Trece abogados, sobre los sucesos de Carabanchel

Los abajo firmantes, abogados defensores de presos, ante la trascendencia de los hechos ocurridos en Carabanchel, y la interrupción por la policía de una rueda de prensa en que se iba a informar sobre ellos, consideramos nuestro deber dirigirnos a usted a propósito de una serie de cuestiones que la opinión pública ha de conocer y valorar.La verdadera gravedad de los hechos, que han provocado la muerte del preso Agustín Rueda, está en que seguramente, de no haberse producido su fatal resultado, no habrían llegado a conocerse nunca. Los malos tratos a los presos, entre otros males de nuestras cárceles, no son un hecho infrecuente y, sin embargo, rara vez se denuncian y castigan públicamente. En el caso concreto de Carabanchel, los presos venían quejándose desde hace algunas semanas de sufrir amenazas y coacciones, precisamente desde que sus compañeros más reivindicativos fueron trasladados a otras prisiones a finales del mes de enero. Esta es una fecha clave, por lo que vamos a explicar.

La principal preocupación del actual director general de Instituciones Penitenciarias, cuando tomó posesión en diciembre de 1977, era evitar lo que se anunciaba como unas Navidadesviolentas en las cárceles. Para ello, su primeta y fundamental medida fue sentarse en una misma mesa a dialogar con algunos de nosotros y con los representantes de esa Asociación de Familiares de, Presos, que ahora se califica de ilegal por el Ministerio del Interior. El director general se comprometió de palabra a una serie de medidas favorables para los presos, que habrían de ponerse en práctica en el plazo aproximado de un mes. Pasadas las Navidades, y cumplido con creces aquel término, las medidas seguían sin tomarse, por lo que abandonamos las conversaciones; poco después también se irían los representantes de la asociación. Algunos de éstos están detenidos en el momento de redactarse estas líneas, tras la intervención policial en la sede de la misma, que se ha producido además -digámoslo también- sin hacer valer ningún tipo de mandamientojudicial.

Cuanao las conversaciones con el director general empezaron a naufragar, éste tomó las tres disposiciones siguientes: trasladó a los presos más combativos al Dueso, decretó un estado de excepción sui generis de dos meses de duración para todas las prisiones -mediante circular de 3 de febrero enviada a todos los directores- y ocupó los asientos en torno a su mesa con unos expertos para la reforma penitenciaria, que él se buscó. Entre éstos había -y hay- varios compañeros nuestros, ninguno de los cuales se dedica habitualmente a defender presos, y a los que se dirigió por mediación del decano del Colegio de Abogados de Madrid.

En relación con el Colegio queremos manifestar abiertamente nuestra extrañeza por el hecho de que ni éste ni el Consejo General de la Abogacía se hayan pronunciado de manera pública sobre el problema de las cárceles, cuando ya llevamos dos años de conflictos que tienen seriamente preocupada a la sociedad española. Su silencio nos preocupa también como profesionales que encuentran toda clase de trabas para el desempeño de su misión de defensa, desde las dificultades para localizar y asistir a nuestros defendidos, que son trasladados arbitrariamente una y otra vez de cárcel en cárcel, con el más absoluto desprecio de las normas en vigor, hasta el enfrentamiento cotidiano con unas estructuras burocráticas demasiado acostumbradas a tratar al abogado del preso como a una persona con la que ninguna consideración es precisa, o incluso como a un enemigo.

Para terminar, no podemos dejar de señalar que los nombres de algunos funcionarios implicados en la muerte de Agustín Rueda ya se recogían en varias de las denuncias por malos tratos, que tanto nosotros como nuestros clientes presentamos durante el año pasado. Que nosotros sepamos, ninguna de aquellas denuncias terminó en nada. Varias de ellas se acumularon en una colectiva presentada ante la Fiscalía de la Audiencia de Madrid, pero no dio origen a un proceso concreto. Y no hubo nada. Seguramente por falta de pruebas.

Angela Cerrillos, Pilar Fernández, Luis Figueroa, José Luis Galán, Ines García, Willy Gühl, Manuel Hernández, María del Rosario Macho, Gonzalo Martínez-Fresneda, Javier Roldán, Ana Isabel Silva, Gerardo Viada.