El grupo comunista desea que comparezcan ante el Congreso los directivos de RTVE

Pilar Brabo, diputada comunista, interpeló al Gobierno sobre la gravedad de la situación creada en el Consejo Rector de RTVE. La diputada comunista enumeró los graves problemas de RTVE y anunció el propósito de su grupo parlamentario de seguir dando la batalla por una televisión pública, al servicio de la sociedad.

Pilar Brabo (diputada comunista). Los objetivos del Consejo Rector de Radiotelevisión Española, según lo previsto en los pactos de la Moncloa, pueden resumirse en los siguientes: elaboración de un proyecto de estatuto jurídico de RTVE, vigilancia de la objetividad informativa y del funcionamiento general de RTVE, en especial el gasto. Sin embargo, estas tareas, que hubieran sido muy importantes, no se han podido cumplir. Resulta que el ejecutivo dispone de veinticinco votos de los 36 en el Consejo Rector, o sea, el 70% de los votos de este organismo, cifra muy superior al 46% de los votos que UCD tiene en el Parlamento. En estas condiciones, el funcionamiento del pleno se ha hecho imposible y, como consecuencia de ello, el Grupo Parlamentario Comunista no acude al mismo, aunque continúa en la comisión permanente del Consejo Rector, en la que no hay votaciones, como medida provisional y precautoria.El tema es serio porque los problemas que se van a debatir son fundamentales para el futuro de RTVE y del país. Un primer tema es el futuro estatuto de RTVE, para que ya no sea posible la parcialidad, la manipulación de la información y el monolitismo de que ha hecho gala hasta ahora. Un segundo problema es el peso abusivo de la publicidad en RTVE. En este año los ingresos por este concepto representan el 72,75% del total de recursos (13.000 millones de pesetas del total de 19.000). Esto tiene una incidencia inmediata sobre la tortura mental a que es sometido el telespectador español y se extiende también a la publicidad encubierta en los programas y telefilmes en apariencia no publicitaria. Pero, además, ese exceso de publicidad es una fuente de corrupción que presiona sobre directivos y presentadores. Un tercer problema es de los gastos e ingresos de RTVE. Este es un tema caracterizado por su impenetrabilidad en el descontrol más absoluto.

Ha costado tremendos esfuerzos conocer la cifra global de lo que RTVE había pagado a una casa de material fotográfico porque no constaban en ningún sitio las facturas pagadas. Que RTVE haya estado funcionando hasta hace poco con un libro de caja de entradas y salidas es incomprensible. No es posible evaluar cuáles son los costos de producción de un programa. Pero además la producción de los programas se ha abandonado en los últimos años en manos de empresas privadas sin que haya ningún criterio de rentabilidad para ello. En ocasiones la dirección de estas empresas privadas está formada por altos cargos o altos empleados o actores de RTVE. Se finanzan con los anticipos que RTVE les adelanta de su contrato y su producto ya lo tienen colocado de antemano y tienen la seguridad de que nadie va a rechazárselo, menos cuando ya ha sido previamente pagado. El capítulo de pagos al personal supone el 56,24% del total de gastos de RTVE (algo más de 10.000 millones de pesetas). Pero también en este capítulo se producen múltiples anomalías. Desde el hecho de que aún no se sabe si los componentes del hoy extinguido en la práctica consejo asesor de RTVE, compuesto entre otros por Pilar Primo de Rivera y Fuertes de Villavicencio, siguen cobrando o no de Televisión, hasta los sueldos que por varios conceptos cobra un mismo programador o presentador. Y quiero en este punto rebatir las acusaciones que en determinados momentos se han querido hacer recaer sobre los 8.000 profesionales de RTVE acusándoles de corrupción. Creo que estos 8.000 profesionales son inocentes, lo que ocurre es que son víctimas del clima de ineficacia general existente en Televisión.

Mi partido no está interesado en hacer el proceso a Televisión desde que existe hasta hoy. Nos sorprende la actitud cerrada del Gobierno y de UCD respecto al control parlamentario sobre RTVE. Entre otras cosas nos sorprende la actitud del director general de RTVE al proceder a un reordenamiento y a unos cambios sin consultar para nada al Consejo Rector, lo que a nuestro juicio contradice los acuerdos de la Moncloa. A mi grupo esta actitud cerrada del Gobierno de UCD le sugiere dos tipos de posibles interpretaciones: la primera, UCD y el Gobierno están interesados en que el deterioro de RTVE llegue al máximo para justificar la necesidad de cadenas privadas de Televisión; la segunda, que no es incompatible con la anterior, es que UCD y el Gobierno están intentando mantener el actual status y a los actuales altos cargos de RTVE por encima de todo, al menos mientras estén por delante las elecciones municipales, el referéndum sobre la Constitución y el necesario debate constitucional y las futuras elecciones legislativas. Señores del Gobierno, no se puede seguir impidiendo que el Parlamento conozca lo que de verdad ocurre en Televisión. Hay que investigar a fondo la eficacia de la gestión de los altos cargos de este organismo. Los señores Ezcurra, Carcasona, Gelices.,Ramos Losada, Bofill, con la sombra detrás de Rafael Ansón, tienen que dar cuenta de su gestión durante años, y sobre todo de su gestión actual. Hacer este tema impenetrable sólo redunda en perjuicio de la democracia española.

Anunciamos ya desde ahora que es nuestra intención solicitar que se convoque ante la Comisión de Cultura del Congreso a los principales directivos de la Televisión de hoy.

Pío Cabanillas (ministro de Cultura). La interpelación que acabamos de escuchar estaba centrada en el cumplimiento del pacto de la Moncloa en lo que se refiere al Consejo Rector de RTVE, pero al socaire de la misma se ha hecho una denuncia sobre el planteamiento dado por el Gobierno a este tema. Voy a demostrar la coherencia que tiene el planteamiento del Gobierno, cuya finalidad es la de conseguir el consenso de las fuerzas políticas en la elaboración de un estatuto.

Sin embargo, el comportamiento de algunos grupos parlamentarios ha constituido un serio obstáculo para la elaboración de este estatuto. Este Gobierno ha sido el primero que ha intentado resolver los problemas de RTVE con la elaboración de un estatuto; esto lo ha intentado antes de que empezasen las denuncias contra RTVE. Y a este respecto creo que constituye una indelicadeza humana citar en el Congreso nombres que no se han citado en el Consejo Rector. El Gobierno, efectivamente, se ha encontrado con muchos vicios, y para hacer frente a ellos ha pensado que sólo existen dos ejemplos extranjeros a seguir: los de Francia e Italia. Respecto a la estructura que se quiere dar al Consejo Rector, hay que resaltar que no se trata de una comisión parlamentaria, ni tampoco paritaria. Los problemas que se plantean en dicho Consejo proceden del equívoco. de que algunos de sus componentes piden unos derechos que no tienen. A ese consejo no se debe ir para votar, sino para pensar y a reflexionar. Su finalidad principal es la elaboración de un estatuto de RTVE.

Otros temas del Pleno

Otras dos interpelaciones planteadas fueron la del grupo socialista, sobre la situación en la empresa Intelhorce, y la del grupo comunista, sobre el aumento de las pensiones.

Rafael Ballesteros defendió la primera, en el sentido de pedir al Gobierno que se comprometiese públicamente a solucionar la situación de los trabajadores afectados. El ministro de Industria, Alberto Oliart, manifestó que el Gobierno vigila las cláusulas del contrato de venta del INI al grupo privado que compró dicha empresa.

Marcelino Camacho aseguró que los pactos de la Moncloa no se cumplen en lo que se refiere al aumento de las pensiones. El ministro de Sanidad y Seguridad Social, Enrique Sánchez de León, aseguró por su parte que sí se cumplen, y que a partir de julio de este año los pensionistas revalorizarán en un 3 5% sus pensiones. El señor Camacho no se mostró de acuerdo con la respuesta del ministro y anunció la presentación de una moción sobre el tema.