El Parlamento británico propone medidas drásticas contra la inmigración

El Gobierno laborista ha recibido como un jarro de agua fría el primer informe de un comité mixto interparlamentario sobre inmigración, en el que se piden medidas drásticas para cortar las cuotas de trabajadores extranjeros, el reforzamiento de los poderes policiales para luchar contra la inmigración ilegal y una nueva ley más estricta sobre la concesión de la nacionalidad británica.

El informe, elaborado por cinco diputados del partido gobernante y otros tantos de la oposición, está llamado a tener una gran repercusión electoral, sobre todo porque sus veintinueve recomendaciones coinciden en líneas generales con la política racial delineada por la líder conservadora, Margaret Thatcher.Entre las medidas concretas solicitadas urgentemente figuran la fijación de una cuota de admisión para trabajadores procedentes del subcontinente indostánico, graves sanciones para los empleadores de inmigrantes ilegales, control estricto de las llegadas de parientes de inmigrantes ya establecidos, la prohibición absoluta a medio plazo de entrada para camareros y cocineros extranjeros (actividades éstas que desempeñan ahora numerosos españoles) y la estipulación de una fecha límite, pasada la cual los poseedores de pasaporte británico que viven en el extranjero perderían en determinadas circunstancias el derecho a reestablecerse en Inglaterra.

El argumento principal esgrimido por los diputados es que el Reino Unido no puede permitirse el lujo de seguir consintiendo la entrada de mano de obra foránea mientras sus niveles de paro alcanzan cotas alarmantes. El ministro M Interior declaró que el Gobierno «estudia atentamente» las conclusiones del documento, elaborado durante tres meses y medio, y en el que se acusa a la Administración de no informar ni estar informada lo suficiente sobre el tema.

Las relaciones raciales y la inmigración se han convertido en agudos elementos de confrontación política, que pueden decidir las próximas elecciones generales, desde que la jefe conservadora los planteara como temas electorales en unas recientes declaraciones, de claro corte racista, que tuvieron gran eco en Gran Bretaña. La señora Thatcher fue acusada entonces por James Callaghan de explotar políticamente el asunto, antes de conocer el informe que ayer salió a la luz y que coincide en gran medida con las tesis conservadoras.

Las conclusiones del comité, presidido por un ex ministro laborista, han suscitado las primeras reacciones amargas de organizaciones de inmigrantes, que califican el informe de «racista», y de sectores de la izquierda del partido gobernante. Para éstos, la aplicación de medidas como el control interno de la inmigración significará inevitablemente documentos de identidad especiales, comprobaciones policiales arbitrarias, registros de hoteles y, en general, un conjunto de procedimientos que conjuntados «pueden alterar el sistema de vida en Gran Bretaña».