Carter interviene contra la huelga de los mineros del carbón

En la más grave crisis de política interior afrentada por su Administración desde que llegara al poder, el presidente norteamericano, Jimmy Carter, anunció ayer su intención de intervenir en la huelga de los mineros de carbón, que dura ya 91 días, y pedir una orden judicial que obligue a los huelguistas a volver al trabajo.

La decisión de Carter se produjo después de que fracasaran nuevamente las negociaciones entre el sindicato de mineros, que encuadra a 160.000 trabajadores, y los representantes patronales. La prolongada huelga de los mineros de carbón está causando serios trastornos en varios estados del medio-oeste del país y ha obligado al cierre de fábricas e industrias. El secretario de Energía, James Schlesinger, dijo ayer ante el Congreso que de continuar el paro se producirían cortes de fluido eléctrico en varias ciudades del área afectada.Tras declarar que había hecho todo lo posible por facilitar un acuerdo en las negociaciones, el presidente Carter invocó ayer los poderes que le concede la ley Taft-Hartley, aprobada hace treinta años, precisamente para poner fina otra huelga de las minas de carbón. Según esta ley, que fue aplicada por Truman, el presidente puede pedir al ministro de Justicia una orden judicial que obligue a los huelguistas a reanudar el trabajo e imponga un período de negociaciones de ochenta días.

El primer paso dado por Jimmy Carter ayer fue el anuncio de que nombrará un «consejo de investigación» que prepare un informe sobre la huelga. Asimismo, el presidente pidió al ministro de Justicia, Griffin Bell, que prepare una petición de mandato judicial en el que se ordene a los mineros retomar al trabajo.

No parece, sin embargo, que los mineros estén dispuestos a aceptar tal orden, lo que podría plantear un problema más grave al presidente Carter, sobre todo sí decide enviar tropas federales a las minas de los montes Apalaches. Si esto sucede, dijo uno de los líderes de la huelga, «las minas de carbón se cubrirán de sangre». Otros dirigentes del sindicato minero criticaron la ley Taft-Hartley, que había sido definida como «la primera brutal arremetida del fascismo en Estados Unidos».

Mejoras sociales

Aunque los negociadores del sindicato minero han obtenido de la patronal aumentos salariales del 38% en los próximos tres años, los dirigentes de la huelga insisten en que los motivos económicos no son los principales, sino que exigen mejoras en la asistencia médica, seguridad social, jubilación y jornada de trabajo, a la vez que acusan a los empresarios de haber sido insensibles históricamente a las demandas de los mineros del carbón, a los que alguien llamó «el pueblo olvidado de Norteamérica».

Carter, que obtuvo el apoyo de los sindicatos en su campaña electoral, intentó retrasar la decisión anti-huelga, y no recurrir a una ley aprobada en los años de la guerra fría y el anticomunismo a ultranza. Sin embargo, las presiones de la industria y el temor a que se deteriore su imagen por falta de autoridad le llevaron a utilizar las atribuciones que le da la ley Taft-Hartley que llevaba más de veinte años sin aplicarse a los mineros.

Justificación gubernamental

En diversas declaraciones, los miembros del Gobierno Carter tratan de justificar la decisión presidencial invocando los graves daños que podría causar; a la economía de Estados Unidos la continuación de la huelga. El carbón es la principal fuente de energía en Norteamérica y especialmente en los estados del Medio-Oeste.