Sesenta y seis secuestros en un año

Italia ostenta, sin duda alguna, el récord mundial de secuestros. Sesenta y seis secuestros registrados en 1977, a los que hay que añadir unos cuantos más no declarados, colocan a este país a la cabeza de esta nueva industria a la que se le pretende sacar o bien dinero o bien rentabilidad política: la desestabilización pretendida por determinadas fuerzas.A partir de los años setenta, la progresión de secuestros es espectacular: ocho en 1972, diecisiete en 1973, 46 en 1974, 63 en 1975 y 48 en 1976. El objetivo de estos secuestros suelo apuntar hacia altas personalidades de la vida política, a empresarios o hijos de empresarios y a industriales. Pero lo peor de estos secuestros, que han devenido en un negocio próspero en Italia, lo constituye la violencia -ataques y asesinatos- de la que suelen ir acompañados. Durante esta década, tanto los secuestros políticos como los industriales han producido más de cuarenta asesinatos por mantener los políticos, magistrados y particulares una línea dura frente a las exigencias de los secuestradores.

De estas cifras se pueden sacar dos conclusiones. La primera, que el secuestro de personas resulta relativamente fácil y ofrece la promesa de beneficios seguros, tanto de orden político como económico. La segunda es económica: la decisión de los jueces de bloquear las cuentas de los rescates hace bajar el volumen de negocios nacionales.

Los secuestros no pueden separarse, sin embargo, del contexto de la ola de atentados y violencia de toda índole que padece Italia. A partir de febrero de 1977, estadísticas oficiales señalan que se producen en Italia unos 150 atentados por término medio al mes. Las víctimas de estos atentados han sido, además de los políticos, los miembros de ciertas profesiones liberales, magistrados y periodistas en particular (Indro Montanelli, Carlo Casalegno). Los últimos episodios de terrorismo político, perpetrados por las Brigadas Rojas y por otros grupos extremistas, han sido, ya en los primeros meses de 1978, la muerte en las calles de Roma del consejero del Tribunal de Casación, Ricardo Palma, y el atentado en el que fue herido Domenico Segala, uno de los dirigentes de la fábrica de automóviles Alfa-Romeo. Ricardo Palma, muerto por las Brigadas Rojas el pasado 14 de febrero, es el séptimo magistrado muerto por el terrorismo político. El mismo grupo terrorista Brigadas Rojas asesinaba el pasado 10 de marzo al oficial de la policía Rosario Berardi, que trabajaba en la recién creada sección antiterrorista en Turín.