoraciones y justiprecios de las expropiaciones; medidas para la ejecución del planeamiento, para la constitución y utilización de patrimonios públícos de suelo, para la creación de organismos de gestión urbanística y normas sobre agilización del procedimiento.

Las disposiciones estudiadas por el Consejo sobre vivienda comprenden también un anteproyecto de ley sobre un programa adicional para la construcción de 36.000 viviendas de promoción directa por el Instituto Nacional de la Vivienda, de las que una parte será decidida en régimen de alquiler. Igualmente se dictará una norma sobre la creación de un mercado hipotecario y se ha remitido al Consejo de Estado dos reales decretos-ley por los que se reorganizan y potencian las comisiones central y provincial de Urbanismo. Otros dos reales decretos-ley estudiados por el Consejo de Ministros tratan sobre la adjudicación de viviendas de promoción directa, de cara a su descentralización y sobre las bases que permitan la adopción de medidas eficaces para la utilización de viviendas desocupadas.

Apoyo a la exportación

En otro plano, el Consejo de Ministros aprobó el programa de medidas de apoyo a la exportación, que propuso el ministro de Comercio y Turismo. Este programa se incluía también en los acuerdos de la Moncloa y, según la referencia oficial del Consejo, refleja la importancia que concede el Gobierno a la actividad exportadora para reducir el déficit de la balanza de pagos, «déficit -se dice textualmente- que podría constituir un obstáculo insalvable a una política de expansión de la producción y del empleo en el futuro».

Como actuaciones principales, el plan propone las siguientes: reforzamiento de los elementos de apoyo al exportador como ferias, oficinas comerciales y misiones especiales; mejora de ciertos instrumentos de fomento á la exportación, principalmente en el campo de la desgravación fiscal, ordenación comercial y registros especiales de exportaciones; mayores estímulos a determinados sectores exportadores; ampliación de los recursos para la financiación de exportaciones, para la que se calculan necesidades de crédito en 1978 del orden de los 125.000 millones de pesetas, y perfeccionamiento del sistema de seguro de crédito a la exportación.

La instrumentación del plan se irá efectuando mediante sucesivas disposiciones. Asimismo, será tramitado un suplemento de crédito al presupuesto del Ministerio de Comercio.

Como estaba previsto, el Consejo de Ministros decidió elevar el salario mínimo interprofesional para el trabajador mayor de dieciocho años a 548 pesetas diarias o 16.440 al mes. Este aumento supone un 9,6% sobre el salario en vigor, fijado el 1 de octubre pasado. Otras medidas de interés económico aprobadas por el Consejo han sido los criterios básicos sobre ordenación de cultivos, por los que se especifica un trata miento diferenciado para los pere cederos y los no perecederos, y se establece que para cada producto o grupo se iniciarán en el FORPPA los trabajos para la elaboración de los correspondientes reglamentos de ordenación. La referencia del Consejo alude también a la aprobación de regulación de la campaña lechera en su primer período y a la fijación de precios de venta al público, pero no precisa las cifras concretas. Igualmente se aprobó un anteproyecto de ley por el que se destinan otros 8.000 millones de pesetas «a paliar la grave situación del paro y a atajar las desfavorables perspectivas de su evolución en un futuro inmediato».

En el transcurso del Consejo, el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, informó ampliamente sobre los últimos atentados y actos terroristas, así como del desarrollo e incidentes ocurridos en la celebración del Aberri-Eguna. El Consejo anunció a este respecto que adoptará las decisiones gubernativas oportunas, «sin perjuicio de dar traslado al ministerio fiscal de los hechos delictivos ocurridos».

En relación con los atentados terroristas, se acordó la creación de una unidad especial de la policía judicial que, «en inmediata colaboración con las autoridades judiciales competentes, actúe en la investigación y descubrimiento de las acciones y actividades terroristas». Los Ministerios de Justicia y del Interior prepararán «los proyectos de disposiciones necesarios para facilitar y potenciar la investigación y acción policiales» y se introducirán las modificaciones precisas, «tanto en las relacionadas con la actuación policial como procesales». Sin embargo, la referencia no precisa qué disposiciones en concreto serán adoptadas.

En el campo del orden público y de prevención del delito, el Consejo de Ministros acordó crear una comisión mixta integrada por representantes del Ministerio del Interior y de las entidades de crédito para el estudio de los sistemas de seguridad existentes. Se declara obligatoria la instalación en todas las oficinas bancarias de mecanismos de alarma conectados con los servicios de las fuerzas de seguridad del Estado y dispositivos técnicos idóneos para la identificación de los posibles delincuentes. Igualmente se regula la vigilancia, protección y seguridad de los valores, depósitos, custodia y transporte de objetos preciosos, etcétera. Esas medidas deberán ser adoptadas antes del 1 de octubre próximo en las poblaciones de más de 100.000 habitantes.

Por último, el Consejo de Ministros acordó la reestructuración orgánica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como una nueva ordenación de la administración de la Aviación Civil y un real decreto por el que se «armonizan los regímenes fiscal y foral de Navarra con la ley sobre medidas urgentes de la reforma fiscal», decreto sobre el que no se precisan más extremos en la referencia.