La vivienda y su problema

LA ABSOLUCION dictada por un juzgado de Madrid a favor de un padre de familia numerosa, a quien el ministerio fiscal acusaba del delito de allanamiento de morada por ocupar un piso propiedad del Ministerio de la Vivienda (temporalmente desocupado por su inquilina legal, ingresada en un hospital), puede crear la impresión de que se trata de una sentencia «revolucionaria». No es así, y no debe interpretarse como el inicio de una nueva jurisprudencia respecto a un problema tan grave y delicado como el de las ocupaciones de pisos.El magistrado ha calificado, de manera tradicional, las actuaciones del procesado -y del otro encartado, el presidente de la Asociación de Vecinos de La Ventilla, que le invitó a ocupar la vivienda- como un delito; el fallo absolutorio afecta exclusivamente al improvisado morador, por estimar que concurre la eximente general del «estado de necesidad», pero ni le reconoce el derecho a permanecer en el piso ocupado ni se hace extensible a su compañero de inculpación.

La lectura de la sentencia deja pocas dudas a este respecto. El procesado absuelto se hallaba en situación de paro desde hacía tiempo. Su lugar de residencia anterior tenía una superficie de veintisiete metros cuadrados, distribuida en dos habitaciones, en la que se hacinaban el matrimonio y los seis hijos, de distinto sexo y de edades comprendidas entre los cuatro y los quince años. Como señala uno de los considerandos del veredicto, la promiscuidad y las grandes humedades de la chabola -«situada en una vaguada, cauce natural y lógico por donde discurren todas las aguas al llover»- eran causa de frecuentes enfermedades. Un cuadro a la altura de las páginas más tétricas de Dickens; y no tan infrecuente como el triunfalismo de nuestra sociedad quiere hacer creer.

La existencia de una población marginada por obra del paro -el procesado era un soldador sin empleo- es un dato que harían mal en desconocer nuestros gobernantes o quienes aspiran a sustituirlos en el poder.

El presidente de la Asociación de Vecinos de La Ventilla, que según la sentencia fue quien tomó la decisión de ocupar la vivienda temporalmente deshabitada, ha sido condenado a arresto mayor en su grado mínimo. La sentencia estima que su actuación estuvo guiada «única y exclusivamente» por el deseo de «intentar demostrar ante los demás que el cargo que ostentaba lo facultaba a disponer de un bien». Se comprenden las razones por las que un magistrado niegue al presidente de una comunidad vecinal el derecho a interpretar la ley y a ejecutarla; y también el grave precedente que implicaría reconocer judicialmente a un ciudadano que representa sólo a una asociación voluntaria la capacidad para sustituir a los organismos estatales.

En cualquier caso, es evidente que los problemas de la vivienda en España no van a resolverse mediante ocupaciones ¡legales de moradas temporalmente deshabitadas; y todavía más, que nuestra normativa no autoriza tales procedimientos. Es la acción de la Administración la única que puede resolver, 0 por lo menos aliviar, la escasez y la carestía de las viviendas, asignando, por ejemplo, las casas de protección oficial mediante criterios de estricta justicia, sin permitir que las coberturas de fondos públicos sirvan para premiar a castas privilegiadas o para hacer negocios de especulación. Es preciso propiciar, como los pactos de la Moncloa habían prometido, una política de vivienda orientada hacia «los sectores más necesitados de la población». La adquisición de suelo urbano por las corporaciones locales para su cesión temporal con destino a la construcción de viviendas destinadas a las clases de rentas más bajas, la prioridad absoluta a las urbanizaciones en régimen de alquiler destinadas a los sectores menos favorecidos, la instrumentación de mecanismos democráticos para la adjudicación de viviendas de promoción directa y el control de las viviendas sociales, la investigación sobre las distorsiones existentes en adjudicación de viviendas estatales, el apoyo financiero a los municip¡os para la promoción inmobiliaria: tales son algunos de los puntos a los que el Gobierno y la Oposición se comprometieron en octubre pasado ante los ciudadanos de este país. Merece la pena una reflexión al respecto.