Falta información sobre las condiciones en que se adjudicaron los casinos

Hace ahora un año, exactamente el 26 de marzo de 1977, en Le Monde se publicaba una información firmada por James Sarazia que daba cuenta de los avatares del casino francés Ruhl, en Niza. Un casino al que había hecho saltar la banca un grupo de jugadores un tanto sospechosos, y donde surgió de improviso un tal señor Fratoni dispuesto a salvar a la casa del desastre económico. Después, todo seguido, la mayoría del capital fue italiano. Y, en resumen, el casino Ruhl se considera ya como víctima de las presiones maflosas y un pequeño cáncer que podría extenderse a otros puntos franceses y no franceses.En España, al retornar el juego se tuvo cuidado de que los solicitandes de licencias no incluyeran en sus sociedades a expertos norteamericanos, como medida preventiva contra la mafia norteamericana. Para evitar la intromisión de otras mafias, o grupos económicos extraños, las normas reguladoras exigen a los promotores unas ciertas garantías de solvencia. La primera puerta destinada a dar paso a un virus infeccioso de los casinos españoles podría abrirse en la primera fase de su reaparición. Esto es, en el proceso de adjudicación.

Sobre este punto, en el momento presente hay en ciernes dos recursos de reposición contra la orden ministerial de 17 de febrero, por la que se adjudicaban los dieciocho casinos previstos para España. Uno de los recursos lo interpone el grupo promotor del Sierra de Madrid, proyectado en Torrelodones (Madrid), y el otro será interpuesto, previo acuerdo municipal, por el Ayuntamiento de Nuevo Batzán (Madrid), donde se presentaba otro proyecto. Ambos consideran que han existido irregularidades en la adjudicación del casino de Madrid al proyecto Gran Madrid también situado en el pueblo de Torrelodones.

Otra medida preventiva de las normas que regulan el juego en nuestro país viene dada por Ia obligación de hacer pública una información clara y limpia sobre el tema. Así, por ejemplo, «la orden ministerial que autorice la instalación del casino de juego expresará: denominación, duración, domicilio, capital social y participación de capital extranjero de la sociedad titular, si estuviere constituida; nombre comercial y localización del casino; relación de los socios o promotores, con especificación, en su caso, de sus participaciones respectivas en el capital, y de los míembros del consejo de administración, consejero delegado, directores, gerentes y apoderados, si los hubiere; relación de puestos de trabajo de que habrá de constar el casino de juego; descripción general del casino y relación de medidas de seguridad; clases de juegos autorizados; los servicios o actividades complementarias de carácter turístico de acuerdo con las especificaciones del Ministerio de Información y Turismo; aprobación o modificaciones del modelo de contrato con el director responsable; carácter abierto o de acceso reservado del casino fecha tope para proceder a la apertura, haciendo constar la obligación de solicitar y obtener previamente la autorización de apertura y funcionamiento; obligación de proceder, en el plazo máximo de treinta días, a la constitución de la sociedad, sí no lo estuviera ya; instransmisibilidad de la autorización ».

Insuficiente información

Han pasado dieciséis días desde la fecha de adjudicación y nada de esto se ha hecho público, a excepción de unos escasos datos. La orden ministerial daba la lista escueta de los casinos en cuanto a denominación, lugar y nombre del promotor. ¿Cuándo se conocerán los restantes detalles?

Paralelamente a esta ausencia informativa, la prensa recogía, la repercusión que, a nivel nacional, ha tenido dicha adjudicación. Concretamente en Madrid, y según ha venido informando este periódico, se advertían posibles irregularidades que, en las últimas horas, habían impulsado a dos partes afectadas a presentar los recursos antes citados.

EL PAÍS, previo a iniciar la publicación de esta serie de reportajes, se dirigió por escrito a la Comisión Nacional del Juego, tal como se había indicado por la Secretaría de la Comisión al solicitar verbalmente información. En esa carta, de fecha de 27 de febrero pasado, se pedía respuesta a cuatro preguntas. La Comisíón Nacional del Juego no ha contestado. Las preguntas eran las siguientes:

1. ¿Continúa vigente en su totalidad el reglamento provisional de Casinos de Juego (orden del 1 de junio de 1977)? Si se ha modificado alguno de sus puntos, ¿cuál de ellos ha sido?

2. ¿Se puede cambiar la parte técnica (participación extranjera) en la lista de miembros de la sociedad aspirante a un casino después de haber sido adjudicado y hechas públicas las concesiones? ¿Qué normas o qué artículos regulan estos supuestos?

3. ¿Se puede cambiar alguno de los miembros de dicha sociedad una vez cerrado el plazo del concurso, y más aún, una vez publicadas las adjudicaciones? ¿Qué normas o qué artículos regulan esto?

4. Nombres y apellidos de los componentes de la Comisión Nacional del Juego.

Los hombres de la Comisión

En torno a esos puntos norniativos y al margen de aplicación subjetiva de que disponga la Comisión, giran buena parte de los aspectos dudosos que se han suscitado y que plantean también los mencionados recursos de reposición. Asimismo, el conocimiento de los componentes de la Comisión -una vez hechas las adjudicaciones- aportarla mayor claridad al tema.

EL PAÍS ha podido confirmar en fuentes seguras la participación del grupo March en la financiación del proyecto de casino adjudicado para Madrid, a pesar de no figurar ninguno de los representantes de este grupo en la lista de socios presentada ante la Comisión Nacional del Juego.

Por otra parte, también se ha podido averiguar la relación de miembros de esta Comisión, a excepcíón de uno de ellos. Son los siguientes: Javier Bas, director general de Empresas y Actividades Turísticas; Arturo Romaní Biescas, director general del Patrimonio; Enrique Puig Rojas, directorgeneral. de Transaciones Exteriores; Mariano Calabuig, director general de Industrias Alimentarias; Benito Castejón, delegado nacional de Deportes; José María Álvarez de Miranda y Torres, director general de Jurisdicción del Trabajo; Jorge Jordana de Pozas, por las Asociaciones de Subnormales; Joaquín García Picher, alcalde de Vigo; Mariano Nicolás García, director general de Seguridad; Eduardo Navarro Alvarez, subsecretario del Interior y presidente de la Comisión; Juan Alfonso Santamaría Pastor, secretario general técnico del Interior y secretario de la Comisión; un director general del Ministerio de Justicia; y Francisco Cabezas López, presidente de la Diputación Provincial de Málaga, que dimitió el 4 de diciembre pasado a raíz de la muerte violenta de un joven en dicha localidad, y cuyo puesto no fue renovado en la Comisión.