Escaso interés político en las preguntas de los senadores
La primera parte de la sesión plenaria que celebró el Senado ayer estuvo dedicada a una serie de preguntas sobre temas regionales y agrarios, que fueron contestadas, en nombre del Gobierno, por los ministros de Obras Públicas y Urbanismo y Agricultura, y por otros altos funcionarios de la Administración. El debate careció de gran interés político y estuvo centrado en cuestiones muy concretas y en ocasiones muy técnicas.Pedro Cañada (UCD). Si las autonomías van a llevar a la desaparición de Extremadura, ¿qué hacemos aquí los representantes de aquella región? Si las autonomías van a seguir la política de buscar a la oveja perdida, tal vez lo mejor para nosotros sea salir del redil. Pregunto al Gobierno con qué criterios disminuye el Estado las inversiones y qué medidas piensa tomar el Gobierno para corregir las desigualdades regionales.
José Luis Leal (secretario de Estado de Coordinación y Programación). Los criterios de planificación regional han sido más sectoriales que regionales y concretamente en Extremadura la inversión del sector público ha sido del 23%, por encima de la inversión media nacional de este sector, que es de un 16%. Existen datos que registran una cierta redistribución de la renta entre las regiones como consecuencia de la actividad del Estado, aunque seguramente no tanto como sería necesario. Como en el caso italiano, no es útil construir catedrales en el desierto.
Pedro Cañada. Extremadura no es un desierto, pero, sin embargo, parece que estamos condenados al subdesarrollo. Invito a los ministros a que salgan de las oficinas y visiten Extremadura.
Trasvase Tajo-Segura
Joaquín Hurtado (UCD). Extremadura necesita una infraestructura en estos momentos en que ha despertado su conciencia regional sin ambiciones separatistas. Los cacereños nos oponemos al trasvase Tajo-Segura, porque toda nuestra riqueza depende de nuestro padre el Tajo. ¿Va a ser cumplida la ley del trasvase en toda su integridad, de forma que sólo se trasvasen las aguas sobrantes y con las debidas garantías?
Joaquín Garrigues (ministro de Obras Públicas y Urbanismo). Es la cuarta vez que contesto a diputados o senadores sobre el trasvase Tajo-Segura. Ya se pueden, imaginar la escasísima moral con que comparezco. Se cumplirá íntegramente la ley con el trato de igualdad establecido en ella para ambas cuencas. (A continuación el ministro detalló el estado de las distintas obras, así como los importes de las ejecutadas y las fechas respectivas de terminación de modo exhaustivo, hasta el punto de que el presidente del Senado le pidió que omitiera detalles que podrían adjuntarse al diario de sesiones.)
Sindicato agrario de UGT
Andrés Picazo (PSOE). Si el Gobierno tiene la voluntad democrática en la que yo tengo que creer, la Administración debería haber consultado a un sindicato agrario tan responsable como el de la UGT sobre la política agraria basada en los pactos de la Moncloa.
Jaime Lamo de Espinosa (ministro de Agricultura). Lamento que mi primera presencia ante esta Cámara se refiera a una pregunta formulada el 11 de febrero, antes de ser ministro. Tanto el anterior, con cuya gestión me solidarizo, como yo, hemos consultado con organizaciones empresariales agrarias. Es cierto que la Federación de Trabajadores de la Tierra no ha sido llamada y yo declaro que acepto la colaboración y el diálogo con ella.
Comercialización agraria
Alfonso Moreno de Acevedo (Grupo Mixto). Según los datos que tengo de Mercoguadiana y Mercobadajoz y el incremento de plantilla de altos cargos en Mercasa, a pesar de no realizar proyectos, yo pregunto al Gobierno si, en un momento en que se exige austeridad al país, no será que los miembros de UCD necesitados de empleo estarán siendo desplazados ,para que ocupen estas plazas en empresas nacionales.
Agustín Hidalgo de Quintana (subsecretario de Mercado Interior). Lamento que la pregunta no toque los auténticos problemas de comercialización, sino que se haya referido a irregularidades, cuya denuncia nos llega también a través de anónimos.
Al Gobierno le preocupa el funcionamiento de las empresas, pero no puede participar en las designaciones de personas de segundo y tercer nivel y debe respetar la autonomía de estas empresas. Mercasa, además, ha logrado un ahorro del gasto público y no es cierto que haya dejado de redactar proyectos, sino que los ha elaborado y muy importantes. El Gobierno confía en la honestidad y la capacidad de las personas que están al frente de las empresas públicas. La grave acusación de deshonestidad debe dirigirse al juzgado o al Gobierno.
Alfonso Moreno de Acevedo. En estas empresas nacionales podían haber sido absorbidos funcionarios de la desaparecida Organización Sindical, sobre todo cuando el subsecretario no ha podido desmentir que los altos cargos directivos pertenecen a UCD.
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